La decisión del gobierno argentino de revisar los contratos de empresas y servicios privatizados en los años 90 equivale a abrir la caja de Pandora: toda suerte de vicios e ilegalidades podría escapar de ella.
El proceso de venta comenzó en 1989 y en 10 años el Estado transfirió al sector privado, entre otras, las empresas de gas, petróleo, telecomunicaciones, electricidad, provisión de agua y servicios sanitarios, ferrocarriles y trenes subterráneos, aeropuertos y terminales portuarias.
A lo largo de esa década, los ingresos fiscales por las privatizaciones ascendieron a 23.849 millones de dólares, de los cuales 19.422 millones (81 por ciento) correspondieron al Estado nacional y 4.427 millones (19 por ciento) a las provincias, según datos del Ministerio de Economía.
En el mismo periodo la venta de empresas y servicios públicos reportó a México 31.749 millones de dólares, y a Brasil 71.129 millones de dólares, de acuerdo al informe Global Development Finance 2001, del Banco Mundial.
Entre 1990 y 1999, ingresaron a América Latina y el Caribe 177.839 millones de dólares por el pasaje de manos públicas a privadas de empresas y servicios.
En Argentina, la mayor parte del programa se llevó a cabo entre 1990 y 1994, dato que indica la celeridad con que se realizaron las operaciones.
En medio de una crisis económica marcada por la hiperinflación, la ciudadanía argentina presenció una frenética oferta de empresas públicas, la mayoría ineficientes o mal administradas.
Ahora, la decisión del nuevo gobierno argentino encabezado por Néstor Kirchner se hace eco de reiterados reclamos de consumidores y políticos opositores para que el Estado revise contratos y controle en forma más estricta los servicios que prestan las compañías.
”Una vez que se difundan los resultados de las revisiones y las conclusiones de la Comisión Renegociadora” de los contratos, los argentinos tendrán una visión más ajustada de las consecuencias económicas y sociales del proceso, dijo a IPS Néstor Litter, integrante del Foro de Consumidores.
Esa comisión, integrada por representantes de los ministerios de Economía y Planificación, de los entes reguladores de las empresas privatizadas y del Foro que agrupa a asociaciones de consumidores, ”no se reúne desde diciembre de 2002”, aclaró Litter, asesor del opositor bloque parlamentario Argentinos por una República de Iguales (ARI).
”Está bien que se haga un balance del incumplimiento de los concesionarios y propietarios de empresas que fueron estatales y que, posteriormente, se defina su futuro”, comentó a IPS el economista del Instituto de Estudios y Formación de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Claudio Lozano.
”Existen muchas irregularidades e ilegalidades en esos procesos y en el desempeño de las privatizadas. Eso le otorga un poder efectivo al Estado y le da margen de maniobra”, aseguró.
Aunque los servicios que prestaban muchas empresas estatales eran malos, la ciudadanía reaccionó con recelo a su venta. Ese sentimiento se sintetizó en la frase ”se están vendiendo las joyas de la abuela”, en otras palabras, una herencia común que no sería fácil recuperar.
A fines de los años 80, Argentina sufría una crisis económica arrastrada desde la dictadura militar (1976-1983) y agudizada en 1988, cuando el país dejó de pagar los intereses de deuda externa.
En 1989, el gobierno de Raúl Alfonsín era presionado por acreedores externos y grupos económicos locales, que querían recuperar beneficios recibidos en años anteriores.
El ex presidente Carlos Menem (1989-1999), quien asumió en julio de ese año en un contexto hiperinflacionario y de convulsión social, buscó el respaldo de sectores económicos nacionales y de la banca acreedora internacional, interesada en capitalizar las deudas a través de la venta de empresas públicas.
Era una política que recomendaban con énfasis a los países en desarrollo el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), los que prestaron su asistencia técnica y financiera al programa de privatizaciones.
Para superar la crisis, el gobierno reclamó herramientas excepcionales al Poder Legislativo, que sancionó sin dilaciones las leyes de reforma del Estado.
Esa reforma autorizaba la venta o concesión de empresas estatales y contemplaba el sistema de capitalización de la deuda como forma de pago.
