El presidente de Perú, Alejandro Toledo, está ante un crucial dilema político, tras un fallido intento de sofocar por la fuerza conflictos sociales y protestas, y en medio de la crisis más profunda y peligrosa desde que asumió en julio de 2001.
Las autoridades alcanzaron el miércoles por la noche un acuerdo preliminar con representantes del sindicato de educadores, que estuvo en primera línea de las protestas, pero el dilema central y aún pendiente es, para muchos, si el gobierno persistirá en la política económica que causa los conflictos, o accederá a modificarla.
Muchos analistas piensan que Toledo cometió uno de sus mayores errores el 27 de mayo, cuando decidió afrontar la situación con la declaratoria de estado de emergencia en 12 departamentos, cuyo control interno encomendó a las Fuerzas Armadas, sin agotar la instancia previa del diálogo.
Al día siguiente, debido a la represión militar, murió de un balazo en la espalda Edi Quilca, de 22 años y estudiante de la Universidad del Altiplano, en la sudoriental ciudad de Puno, y otras 49 personas resultaron heridas. Todos habían salido a protestar por la declaratoria del estado de emergencia y en apoyo a una huelga de maestros.
Pero en todo el país las marchas y protestas continuaron, dejando al desnudo la crisis de autoridad del gobierno ante la consolidación del movimiento popular.
El martes, una semana después de la imposición del estado de emergencia, unas 30.000 personas salieron a las calles de Lima a protestar contra esa medida de excepción y exigir la renuncia del gabinete que preside Luis Solari, importante dirigente del gobernante partido Perú Posible.
Los manifestantes reclamaron también cambios en la política económica y satisfacción de las demandas de los maestros, que habían ingresado en su cuarta semana en huelga.
Los educadores iniciaron esa medida de fuerza el 12 de mayo, en demanda de aumento de sueldos. El gobierno les ofreció unos 28,7 dólares de incremento, pero los sindicalistas mantuvieron su reclamo de casi el doble, y luego demandaron un cronograma para lograr que en 2006 los salarios hayan aumentado 100 por ciento.
Contra todos los pronósticos, la marcha del martes en Lima se desarrolló en un clima de total tranquilidad, al igual que movilizaciones en otras ocho regiones del país. Pero el mensaje para las autoridades fue claro y contundente.
El gobierno se vio obligado a pedir a la Iglesia Católica una mediación para facilitar el diálogo con el huelguista Sindicato de Trabajadores en la Educación, asumida el lunes por el obispo de la occidental ciudad de Chimbote, Luis Bambarén, y que condujo al acuerdo del miércoles por la noche.
Autoridades y dirigentes sindicales firmaron un acuerdo de 40 puntos, pero la huelga aún no se levantó, y los maestros de algunas regiones adelantaron que no aceptan el resultado de las negociaciones.
Una asamblea de educadores definirá este este sábado la cuestión, y el secretario general del sindicato, Nilver López, no descartó que las clases se reanuden este lunes.
La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas también expresó sus demandas, al señalar que falta un mensaje claro, coherente y realista por parte de las autoridades.
Si ese mensaje es acompañado de coherencia en el accionar del gobierno y de los congresistas, especialmente, los empresarios, los trabajadores y todo aquel con un rol importante dentro del país, tenemos la responsabilidad de apoyar y dar todo el esfuerzo en aras de alcanzar la ansiada ruta del desarrollo.
Muchos piensan que Toledo debería reestructurar su gabinete, mediante el ingreso de figuras independientes y con reconocida trayectoria profesional, que den al gobierno el oxígeno que requiere.
La pregunta, sin embargo, es si el presidente está dispuesto a ceder parte del poder en aras de la gobernabilidad o, como dicen algunos, de la supervivencia del toledismo.
El asesor presidencial Juan Sheput manifestó a un diario local su esperanza de que en adelante el gobierno escuche el mensaje del pueblo, y eso pasa por reestructurar los programas sociales y que el cambio de gabinete ministerial se dé en los plazos establecidos por el presidente.
En todo caso, y una vez finalizada la huelga de maestros, Toledo tendrá que tomar decisiones para mejorar su decaída popularidad.
En una encuesta de la Universidad de Lima publicada este jueves, el presidente, que aún no llega a la mitad de su mandato contó con apenas 11,7 por ciento de aprobación entre los consultados.
Toledo inició su gobierno con 60 por ciento de aprobación, pero pronto defraudó las expectativas de cambio depositadas en él tras el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), debido a programas de ajuste y avances hacia privatizaciones negociados con el Fondo Monetario Internacional.
Acordar con el Fondo era crucial ante la delicada situación del país, que arrastra cinco años de recesión, con grave desequilibrio fiscal y comprometido a pagar 2.000 millones de dólares de deuda externa este año, pero esos acuerdos impidieron al mandatario, por ejemplo, cumplir sus promesas de abatir el desempleo mediante un programa de obras públicas.
Finalizada la huelga magisterial, en el gobierno tendrán que producirse modificaciones urgentes, sostuvo el columnista Santiago Pedraglio, del diario Perú21.
Esto supone cambiar las características del gabinete, recuperar la voluntad de reformar sectores claves del Estado y sostener el crecimiento productivo, con énfasis redistributivo que tendría que expresarse en la política económica, afirmó. (
