El gobierno de Argentina espera una rápida decisión de la Corte Suprema de Justicia que permita procesar en el país a los ex represores requeridos por España, donde la Audiencia Nacional confirmó este miércoles competencia en el caso.
La sección tercera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional de España respaldó al juez Baltasar Garzón en su propósito a concretar en los próximos días de pedir la extradición de 43 militares y un civil acusados de genocidio, torturas y otros crímenes contra la humanidad durante la dictadura de 1976 a 1983.
Mientras, portavoces del gobierno se manifestaron a favor de que los crímenes cometidos en ese lapso sean juzgados por tribunales argentinos, aunque para ello es necesario que la Corte Suprema de Justicia dictamine que son inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Esas normas, sancionadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989), pusieron fin a los procesos penales contra los militares que llevaron a cabo la represión ilegal en Argentina, que dejó un saldo de miles de muertos y unos 30.000 desaparecidos según datos de organizaciones humanitarias.
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral decidió el jueves de la semana pasada hacer lugar al pedido de detención preventiva ”a los fines de la extradición”, cursado por Garzón a través de Interpol, y ordenó el arresto del abogado Ramón Torres de Tolosa y de 43 de una lista de 45 militares, pues dos ya fallecieron.
Un día después de que se realizaran casi todas las detenciones, el presidente Néstor Kirchner derogó el decreto que impedía la extradición de argentinos requeridos por violar los derechos humanos durante la dictadura.
A partir de esa decisión, Francia, Alemania, Italia e Israel anunciaron que insistirían con los pedidos de extradición que habían presentado en años anteriores con resultado negativo.
La detención de los militares y la reapertura de la vía judicial para resolver las extradiciones abrieron la puerta a un largo proceso entre la justicia argentina y la de otros países y, al mismo tiempo, dejaron expuestas la diversidad de opiniones que existe en torno del juzgamiento de los ex represores.
En lo que respecta a las extradiciones, hay quienes consideran que los ex represores deben ser procesados en el lugar donde cometieron los delitos, es decir, en Argentina, mientras que los que no confían en la justicia local prefieren que sean juzgados por Garzón.
Las decisiones del gobierno ”no deben ser interpretadas como un ataque a las Fuerzas Armadas”, sostuvo Kirchner, quien aclaró que el objetivo es sólo que las solicitudes de tribunales extranjeros sean resueltas por la justicia.
En tanto, Ricardo Gil Lavedra, uno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia que en 1985 juzgó y condenó a los jefes de la dictadura, dijo a IPS que ”las peticiones (de Garzón) no son admisibles, porque hacer lugar a esos requerimientos sería desplazar la vigencia de la legislación argentina”.
”El conflicto entre la legislación de Argentina y la de España debe resolverse siempre a favor de Argentina”, afirmó el ex magistrado, quien luego fue ministro de Justicia en el primer año de la trunca presidencia de Fernando de la Rúa (1999-2001).
Pero las organizaciones defensoras de los derechos humanos no confían plenamente en los jueces. La justicia argentina no sólo es lenta y la mayoría de los procesos se extienden por años y terminan con el sobreseimiento o la liberación de los involucrados, dijeron activistas.
Un ejemplo de ello es la decisión de la Cámara Federal de Resistencia, la capital de la nororiental provincia del Chaco, de disponer la libertad de los 10 militares arrestados por tortura y asesinato de 22 presos políticos en diciembre de 1976, un hecho conocido como la ”masacre de Margarita Belén”.
La decisión de los camaristas fue duramente criticada por los no gubernamentales Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) e Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (Hijos), que reúne a los hijos de desaparecidos en la dictadura.
En ese sentido, Mario Bosch, abogado de Hijos, sostuvo que ”detrás de esa decisión están los sectores enquistados en el Poder Judicial con alto compromiso directo y personal con la impunidad”.
