El oficialismo de Venezuela busca desactivar la Mesa de Negociación con la oposición y llevar el asunto al parlamento, en vísperas de la visita de vicecancilleres del Grupo de Países Amigos que impulsan una solución a la crisis.
”Estamos planteando que continúe la negociación a través de organismos propios. El diálogo debe ir a la instancia natural y constitucional, (que es) la Asamblea Nacional (legislativa) por su característica plural”, explicó Omar Mezza, portavoz del gobernante Movimiento V República (MVR).
La llamada Mesa de Negociación y Acuerdo ”cumplió su papel para apaciguar el clima político y ahora le toca al turno a la Asamblea”, comentó a IPS el vicepresidente del parlamento, Ricardo Gutiérrez, del también oficialista Podemos.
”Ese diálogo fue útil y no desmerecemos los esfuerzos del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria”, impulsor de la Mesa, añadió.
Gaviria diseñó esa estrategia para evitar que la crisis política volviera a embestir contra la institucionalidad como en abril del año pasado, cuando un movimiento cívico-militar dejó fuera del gobierno por dos días al presidente Hugo Chávez.
El 4 de noviembre comenzó sus trabajos la Mesa de Negociación, guiada por el propio Gaviria, en compañía de delegados del estadounidense Centro Carter y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Sin embargo, esa instancia de conversaciones entre delegados del gobierno y de la opositora Coordinadora Democrática no pudo detener la huelga de dos meses declarada el 2 de diciembre por la asociación empresarial Fedecámaras y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV).
La Coordinadora Democrática, en pie de guerra contra Chávez desde el año pasado, está conformada por 18 partidos políticos, una veintena de asociaciones civiles, Fedecámaras y la CTV.
Ante el fracaso inicial de la Mesa y a instancias del gobierno brasileño de Luiz Inácio Lula da Silva, que asumió el 1 de enero, se constituyó ese mes el Grupo de Países Amigos del secretario general de la OEA para el caso Venezuela.
El Grupo está integrado por las cancillerías de Brasil, Chile, España, Estados Unidos, México y Portugal.
Así, la canciller chilena Soledad Alvear informó que el Grupo de Países Amigos, que ha efectuado reuniones en Washington, Caracas y Brasilia para animar la búsqueda de acuerdos en la Mesa, se encontrará nuevamente este jueves en la capital venezolana.
El delegado brasileño Gilberto Saboia se adelantó este martes a Caracas para conocer las propuestas del oficialismo, para lo cual se entrevistó con cuatro de sus seis delegados a la Mesa, el vicepresidente José Vicente Rangel, el canciller Roy Chaderton y los ministros Aristóbulo Istúriz, de Eduación, y María Iglesias, de Trabajo.
Mientras, José Albornoz, secretario general de Patria Para Todos, otro partido oficialista, entiende que ”la Mesa está muerta y la oposición le ha dado una puñalada porque los delegados de la Coordinadora Democrática no representan a toda la oposición”.
Gutiérrez coincidió con Albornoz al señalar que ”también en el parlamento hay ahora un clima que no existía cuando se instaló la Mesa”, por eso ”el diálogo y la búsqueda de acuerdos deben continuar allí, para restablecer en el país el clima de normalidad y de concertación”.
A su vez, Timoteo Zambrano, uno de los seis representantes de la oposición en la Mesa, dijo a IPS que ”el gobierno lo que busca es evitar la colaboración externa y quitarse el peso de la observación internacional sobre la crisis venezolana”.
El asesor jurídico de la representación opositora, Juan Raffalli, también advirtió que ”en el parlamento hay trabas de procedimiento, de modo que no pueda debatirse algo que al gobierno no le interese”.
En el parlamento unicameral de 165 escaños, los partidos de gobierno suman 84 diputados, 79 la oposición y dos son independientes aunque proclives al oficialismo.
La Mesa llegó en abril a un ”pre-acuerdo” para encaminar la crisis hacia una salida electoral en forma de referendo para dirimir la continuidad o no del mandato presidencial de Chávez, iniciado en 2000 y que finaliza en 2006.
El 11 de este mes el Grupo de Amigos saludó que se hubiese alcanzado ese proyecto de convenio.
Pero la delegación oficialista objetó aspectos como la supervisión internacional del proceso electoral y que se tratase de revocar sólo el mandato de Chávez sin incluir el de alcaldes y gobernadores de estados que ya han completado la mitad de su periodo.
La Constitución de 1999, impulsada por Chávez, establece que todo mandato de elección popular puede ser sometido a referendo una vez transcurrida la mitad del lapso correspondiente, si así lo solicitan las firmas de al menos 20 por ciento del padrón electoral, entre otros requisitos.
El 19 de agosto, cuando Chávez llegue a la mitad de su período de gobierno, puede activarse el mecanismo.
En caso de prosperar esa iniciativa, se debería organizar el referendo a fines de año y, si Chávez perdiese esa consulta, debe entregar el cargo para que se convoque a nuevas elecciones presidenciales.
Si el referendo se realizase después de julio de 2004 y lo perdiese Chávez, entonces ocuparía su lugar el vicepresidente, que es de libre nombramiento y remoción por el presidente.
Ese marco explica la prisa de la oposición y el desgano del gobierno porque se acelere una consulta electoral.
Pero la oposición enfrenta problemas internos. El fin de semana pasado Henrique Salas y su partido Proyecto Venezuela reclamaron el derecho a optar por la candidatura presidencial y el liderazgo frente a Chávez, y se apartaron de la Coordinadora Democrática.
La medida dio base al oficialismo para señalar la inconveniencia de negociar con una entidad que sólo representa a una parte de la oposición.
