La Organización de las Naciones Unidas (ONU) está preocupada por los crecientes ataques a trabajadores humanitarios en zonas en guerra, tanto por parte de grupos rebeldes como de fuerzas gubernamentales.
En 2002 y lo que va de 2003 se registraron numerosos secuestros y matanzas de socorristas en Iraq, Liberia, República Democrática de Congo, Afganistán, Costa de Marfil y en los territorios palestinos ocupados de Gaza y Cisjordania.
”La protección de la seguridad del personal humanitario sigue siendo uno de los mayores desafíos de la ONU y sus socios”, declaró el secretario general del foro mundial, Kofi Annan.
Pese al fortalecimiento del sistema de seguridad de la ONU y de las asociaciones con organizaciones no gubernamentales (ONG), ”poco puede hacerse cuando el personal es un objetivo específico de los beligerantes”, lamentó Annan.
El año pasado murieron numerosos trabajadores humanitarios. La situación más trágica se produjo en Liberia, con el asesinato de tres socorristas y la desaparición de casi 200 trabajadores de la ONU y distintas ONG. Aún no se conoce el destino de la mitad de ellos.
En Costa de Marfil, cuatro voluntarios de la Cruz Roja fueron asesinados este año. Otros trabajadores humanitarios fueron secuestrados en Chechenia, y varios murieron en los territorios palestinos ocupados por Israel.
También hubo incidentes trágicos en Afganistán, República Democrática de Congo, Somalia y Sudán.
”Estas tragedias ponen de relieve la precariedad del ambiente en que trabaja el personal humanitario y los peligros inherentes a la ayuda humanitaria durante conflictos”, destacó Annan en un informe publicado el martes.
Dos observadores militares de la ONU fueron secuestrados, torturados y asesinados el pasado junio en la República Democrática de Congo.
En Liberia, la situación es tan precaria que los trabajadores humanitarios son incapaces de ayudar a quienes los necesitan, dijo a la prensa Hua Jiang, una portavoz de la ONU.
Antes de que los combates volvieran a estallar en los alrededores de la capital, Monrovia, a principios de junio, los socorristas sólo tenían acceso a 30 por ciento del territorio liberiano.
Ahora, ”los trabajadores humanitarios cada vez pueden ayudar menos en Monrovia”, señaló la portavoz. Las oficinas de la ONU en la capital liberiana han sido cerradas, y se recomendó al personal local que permanezca en sus hogares, agregó.
Ruud Lubbers, titular del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), manifestó la semana pasada ”grave preocupación” por la situación en Liberia, donde en los últimos meses cerca de 400 personas murieron y 250.000 fueron desplazadas por los combates.
La entrega de ayuda a la población necesitada es ”gravemente obstaculizada” por los saqueos masivos y la inseguridad que asuelan a Monrovia, señaló ACNUR. Los depósitos de bienes humanitarios fueron vaciados por los saqueadores, agregó.
El pasado fin de semana, una oficina de la Organización Internacional de Migración fue blanco de un ataque con granadas en Mosul, en el sur de Iraq.
El ataque, que fue condenado por el representante especial del secretario general de la ONU en Iraq, Sergio Vieira de Mello, provocó heridas a un guardia de seguridad y daños a dos vehículos de la organización.
El coordinador de la ONU en Iraq, Ramiro Lopes Da Silva, afirmó que a la inseguridad de los trabajadores humanitarios en ese país se suma el temor a represalias contra el foro mundial por los 12 años de embargo, que causaron un enorme sufrimiento a la población iraquí.
El Consejo de Seguridad de la ONU levantó las sanciones el pasado mayo.
”En algunas partes del país, el personal no puede trabajar. Me temo que esta situación continuará por un buen tiempo”, expresó Da Silva.
La ONU también sufrió numerosas bajas en Afganistán, donde fuerzas del grupo extremista islámico Talibán, derrocadas por Estados Unidos a fines de 2001, secuestraron y asesinaron a trabajadores humanitarios, algunos de los cuales trabajaban en la remoción de minas terrestres.
En su informe, Annan exhortó a los gobiernos y grupos rebeldes a un mayor compromiso para garantizar que los responsables de los ataques contra trabajadores humanitarios sean juzgados.