Pero una decisión diferente tomó el martes la Cámara Federal de Salta, al ratificar un fallo del juez Miguel Medina que estableció la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Esos camaristas también ordenaron la detención de los coroneles retirados Carlos Mulhall y Miguel Gentil, involucrados en el asesinato de 11 prisioneros en julio de 1976 en un caso conocido como la ”masacre de las Palomitas”.
No obstante, que un juez declare la nulidad o la inconstitucionalidad de esas no hace que éstas pierdan vigencia, sino que las deja sin efecto para el caso específico que se está juzgando, explicaron expertos.
A su vez, el ministro de Justicia, Gustavo Beliz, señaló que ”la justicia argentina tiene una oportunidad única para liderar un camino en la lucha contra la impunidad”.
Al mismo tiempo, Beliz recordó que ”la ley de extradición le permite a las personas imputadas optar por ser juzgados por jueces argentinos”, aunque, en ese caso, es necesario una definición ”sobre la inconstitucionalidad de las leyes que está analizando la Corte Suprema”.
A su vez, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, aseguró que, ”como argentino hubiera preferido y prefiero que sean juzgados en nuestro país, pero ante la vigencia de las leyes de impunidad lo único que queda es el juicio en otras jurisdicciones”.
”Hay que juzgarlos acá y meterlos en la cárcel sin privilegios. Si no los juzgan en Argentina, entonces que los extraditen”, puntualizó ante IPS la vicepresidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Mercedes Meroño.
Para esa organización que reúne a madres de desaparecidos, ”deben ser juzgados aquí o donde sea, pero por genocidio, porque en eso consistió lo que ocurrió acá”.
”Si se juzgan uno a uno, si se hace caso por caso, las 30.000 desapariciones, los asesinatos, las torturas y las violaciones, no se va a terminar nunca”, sostuvo.
Meroño destacó que hay más de 1.000 militares denunciados, además ”de médicos, dentistas, sacerdotes, obispos, dirigentes sindicales y empresarios que colaboraron en los secuestros y en las sesiones de tortura”.
”Todos ellos deben ser juzgados, no sólo los que pide Garzón y por genocidio, porque al genocidio contribuyeron todos”, sostuvo.
Por otra parte, en los sectores más allegados a las Fuerzas Armadas y entre los abogados defensores de los militares arrestados la opinión preponderante es que ya fueron juzgados y que no corresponde volver a procesarlos.
Florencio Varela, abogado del ex general Ramón Díaz Bessone y de los marinos Jorge Perrén y Luis Mendía, argumentó que los delitos por los que Garzón requiere a sus clientes son ”cosa juzgada y nadie puede juzgado dos veces por la misma causa”.
Varela tampoco reconoce la jurisdicción del magistrado español para procesar hechos que ocurrieron en Argentina y, en su opinión, ese juez no puede volver a presentar un pedido de extradición que ya le fue rechazado en 2000.
No obstante, Gil Lavedra respondió que ”Garzón nunca presentó un pedido de extradición” y, por lo tanto, puede volver a hacerlo.
Garzón hasta ahora ”sólo había solicitado detenciones o pedidos de asistencia judicial, sobre los que se le enviaron legajos y antecedentes”, explicó.
Según el jurista, en mayo de 2000 ”se le dijo a Garzón que presentara directamente el pedido de extradición porque se vencían los 40 días de plazo, pero no lo presentó”.
Un tercio de los represores solicitados por Garzón ya se encontraban detenidos por causas que se tramitan en Argentina, como el robo de bebés de madres que luego fueron desaparecidas en la dictadura.
La mayoría de los militares requeridos por Garzón ya fueron detenidos o localizados. De los 45 incluidos en la lista que remitió el magistrado español ya murieron el ex general Jorge Maradona y el ex teniente coronel Mario Caffarena Sese.
Todavía no se ha localizado al ex coronel Antonio Arrechea Andrade y permanecen prófugos el represor de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) Jorge Vildoza y el ex coronel Arturo González Naya.
