La tensión entre campesinos y hacendados se agudiza en Brasil, donde el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) exige predios para un millón de familias hasta 2006. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva elude por ahora compromisos cuantitativos.
Ocupaciones de predios, marchas y saqueos de campesinos brasileños sin tierra, y amenazas de represalias de hacendados y alcaldes de zonas afectadas colocaron la cuestión de la tierra en primer lugar de la agenda del gobierno.
El izquierdista presidente Lula, histórico defensor de la reforma agraria, decidió intervenir y recibió a inicios de mes en Brasilia a la dirección nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). El propósito es desarmar peligrosos conflictos en gestación.
Un ejemplo extremo de las amenazas fue un panfleto con un llamado a propietarios de aviones de uso agrícola para arrojar ”cien litros de gasolina en vuelo rasante sobre el campamento” de los ”sin tierra”, para que una vela encendida ”terminara el servicio” de ”exterminar” a los que reclaman reforma agraria.
El panfleto circuló en el meridional municipio de Sao Gabriel, de 60 mil habitantes, en el estado de Río Grande del Sur.
Fue una reacción a la marcha de 800 militantes del MST, conocidos como los ”sin tierra”, que recorrían a pie un tramo de 300 kilómetros de carretera rumbo a la ciudad, reclamando la expropiación de una hacienda de 13.200 hectáreas para asentar a 530 familias en la zona.
Los propietarios de tierras promovieron una ”contramarcha” de 3.000 personas a caballo, en camiones y en tractores. Una desviación de ruta de los sin tierra evitó la confrontación.
El MST estima que unas 120.000 familias viven en campamentos precarios en todo el país, aguardando tierras.
Entre los 19 puntos que el movimiento presentó a Lula se encuentra el asentamiento de toda esa población este mismo año, y se propone como meta para el actual gobierno, el otorgamiento de predios para un millón de familias hasta 2006, en un país de 172 millones de habitantes y unos 4,5 millones de campesinos sin tierras.
Lula prometió promover una reforma agraria ”amplia y masiva” a partir de este semestre, pero eludió comprometerse con metas cuantitativas.
Por lo pronto el gobierno destinará las tierras públicas disponibles, que permitirían resolver rápidamente el asentamiento de 60.000 familias, según el ministro de Desarrollo Agrario, Miguel Rosseto.
Además se acelerarán las expropiaciones. Las leyes brasileñas destinan a la reforma agraria predios improductivos que no cumplen una ”función social” exigida por la Constitución o que se dediquen al cultivo de drogas ilegales.
La tensión en el campo se atenuará a medida que ”avance la reforma agraria”, opinó Gilmar Mauro, uno de los 27 dirigentes nacionales del MST recibidos por Lula.
Pero los conflictos se multiplican.
En el nororiental estado de Pernambuco, campesinos acampados en predios ocupados saquearon el martes cuatro camiones con alimentos.
Casi 15.000 familias se encuentran en los campamentos, la mayoría ”pasando hambre” porque el gobierno no distribuyó las canastas básicas de alimentación prometidas, dijo a Tierramérica Jaime Amorim, uno de los coordinadores nacionales del MST en aquel estado.
En el Pontal de Parapanema, área tradicional de conflictos por la tierra en el sudoeste del meridional estado de Sao Paulo, el alcalde de Sandovalina, Divaldo de Oliveira, inició una huelga insólita, cerrando el miércoles las dos escuelas y el único centro de salud.
El funcionario amenazó con ampliar la protesta un día más por semana si los gobiernos estatal y nacional no lo auxilian a subsanar el colapso de los servicios municipales por la presencia de casi mil 500 campesinos sin tierra, que acamparon en la ciudad de cuatro mil habitantes.
En la vecina Presidente Prudente, de 190.000 habitantes, el alcalde Agripino de Lima llamó la población a resistir la ”invasión” de 3.500 campesinos que amenazan manifestarse en la plaza central de la ciudad para reclamar la reforma agraria.
”Está ocurriendo una violación de la legalidad… La continuación de ese proceso tiende a comprometer la gobernabilidad del país”, manifestaron ocho organizaciones de empresarios agropecuarios que componen el Consejo Rural Brasil, encabezado por la Confederación Nacional de Agricultura y Ganadería .
Por su parte, la Unión Democrática Ruralista (UDR), que no forma parte de Rural Brasil, acusa el gobierno de omisión por no reprimir actos ilegales del MST.
”El hacendado se ve obligado a poner a su familia en riesgo para defender su propiedad, ya que las instituciones no funcionan”, dijo a Tierramérica el ganadero Luiz Antonio Nabhan García, presidente de la UDR, de Presidente Prudente.
García negó acusaciones según las cuales la UDR promueve la creación de milicias armadas por los hacendados.
En su opinión, la reforma agraria debe hacerse en áreas de frontera agrícola como la ”Amazonia virgen”, no en los estados de agricultura ya desarrollada, como Sao Paulo y Río Grande del Sur, donde el gobierno debería ”comprar tierras caras y no expropiar, ya que son todas productivas”.
Pero el MST asegura que sólo en Río Grande del Sur existen 838 predios improductivos de más de 2.000 hectáreas, suficientes para asentar a más de 100.000 familias.
”Subsisten latifundios improductivos en todo Brasil”, dijo a Tierramérica Miguel Stédile, coordinador del MST en ese estado. ”Es un mito eso de la agricultura desarrollada”, añadió.
* Publicado originalmente el 5 de julio por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
