El golpe de estado en Santo Tomé y Príncipe y las quejas de africanos por el trato especial que Lisboa otorga a los inmigrantes brasileños dominaron la reunión de dos días de países lusófonos, que finalizó este viernes en Portugal.
La condena al levantamiento militar del miércoles en el archipiélago del golfo de Guinea, donde el petróleo ha pasado a ser un asunto clave, relegó a un segundo plano los motivos originales de la convocatoria de la VIII Cumbre de Cancilleres de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP).
La reunión realizada en Coimbra, 190 kilómetros al norte de Lisboa, tenía el objetivo de evaluar los avances y la cooperación futura entre los ocho países miembros de la CPLP, fundada en 1996 y que representa a los 220 millones de personas de habla portuguesa distribuidos en Africa, América Latina, Asia y Europa.
En el encuentro participaron los cancilleres Joao Bernando Miranda, de Angola, Fétima Veiga, de Cabo Verde, Munira Ribeiro, de Guinea-Bissau, Leonardo Simao, de Mozambique, y Mateus Meira Rita, de Santo Tomé y Príncipe.
También lo hicieron José Ramos-Horta, de Timor Oriental, Celso Amorim, de Brasil, y el anfitrión Antonio Martins da Cruz, de Portugal.
Amorim, presidente de turno de la CPLP, informó este viernes que la organización enviará "en cuanto sea posible, probablemente hoy mismo", una delegación a Santo Tomé, encabezada por el ministro de Interior de Angola, Osvaldo da Serra van Dunem, y conformada por representantes de Brasil, Mozambique y Portugal.
Al término de los debates, el diplomático brasileño destacó la firme condena de la CPLP al golpe en ese país, el más pequeño del bloque lusófono, pero descartó de plano una intervención militar como había circulado una versión.
"Por la vía del diálogo se retornará a la normalidad democrática", dijo Amorim, tras indicar que esa acción será desarrollada "en estrecha colaboración" con las organizaciones de integración africanas.
El golpe militar de la madrugada del miércoles, liderado por el mayor de ejército Fernando Pereira, no cuenta con el apoyo de las cúpulas castrenses, las que, sin embargo, no se han opuesto a la acción.
El componente civil de la rebelión lo constituye el Frente Demócrata Cristiano (FDC), un minúsculo partido sin representación parlamentaria fundado el año pasado por Alesio da Costa y Sabino dos Santos.
Da Costa y Dos Santos son dos ex oficiales del batallón "Búfalo", formado a fines de la década del 80 en la Sudáfrica segregacionista por la empresa de entrenamiento de mercenarios Executive Outcomes.
Ese cuerpo militar luego fue integrado a la rebelde Unión Nacional para la Liberación Total de Angola para combatir en la guerra civil de ese país, que finalizó en 2002.
Los antecedentes de los golpistas evitaron al parecer que el pronunciamiento recibiera reconocimiento externo y, en cambio, las condenas se multiplican desde la Unión Europea, la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Africana y la Comunidad de Estados de Africa Central, entre otros.
El golpe de gracia llegó este viernes a Santo Tomé y Príncipe desde Mozambique, donde el vicepresidente del Banco Mundial, Calisto Madavo, anunció la suspensión de la ayuda al países con democracia atacada, porque la institución "no apoya Estados ni gobiernos no reconocidos por la comunidad internacional".
La declaración tendrá efectos inmediatos, ya que sin esa asistencia la situación económica es insostenible, pese a la existencia de ricos yacimientos petrolíferos aún no explotados en este pequeño archipiélago de 128.000 habitantes y 980 kilómetros cuadrados de extensión, independiente de Portugal desde 1975.
La tranquilidad social convivía este viernes en ese país con el gran nerviosismo de los militares golpistas y de líderes del FDC, debido al total aislamiento mundial, dijeron corresponsales de la agencia de noticias Lusa y de la Televisión Portuguesa, únicos periodistas extranjeros presentes en Santo Tomé.
Ante esos hechos, al fin de la tarde de este viernes, Pereira firmó con los embajadores de Portugal y de Estados Unidos, un protocolo que abre las puertas a las negociaciones y que podría permitir el regreso a Santo Tomé del presidente Fradique de Menezes, que el golpe lo encontró de visita oficial en Nigeria.
Mientras, el canciller portugués recordó que, en caso de registrarse alguna situación de peligro para extranjeros residentes en el archipiélago, se encuentran estacionados allí de modo permanente aviones militares Hercules C-130, que podrían actuar rápidamente.
"En el mundo de hoy, ya no es posible que militares golpistas, en cualquier latitud del mundo simplemente se hagan del poder e ignoren a una comunidad internacional cada vez mas proclive a los sistemas democráticos", dijo a IPS el canciller de Timor Oriental, José Ramos-Horta.
La puerta para las negociaciones que se abrió ahora, según el analista portugués Carlos Albino, "indica que serán agotadas las vías del diálogo para la solución de la crisis".
Sin embargo, si la situación se torna irreversible, "algunas fuentes diplomáticas admiten el uso de medios de presión más duros, y hasta de una intervención internacional directa".
En tanto, en los bastidores de la reunión de la CPLP, los cancilleres de los cinco países lusoafricanos mostraron su disgusto por la clara preferencia que Portugal demostró por los inmigrantes brasileños, relegando a segundo plano a los procedentes del resto del bloque.
La semana pasada, durante su visita oficial de tres días a Portugal, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva logró privilegios especiales para emigrantes de su país indocumentados en Portugal.
Ese acuerdo habilita que los brasileños puedan obtener visas de turista en su país, la que luego pueden ser cambiada en Portugal por una autorización de residencia y trabajo, algo que la ley actual sólo permite que se haga desde el país de origen del inmigrante potencial.
El anuncio del convenio causó una ola de protestas indignadas entre las demás comunidades de inmigrantes de lengua portuguesa, apoyadas por las iglesias de diferentes credos y por los partidos de oposición al gobierno conservador del primer ministro portugués, José Manuel Durao Barroso.
Pero ese asunto no fue tratado en Coimbra y la única reclamación pública estuvo a cargo del primer ministro de Cabo Verde, José Maria Neves, quien reclamó a Durao Barroso un beneficio idéntico al de los brasileños para sus nacionales que residen sin documento en Portugal.
Durao Barroso se limitó a escuchar, pero la cancillería portuguesa ya reaccionó ante el pedido, subrayando que el acuerdo con Brasil no es extensible a ningún otro Estado.
Sin embargo, el ministerio de Relaciones Exteriores no descartó la posibilidad a concordar una situación similar con otros países de lengua portuguesa, siempre y cuando sea mediante un acuerdo de base bilateral.
