El primer ministro de Italia, «Il Cavaliere» Silvio Berlusconi, salió del apuro la semana pasada. El parlamento aprobó entonces una ley que le otorga inmunidad.
Así se suspendió el juicio que se le seguía en Milán a Berlusconi por soborno de jueces dirigido a facilitar en 1985 la compra de la empresa estatal de alimentos SME.
Los magistrados podrán investigar el caso, pero mientras Berlusconi esté en el poder no podrán tocarlo. En el mismo caso, su abogado personal Cesare Previti —acusado de intentar sobornar a jueces para favorecer al grupo empresarial del primer ministro, Fininvest— fue condenado a 11 años de prisión.
Pero la inmunidad no es su única protección contra las acusaciones.
Berlusconi también afrontó cargos por falsificación de la contabilidad de empresas antes de que el parlamento despenalizara ese delito. Otras leyes le dieron a los defensores el derecho a transferir un caso si tienen la "sospecha legítima" de que un tribunal es parcial.
El primer ministro fue absuelto de la mayoría de los casos, y en el que está aún pendiente pidió que sea transferido a otro tribunal.
Pero si pierde las elecciones previstas en 2006—o por alguna razón se ve obligado a abandonar el poder antes, y la historia reciente demuestra que esto es posible—, Berlusconi podría ir a prisión en el caso de que lo encontren culpable.
Los presidentes corruptos no pueden darse el lujo de perder el poder. Sin la armadura del gobierno, el mundo es para ellos un lugar inhóspito.
"Todos los presidentes, corruptos o no corruptos, quieren mantener el poder todo lo que puedan. Pero un presidente corrupto también quiere quedarse en el poder para seguir haciéndose rico y protegerse de las fauces de la justicia", dijo a IPS el experto Charles Lewis, director ejecutivo del Centro para la Integridad Pública, con sede en Washington.
Mientras, el presidente de la organización Transparencia Internacional, Peter Eigen, dijo a IPS que "para los políticos y funcionarios públicos es esencial saber que la corrupción es una estrategia de alto riesgo".
Quizás por esa razón muchos pensaron igual que Berlusconi y se escudaron detrás de vallas legales.
El mayor obstáculo para juzgar al ex presidente nicaragüense Arnoldo Alemán (1997-2002) fue la inmunidad que gozó mientras presidió la Asamblea Legislativa, cargo que asumió tras dejar la jefatura de Estado. Pero sus pares le retiraron los fueros el 12 de diciembre pasado y hoy se encuentra en prisión domiciliaria.
Alemán, de 57 años, es acusado de lavado de dinero, corrupción, enriquecimiento ilícito y malversación de fondos públicos.
La Fiscalía General de Nicaragua, uno de los países más pobres de América Latina, calcula el dinero malversado por el ex presidente en beneficio personal y de amigos y familiares suma más de 100 millones de dólares.
El caso más notorio de un jefe de gobierno que usó el Estado como propiedad privada y protección es quizás el de Mobutu Sese Seko, ex presidente de Zaire, país pasó a llamarse República Democrática de Congo luego de depuesto el dictador 1997. Mobutu murió ese mismo año en Rabat.
Mobutu lideró el régimen de partido único de su país durante más de 30 años, periodo en el que amasó una fortuna calculada en 5.000 millones de dólares. Entonces contaba con el respaldo de líderes occidentales que lo veían como un elemento de contención frente a gobiernos izquierdistas de Africa, como el de Angola.
Le sigue de cerca Charles Taylor, presidente de Liberia, país fundado por esclavos estadounidenses libertos en el siglo XIX como una isla de libertad y fraternidad. Las leyes le confieren la potestad de disponer a su arbitrio de todas las "materias primas estratégicas", como los recursos mineros y la madera.
Cuando la situación se pone difícil, algunos presidentes viajan al extranjero en vacaciones permanentes. El ex presidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), destituido por el Congreso en noviembre de 2000 por "incapacidad moral", está radicado en Japón.
El ex presidente filipino Joseph Estrada (1998-2001) apeló a problemas de salud para evitar el proceso judicial. Pero la factura del médico no parece un problema en su caso. Estrada, que abandonó el poder ante un levantamiento popular, es acusado de acumular 78 millones de dólares en sobornos procedentes del juego ilegal, apropiación indebida de fondos fiscales e inversiones ilícitas.
La ley no alcanzó a algunos presidentes que no tomaron precauciones.
El periodo del ex presidente de Panamá Ernesto Pérez Balladares (1994-1999) estuvo plagado de casos de corrupción que nunca llegaron a los tribunales. Un "narcocheque" financió parte de su campaña electoral, sus ministros se apropiaron de bienes públicos y él mismo fue involucrado en la venta a emigrantes chinos de cientos de visas de ingreso Estados Unidos.
Panamá es también conocido como un refugio para presidentes fugitivos, como el ex presidente ecuatoriano Abdalá Bucaram (agosto de 1996-febrero de 1997), acusado de malversación de fondos reservados de la presidencia, a quien el parlamento destituyó por "incapacidad mental".
El también ex presidente ecuatoriano Jamil Mahuad fue depuesto tras 18 meses de gobierno en enero de 2000, en un golpe de Estado apoyado por mandos medios del ejército, organizaciones indígenas y populares y jueces.
En julio de ese año, la Corte Suprema de Justicia comenzó un proceso penal por uso ilegal de fondos donados por un banquero corrupto a su campaña presidencial de 1998.
