Las normas establecidas por Estados Unidos para juzgar a detenidos en la guerra contra el terrorismo confinados en bases militares como la de Guantánamo, en Cuba, pasan por alto normas internacionales elementales sobre el debido proceso, alertaron juristas y organizaciones humanitarias.
Algunas asociaciones nacionales de abogados podrían indicar a sus integrantes que no trabajen en juicios en esos tribunales —a los que el Departamento (ministerio) de Defensa estadounidense denominó ”comisiones militares”—, a menos que sus reglas sufran modificaciones sustanciales.
”Hay una creciente preocupación” entre los abogados, que podrían ”adoptar una posición” al respecto, dijo a la prensa el presidente del Instituto Nacional de Justicia Militar, Eugene Fidell.
La opinión de las organizaciones de derechos humanos, que han revisado las normas sobre comisiones militares publicadas en abril, es inequívoca.
Esos tribunales ”son un descrédito para las tradiciones estadounidenses de justicia” a las que ”el Departamento de Defensa debería volver”, opinó Jamie Fellner, directora del programa nacional de la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York.
”Estas normas no garantizan un juicio justo”, resaltó la directora en Washington del Comité de Abogados por los Derechos Humanos (LCHR), Elisa Massimino. ”Es preciso revisar esas normas, o bien anular las comisiones militares”, urgió.
Ambas organizaciones, que publicaron documentos separados sobre las normas de las comisiones militares esta semana, advirtieron que tales procedimientos pueden poner a Estados Unidos en una situación internacionalmente embarazosa.
”Los ojos del mundo estarán puestos en estos juicios, y es por eso que deben cumplir las normas fundamentales del debido proceso”, dijo Wendy Patten, de Human Rights Watch.
Las comisiones, que podrían organizarse formalmente en cualquier momento, determinarán el destino de algunos de los cerca de 680 detenidos en la base de Guantánamo y otros que fueron capturados en el marco de la guerra contra el terrorismo lanzada por el presidente George W. Bush hace 20 meses.
La gran mayoría de los prisioneros fueron capturados en Afganistán, durante y después de la campaña militar encabezada por Estados Unidos que derrocó al régimen del grupo radical islámico Talibán, a fines de 2001.
Otros, sin embargo, fueron capturados en otros países como parte de la campaña de Estados Unidos contra la red extremista islámica Al Qaeda, liderada por Osama bin Laden, el principal sospechoso de la autoría intelectual de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington.
Cinco hombres sospechosos de vínculos con Al Qaeda fueron conducidos por funcionarios estadounidenses de Malawi a Botswana el martes, a pesar de la orden de un tribunal de Malawi según la cual no debían ser deportados, según distintas versiones.
Por otra parte, seis argelinos capturados en Bosnia-Herzegovina en enero de 2002 fueron conducidos a Guantánamo.
Organizaciones humanitarias y gobiernos han criticado con dureza las condiciones de detención de los prisioneros en la base naval en Cuba.
Ahora se les permite recibir visitas de funcionarios consulares de sus países y de la Cruz Roja, pero se les negó la mayoría de los derechos garantizados a los prisioneros de guerra por las Convenciones de Ginebra, base legal del derecho internacional humanitarioi.
El Pentágono ha insistido en que se trata de ”combatientes ilegales”, una categoría que, según Washington, le permite darles un trato más elástico que incluye detención por tiempo indeterminado sin acusación ni audiencia para determinar si se trata de prisioneros de guerra.
Además, el Departamento de Estado advirtió que la base no se encuentra en territorio estadounidense, por lo cual los detenidos no pueden reivindicar el derecho al debido proceso garantizado por la constitución estadounidense.
”Están en el equivalente legal del espacio exterior”, según Massimino.
Hasta ahora, 41 detenidos, la mayoría afganos, fueron liberados y devueltos a sus hogares, mientras a otros 40 se los transfirió a un edificio-dormitorio de ”mínima seguridad”, en lo que se consideró un gran paso hacia la transferencia a sus países.
Del resto, dos o tres docenas esperan para ser acusados de crímenes de guerra y juzgados en comisiones militares, aunque el Pentágono (Departamento de Defensa) se ha negado a dar números precisos y no informó aún qué prevé hacer con los cientos que no serán sometidos a proceso.
Pero las reglas de las comisiones militares son el blanco preferido de los ataques de organizaciones humanitarias y de abogados, algunos de los cuales se preparaban para defender a los acusados.
Esas normas incluyen algunas salvaguardias del debido proceso — juicio público, pruebas más allá de una duda razonable para la condena, examen cruzado de testimonios—, pero que no son suficientes para eliminar serias fallas, afirman los expertos.
Para empezar, no se admitirá una revisión judicial independiente de los veredictos. Así, el Poder Ejecutivo actuará como fiscal, juez, jurado y ejecutor en caso de que la condena sea a la pena capital, prevista por las reglas de las comisiones militares.
Se trata, según HRW, de una falla grave, dado que muchos de los detenidos deberían ser considerados prisioneros de guerra, entre ellos los afganos miembros de las milicias islámicas Talibán.
El derecho de los acusados al asesoramiento también está demasiado limitado, según los críticos. Todos ellos serán representados por abogados militares, aun en el caso de que sus familias prefieran un abogado civil.
Se trata de una violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Estados Unidos es parte y que garantiza el derecho de los acusados a ser representados por un abogado elegido por ellos.
Además, el gobierno tiene la facultad de controlar la comunicación entre abogado y acusado, negarle acceso a ciertos documentos y exigir al representante legal que realice todos los trabajos en la sede de las comisiones militares, presumiblemente en Guantánamo.
Eso significa que, si los testigos o evidencias de la defensa se encuentran, por ejemplo, en Afganistán, los abogados no podrán apelar a ellos ante la comisión militar.
A eso se suma que los abogados defensores deberán someterse a la censura de las fuerzas armadas para realizar declaraciones públicas y suministrar a los fiscales una lista de todas sus evidencias y testigos con una semana de anticipación.
Estas normas ”son fundamentalmente contrarias a la tradición estadounidense de un juicio justo”, dijo el coronel retirado de la Fuerza Aérea Michael Noone, profesor de Derecho Militar de la Universidad Católica en Washington.
El también abogado militar Grant Lattin, coronel retirado de la marina de guerra, dijo esperar que el Pentágono cambie las normas.
