Organizaciones defensoras de los derechos humanos de Argentina creen que aprobar un proyecto de ley antiterrorista presentado por un senador del gobernante Partido Justicialista tendría graves consecuencias para el Estado de derecho.
La lucha contra el terrorismo no puede constituirse en una nueva razón de Estado para avasallar los derechos humanos, destacaron el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación por los Derechos Civiles, entre otras entidades.
El proyecto del senador Miguel Angel Pichetto ”va contra la legislación vigente, contra las garantías constitucionales, procesales y penales, y contra los instrumentos de derechos humanos”, dijo a IPS Carolina Varsky, del CELS.
El proyecto del representante de la austral provincia de Río Negro habilita al Poder Ejecutivo a declarar el estado de sitio o de excepción sin intervención del Congreso, y también le permite convocar a las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad interna ante una ”emergencia terrorista”.
Eso va contra la aspiración de desmilitarizar la seguridad interior y establecer que la defensa nacional es la única tarea de las Fuerzas Armadas, planteada por defensores de los derechos humanos y por políticos de muchos partidos tras la última dictadura militar (1976-1983).
En lo que hace a la investigación de ciudadanos, Pichetto propone que se autoricen intervenciones en las comunicaciones telefónicas, postales o de ”cualquier naturaleza” sin que medie orden judicial.
La ley eximiría al Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) de limitaciones que le impone la legislación vigente, para permitirle obtener o almacenar información sobre personas en función de su raza, fe religiosa, acciones privadas u opinión política.
El SIN también podría recabar datos personales debido a la adhesión o pertenencia de ciudadanos a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, o por cualquier otra actividad lícita que desarrollen.
Pichetto propone aplicar reclusión perpetua, la pena máxima del ordenamiento jurídico argentino, tanto a quienes cometan actos de terrorismo como a quienes tengan conocimiento de acciones inminentes o futuras y no informen sobre ello a las autoridades.
”Muchos países en los que el fenómeno terrorista adquirió dimensiones importantes cayeron en la tentación de adoptar legislaciones penales de emergencia que tienden a afectar el sistema de garantías procesales”, sostuvo el CELS en una nota presentada al Senado.
Para esa organización no gubernamental, los riesgos del modelo ”penal de emergencia” se fundan en que no trata a los infractores como ciudadanos a los que corresponde una pena, ”sino como enemigos, como meras fuentes de peligro que deben ser neutralizadas del modo que sea”.
En los años 90, hubo en Argentina dos grandes atentados terroristas que todavía no han sido esclarecidos.
El primero fue contra la embajada de Israel, el 11 de marzo de 1992, y provocó la muerte de 12 personas. Dos años más tarde, el 18 de julio de 1994, una explosión destruyó la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina. Allí murieron 85 personas y cientos resultaron heridas.
Dirigentes de la Delegación de Asociaciones Israelitas de Argentina (DAIA) se entrevistaron con el presidente Néstor Kichner y le pidieron la sanción de una ”ley general antiterrorista”, dijo a IPS el presidente de ese grupo, José Hercman, quien aseguró no conocer el proyecto de Pichetto.
”No apoyamos ni dejamos de apoyar un proyecto específico. Coincidimos con las recomendaciones que surgieron de la OEA (Organización de Estados Americanos), durante el encuentro del año pasado en Barbados”, agregó.
La OEA aprobó en esa reunión la Primera Convención Interamericana contra el Terrorismo, por la cual los Estados parte se comprometieron a intensificar el intercambio de datos de inteligencia y los controles fronterizos, así como a confiscar fondos y bienes de grupos terroristas o vinculados con ellos.
Los firmantes de ese documento también acordaron no dar asilo político ni considerar refugiado a quien sea sospechoso de terrorismo, al tiempo que excluyeron, por primera vez, la invocación de razones políticas para negar la extradición de acusados de esos delitos.
”Nosotros agregamos que el terrorismo debería ser considerado un crimen de lesa humanidad para que sea imprescriptible”, apuntó Hercman.
Pero el presidente de la DAIA fue enfático al afirmar que esa entidad, representante política de la comunidad judía argentina, ”no va a apoyar nada que restrinja las libertades constitucionales o que pueda ser usado como pretexto con fines diferentes”.
Sin embargo, alegó Varsky, Argentina ”cuenta con leyes de seguridad interior, de inteligencia y de defensa que son adecuadas para prevenir e investigar los delitos del terrorismo y para sancionar a los responsables”.
”No es necesario sancionar una ley antiterrorista que le otorgue al gobierno facultades de carácter excepcional”, como propone Pichetto, porque de aprobarse, ”nadie podrá salir a la calle con tranquilidad”, sostuvo.
De acuerdo con el CELS, el proyecto también viola la garantía constitucional contra las detenciones arbitrarias, ya que establece que ”todo extranjero ilegal (inmigrante irregular) sospechado (sospechoso) de terrorista o de actos relacionados con el crimen organizado” podrá ser detenido durante 72 horas.
De aprobarse esta ley, concluyó el CELS, ”el Estado argentino estaría violando los compromisos internacionales y retrocediendo en la vigencia del Estado de derecho y las instituciones democráticas”.