El ex dictador de Indonesia desde 1966 general Mohamed Suharto, cuya familia controló un imperio valorado entre 16.000 y 25.000 millones de dólares, fue obligado a renunciar en 1998. Ninguno de sus tres sucesores —B. J. Habibie, Abdurrahman Wahid y la actual presidenta Megawati Sukarnoputri— logró procesarlo.
"Los presidentes e incluso ex presidentes son muy poderosos, y llevarlos a juicio requiere la voluntad de acusarlos. Usualmente, valientes, osados e intrépidos fiscales y jueces que no se inmuten ante el poder necesitan para eso meses, si no años, de exposición pública y creciente disgusto", dijo Lewis.
¿Hasta qué punto son los jefes de Estado responsables por la corrupción que se extiende a sus pies?
"Son totalmente responsables", según Lewis. "La corrupción de alto nivel es más perniciosa en los países pobres. Cuando un líder saquea los preciosos bienes del pueblo y del país, el escándalo es mucho peor. Muchas personas inocentes resultan afectadas y la injusticia es extrema."
El tono y la actitud de un gobierno comienza en su cabeza, la primera hora en que el mandatario asume el poder, dijo Lewis.
El patrón de medida, explicó, es la famosa frase sobre el abuso de poder popularizada a raíz del caso Watergate en Estados Unidos, que culminó con la renuncia del presidente Richard Nixon (1969-1974): "Qué sabían y cuándo lo supieron."
"Pero hay un patrón moral y político menos literal. Con el primer tufillo a corrupción, ¿actuó el líder decididamente para limpiar la situación? La inacción y el silencio dicen mucho", agregó Lewis.
Pero Eigen no está completamente de acuerdo. "Un jefe de Estado o de gobierno debe demostrar voluntad política de combatir la corrupción, pero requerirá para tener éxito una amplia base de apoyo y de compromiso".
"Por ejemplo, el presidente de Nigeria, Olusegun Obasanjo, está fieramente comprometido con el combate contra la corrupción, pero no puede lograr su cometido solo. Necesita el compromiso de los partidos políticos, de los funcionarios públicos y de los nigerianos comunes y corrientes", advirtió Eigen.
Los 10 países percibidos en 2002 como más corruptos de acuerdo con el índice de Transparencia Internacional fueron Bangladesh, Nigeria, Paraguay, Madagascar, Angola, Kenia, Indonesia, Azerbaiján, Uganda y Moldova. Cinco son africanos, pero pocos presidentes de ese continente han sido acusados por actos de corrupción.
¿Acaso los presidentes africanos tienen más posibilidades de escapar de la justicia que sus pares del resto del mundo?
"La corrupción generalizada en el régimen de Sani Abacha (presidente de Nigeria entre un golpe de Estado en 1993 y su muerte en 1998) o en el de Daniel Arap Moi en Kenia (en el poder desde 1978) está ampliamente reconocida", afirmó Eigen.
"Pero ha sido tan perniciosa en ambos países que sería equivocado concentrarnos solo en los jefes de Estado." O en Africa. Ya se vio el caso de Italia, pero no es el único.
Alemania y Francia, ambos países democráticos del Norte con independencia judicial, han visto a muy altas figuras políticas investigadas por corrupción.
El presidente francés Jacques Chirac fue involucrado en cobro de comisiones ilegales de petrolera Elf-Aquitaine, privatizada los años 90, cuando fue alcalde de París. La justicia alemana multó al ex canciller (jefe de gobierno) alemán Helmut Kohl por aceptar donaciones anónimas e ilícitas para su partido.
"La democracia sin responsabilidad no se puede describir como democracia plena. La triste verdad es que los más poderosos intereses venales manipulan con relativa facilidad a cualquiera que esté en el poder, se trate de una dictadura represiva o de una democracia", dijo Lewis.
El Centro para la Integridad Pública es bien conocido por sus investigaciones sobre el financiamiento de las campañas presidenciales estadounidenses.
Muchos jefes de Estado y de gobierno, en ejercicio o retirados, al menos afrontan acusaciones en lugar de morir de viejos o retirados en algún balneario. Ese es el caso de los actuales presidentes Luis Gonzales Macchi, de Paraguay, y Vicente Fox, de México.
Esta situación alcanza también a los ex presidentes y primeros ministros Carlos Menem, de Argentina, Bettino Craxi, de Italia, Benazir Bhutto, de Pakistán, Fernando Collor de Mello, de Brasil, Ferdinando Marcos, de Filipinas, Ernesto Samper, de Colombia, Fabián Alarcón, de Ecuador, Carlos Andrés Pérez, de Venezuela, y Kim Young Sam, Chun Doo Hwan y Roh Tae Woo, de Corea del Sur.
"Es, para mí, un signo alentador. Pero el mundo tiene aún demasiada corrupción nunca fiscalizada", dijo Lewis.
Eigen afirmó que el público está cada vez más alerta acerca de la corrupción, "ahora reconocida por lo que es: un azote que alimenta las crisis sociales, políticas y económicas, que atrapa a millones en la pobreza y el hambre, socava la democracia y el estado de derecho, distorsiona el comercio y saquea los recursos naturales".
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+ Transparencia Internacional (http://www.transparency.org/about_ti/spanish_intro.html)
+ Centro para la Integridad Pública, en inglés (http://www.publicintegrity.org/dtaweb/home.asp)
* Miren Gutiérrez es Editora Jefa de IPS y trabajó muchos años como periodista de investigación.
