Una nueva versión del proyecto de reforma de la previsión social en Brasil tomó forma esta semana para tranquilidad del sistema financiero, pero con jueces anunciando caos en el Poder Judicial y sindicalistas criticando la permanencia de injusticias.
Los cambios en la propuesta original, adoptados tras intensas negociaciones, no afectaron la esencia de la reforma pretendida por el gobierno, según las autoridades. Los objetivos fiscales se mantienen, aseguró el ministro de Hacienda, Antonio Palocci.
Pero líderes políticos conservadores, como el diputado y ex ministro de la Previsión Social Roberto Brant, consideraron un ”fracaso” del gobierno el retroceso en algunos puntos ante las presiones de funcionarios públicos y parlamentarios.
El proyecto, presentado por el gobierno izquierdista de Luiz Inácio Lula da Silva al Congreso legislativo el 30 de abril, está en trámite en la Cámara de Diputados.
La reforma busca primordialmente reducir los derechos tradicionales de los funcionarios estatales, considerados el principal factor del déficit del sistema previsional, que trepó a 23.500 millones de dólares el año pasado.
El relator del proyecto, el diputado José Pimentel del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), entregó el jueves al parlamento la propuesta a ser votada, tras el visto bueno de Lula.
Como la reforma supone una enmienda constitucional, su aprobación requiere una mayoría de 60 por ciento en cuatro votaciones, dos en la cámara baja y dos en el Senado. El final del trámite parlamentario es esperado para octubre.
Lula y algunos de sus ministros se opusieron a alteraciones al proyecto original acordadas por líderes parlamentarios, pero al final cedieron.
Las concesiones suponen que los actuales funcionarios públicos podrán jubilarse, como hasta ahora, con una remuneración igual a su último salario en actividad y tendrán derecho a percibir los futuros aumentos que obtengan sus colegas activos.
Pero los funcionarios que ingresen a la actividad tras la reforma perderán ese derecho y sus jubilaciones tendrán el mismo límite que la de los trabajadores del sector privado, 2.400 reales (unos 830 dólares al cambio actual), que podrá ser complementado por un fondo de pensión.
Pero esta medida sólo empezará a tener efectos concretos en 30 años.
En cambio, la propuesta reduce los montos de las pensiones a viudas y familiares dependientes, así como las remuneraciones de jueces y fiscales retirados de los 26 estados brasileños.
Se establecerá además un límite a los retiros equivalente a 75 por ciento de los 17.200 reales (5.930 dólares) que ganan los miembros de la Suprema Corte de Justicia.
Esta medida crea ”un clima de confrontación, con la deliberada intención de debilitar al Poder Judicial y al Ministerio Público nacionales” y ”refuerza los contornos de una seria crisis institucional”, reaccionaron en un manifiesto las asociaciones de jueces, fiscales y magistrados de la justicia laboral.
Los magistrados acusan al gobierno de incumplir un acuerdo previo —que fijaba el techo en 90,25 por ciento del sueldo de los jueces supremos—, y ceder a presiones de los gobernadores estaduales.
Esto demuestra ”sorprendente fragilidad e incapacidad para formular políticas responsables y confiables”, afirma la declaración de los funcionarios de la justicia.
La Asociación de Magistrados Brasileños, que representa a 17.000 jueces, decidirá este lunes en una asamblea en Brasilia, si adhiere a la huelga que desde el 8 de este mes protagonizan algunos sectores de los funcionarios públicos.
Por razones distintas, la propuesta recibe críticas de dirigentes sindicales.
”El gobierno cedió demasiado. Mantuvo privilegios que perjudican al conjunto de los trabajadores”, dijo a IPS Joao Carlos Gonçalves, alias ”Juruna”, secretario general de la central Fuerza Sindical, la segunda del país.
”Es un error político grave” mantener el sueldo integral de los funcionarios públicos jubilados, contra ”el clamor de la sociedad por la justicia social prometida en la campaña electoral”, sentenció el sindicalista.
Y será difícil modificar el proyecto en los próximos trámites parlamentarios, reconoció.
En una postura opuesta a Fuerza Sindical, las organizaciones de funcionarios estatales rechazan completamente la reforma previsional.
Mientras los partidos —incluido el gobernante PT y los que lo respaldan en esta reforma—, se dividieron, generando incertidumbre ante posibles alteraciones y aun sobre la aprobación del paquete.
Pero el ministro de Hacienda señaló que no aceptará nuevos cambios que afecten los objetivos de la reforma.
La propuesta ahora en debate ”responde a las expectativas del mercado” y por eso no debería provocar turbulencias financieras, evaluó para IPS el economista Antonio Buainain, profesor de la Universidad de Campinas, en el meridional estado de Sao Paulo.
Tal como está, el texto permite reducir los gastos del sistema previsional en los próximos diez a 15 años y ”alivia las cuentas de los gobiernos estaduales”, que son muy importantes para el mercado financiero, añadió.
Se atiende así a los objetivos del ajuste fiscal, al tomar un camino más sustentable para las cuentas públicas.
Pero esta reforma ”no resuelve las tres cuestiones básicas de la previsión social”, al no asegurar la sustentabilidad a largo plazo, al dejar ”intactos privilegios y 'supersalarios'” y no aclarar la situación de los funcionarios del Estado y sus carreras, opinó Buainain.
La mujeres tampoco quedaron contentas.
”Seguiremos apoyando o rechazando algunos puntos del proyecto”, y buscando alterarlo en favor de las trabajadoras hoy excluidas de la previsión social y de los sectores discriminados, como los informales, dijo a IPS Guacira de Oliveira, codirectora del Centro Femenista de Estudios y Asesoría, de Brasilia.
Las mujeres son, por una parte, cinco millones de empleadas domésticas, y por otro las trabajadoras en su propio hogar que no reciben remuneración por tareas clave para la sociedad, como cuidar a niños y enfermos, manifestó De Oliveira.
Casi 40 millones de trabajadores de Brasil, 60 por ciento de los ocupados, están fuera del sistema previsional.
