Los conceptos de trabajador y sindicalismo deben flexibilizarse para coincidir con los nuevos y más amplios reclamos del movimiento social mundial, propusieron catedráticos y dirigentes en el Foro Social Mundial Temático (FSMT) de Colombia.
Si los sindicatos quieren coincidir con las luchas del movimiento social mundial deben salir de las cada vez más débiles parcelas de sus reclamos sectoriales y hacer frente común con trabajadores informales y vecinos, afirmaron varios expositores.
Los participantes llegaron al Encuentro Internacional Sindical, en la segunda jornada del FSMT que concluirá este viernes en esta ciudad colombiana sobre el mar Caribe, en medio de manifestantes que reclamaban al son de tambores contra la liquidación de la empresa estatal de telecomunicaciones Telecom, de Colombia
El crecimiento del trabajo informal, de las unidades de producción familiar y del desempleo, a consecuencia de la globalización de la economía y los grandes cambios tecnológicos, impone que las reivindicaciones laborales trasciendan el ámbito de la fábrica, dijo a IPS el mexicano Enrique de la Garza, sociólogo y académico de la Universidad Autónoma Metropolitana de México.
La mayoría de los trabajadores van quedando fuera de los sindicatos, que no han sabido afrontar la nueva situación, y la alternativa es manejar un nuevo concepto de trabajador y de sindicato, sostuvo De la Garza, participante del encuentro. Hay que ampliar el concepto de trabajador y de sindicato y adoptar estrategias de coordinación muy flexibles de acuerdo a las coyunturas, e incluso redefinir los enemigos y los amigos, las formas de lucha y las demandas, arguyó De la Garza.
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A su juicio, los crecientes contingentes de trabajadores por cuenta propia y vendedores ambulantes viven condiciones más precarias que los asalariados tradicionales, con el agravante de que no cuentan con canales de expresión y protesta.
Los movimientos de desempleados argentinos y de cocaleros bolivianos fueron citados por De la Garza como muestra de organizaciones excluidas de las reivindicaciones del sindicalismo clásico. Es necesario encontrar un punto de enlace entre estos dos mundos, pues casi 50 por ciento del total de ocupados latinoamericanos pertenece a la economía informal y cada día hay más movimientos sociales cuyo punto de partida no es el sindicato, precisó.
Para el colombiano Julio Carrascal, presidente del Consejo Laboral Andino con sede en Lima, se debe abogar por un sindicalismo realista que tome en cuenta los actuales cambios de la composición empresarial y de las organizaciones de trabajadores.
En tono de arenga, que recordaba sus intervenciones como líder de los trabadores petroleros, Carrascal pidió a los concurrentes enfrentar la crisis económica y social con fórmulas imaginativas y contemporizar, sin renunciar a las demandas de la clase obrera, ampliando el espectro de las alianzas.
El sindicalista no descartó que los trabajadores impulsemos la asociación de capitales estatales, como las alianzas entre compañías petroleras de Colombia y Venezuela, y propuso una campaña para que los países de la cuenca del río Amazonas negocien el pago de deuda externa a cambio de la producción de oxígeno, en referencia a la forestación y conservación de bosques.
Una tercera voz que coincidió con la necesidad de flexibilizar las prácticas sindicales para evitar que los asalariados queden fuera del avance del movimiento de la sociedad civil, fue la del español Carlos Cappa, de la central sindical Comisiones Obreras, tradicionalmente vinculada al Partido Comunista de España.
En su opinión, en la lucha contra las privatizaciones, los sindicatos no pueden ir en contra del sentir de mayorías ciudadanas.
Lo importante no es quién preste los servicios —si el Estado o los particulares— sino si ofrecen plenas garantías laborales a sus trabajadores y buen servicio, a tarifas justas para los usuarios, sostuvo.
En busca de afrontar la actual situación internacional, en la que Estados Unidos retornó a la 'diplomacia de la cañonera', pasando por encima de los principios de defensa de la vida de la gente, es necesario que los sindicatos mantengan conexiones con las organizaciones no gubernamentales, dijo Cappa.
Durante la última década, a mayor número de trabajadores despedidos de sus empleos, mayores ganancias concentradas en pocas manos de empresarios e intermediarios financieros, argumentó el economista Bethoven Herrera, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, quien centró su intervención en los efectos de la globalización.
Respecto de la ampliación de la brecha entre países industriales y en desarrollo, el profesor informó que mientras en Estados Unidos el presupuesto destinado a investigación científica equivale a 2,60 por ciento del producto interno bruto, en Colombia apenas es de 0,64 por ciento.
En países europeos, productores agropecuarios reciben subsidios equivalentes a 7 dólares diarios por cabeza de ganado, mientras 1.200 millones de pobres sobreviven en el mundo con menos de un dólar diario, añadió.
Unos 3.500 delegados de todo el mundo participan desde el lunes en el FSMT de Colombia, centrado en discusiones sobre la democracia, los derechos humanos, la guerra y el narcotráfico.
La mayoría de los asistentes al encuentro sindical eran delegados de las tres centrales colombianas de trabajadores, cuya nómina de afiliados decayó en la última década por los planes estatales de privatización y la intimidación y el asesinato de dirigentes, en el marco de la guerra civil que vive el país. La mayoritaria Central Unitaria de Trabajadores pasó en el último decenio de un millón a 600.000 integrantes
Al describir los efectos del conflicto interno y del recorte de las libertades sindicales en el país, Gustavo Gallón, presidente de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), afirmó que entre junio de 2002 y mayo de este año, 293 sindicalistas colombianos fueron víctimas de violaciones a sus derechos a la vida, la integridad o la libertad.
De 121 asesinatos y cinco desapariciones forzadas de sindicalistas cometidos en ese lapso, 5,2 por ciento fue perpetrado por grupos paramilitares de derecha, seis por ciento por agentes del Estado y 4,8 por ciento por guerrilleros izquierdistas.
Pero en 25 por ciento de los casos caben responsabilidades por omisión a funcionarios del Estado, agregó Gallón.
En 70 por ciento de los casos no se pudo establecer si las muertes fueron causadas por vínculos de las víctimas con organizaciones armadas, pero en todos el motivo fue el ejercicio de actividad sindical.
Gallón alertó sobre la eventual realización de un referendo convocado por el gobierno de Alvaro Uribe, que en sus 19 puntos incluiría facultades discrecionales para que el Poder Ejecutivo se retire de tratados internacionales como los suscritos con la Organización Internacional del Trabajo, sobre los cuales el mandatario dijo que son legales pero no constitucionales.
El presidente de la CCJ puso como testigo de sus aseveraciones al representante del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michel Fruhlin, también participante del panel, quien destacó por su parte el escenario de impunidad como un rasgo característico de la crisis humanitaria de Colombia.
Los trabajadores colombianos, sostuvo Fruhlin, enfrentan la degradación de la guerra y de la crisis económica.
Urge adoptar medidas eficaces para la protección de los trabajadores y la garantía del derecho a la sindicalización como bien jurídico primario y, por tanto, irrenunciable, añadió.