A su vez, la ley de Emergencia Económica permitió al Poder Ejecutivo legislar por decreto, sin tener que recurrir al parlamento.
Pero antes de traspasar las empresas públicas al sector privado, el gobierno elevó considerablemente las tarifas y transfirió al Estado sus pasivos, unos 20.000 millones de dólares que representaron un enorme egreso fiscal.
Según un estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), las privatizaciones en Argentina se caracterizaron por beneficiar al mismo sector que consolidó su poder económico durante la dictadura, aunque ahora aparecían como socios la banca extranjera y compañías trasnacionales.
Otro rasgo distintivo, apunta FLACSO, fue el control de resortes jurídicos e institucionales necesarios para la instrumentación del proyecto, lo que implicó subordinar facultades de los poderes Legislativo y Judicial.
Los marcados aumentos de precios de los servicios, sumados a marcos regulatorios débiles y a una permanente renegociación de contratos, favorecieron a las empresas prestatarias, según indica el trabajo de FLACSO.
En ese sentido, apuntó Lozano, ”la revisión debe abarcar las tarifas de las (compañías) privatizadas y el uso que hacen de los recursos naturales, en particular de aquellos que no son renovables”.
Entre 1993 y 2000, las 200 mayores empresas de Argentina obtuvieron ganancias de 28.441 millones de dólares, de los cuales 56,8 por ciento correspondió a las privatizadas, 26,3 por ciento a firmas vinculadas a éstas y 16,9 por ciento a otras compañías.
”El traslado a las tarifas que pagan los usuarios de las variaciones de precios de Estados Unidos les permitió a las (empresas) privatizadas apropiarse de unos 9.000 millones de dólares hasta fines de 2000”, afirma un estudio de ARI.
En los años 90 la inflación casi desapareció en Argentina, sin embargo las tarifas de los servicios se incrementaron según el ritmo inflacionario en Estados Unidos, constituyendo una fuente adicional de ganancias para las empresas prestatarias.
Además, ”las privatizadas enviaron 70 por ciento de sus utilidades al exterior”, al tiempo que no cumplían con las inversiones y el pago de cánones al Estado, previstos en los contratos.
Asimismo, las compañías realizaban fuertes importaciones de insumos y bienes producidos por firmas asociadas, por lo cual contrajeron grandes deudas en dólares e infringieron la ley que las obligaba a dar prioridad a productos argentinos en sus compras.
Poco después de asumir la presidencia el 25 de mayo, Kirchner anunció que no renovaría los contratos a los concesionarios de peajes en carreteras nacionales, por no haber cumplido con 65 por ciento de las obras e inversiones comprometidas en los convenios.
Además, decidió dejar sin efecto la renegociación que, apenas días antes, había acordado su antecesor Eduardo Duhalde con el grupo Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000).
Los propietarios de AA2000 son el empresario argentino Eduardo Eurnekian, la panameña Corporación América Sudamericana y el Estado italiano, a través de SEA-Aeropuerto de Milán, con 28 por ciento de las acciones.
Tras ganar una licitación en febrero de 1998, AA2000 se había comprometido a abonar un canon anual equivalente a 171 millones de dólares, y a invertir 562 millones de dólares en los primeros cuatro años.
A través de un decreto, Duhalde estableció en 2002 la dolarización de las tasas que pagan pasajeros y compañías aéreas a los aeropuertos, medida rechazada por asociaciones de consumidores y organismos de control, y sobre la que está pendiente un fallo judicial.
A fines del año pasado, los concesionarios debían el equivalente a 102 millones de dólares, ya que sólo habían cumplido con el canon del primer año, y tampoco habían completado las inversiones pactadas.
Pero Duhalde decidió rebajar el canon anual a unos 23,5 millones de dólares y eximir al grupo de la obligación de trasladar el aeroparque Jorge Newbery fuera de la ciudad de Buenos Aires, una exigencia del contrato fundada en razones de seguridad.
En agosto de 1999, 15 meses después de que AA2000 se hiciera cargo de las terminales aéreas, un avión se salió de la corta pista del aeroparque, enclavado en una zona densamente poblada, y mató a 67 personas, destrozó avenidas, automóviles y un campo deportivo repleto de jugadores.
