Hace 15 años, Jinaemon Sugawara decidió que ya no toleraría más volantes ni afiches obscenos con ofertas de servicios sexuales en su natal Sendai, una ciudad turística del norte de Japón.
Resolvió entonces crear un grupo de voluntarios para arrancar esos anuncios de las muros de los edificios, las cabinas telefónicas y los bancos de lugares públicos.
El grupo se llama Pink Chirashi Bokumetsu Sushin Kai, es decir, movimiento para erradicar la publicidad rosa que ofrece prostitución ilegal.
Cada noche, Sugawara y sus socios comienzan a patrullar las calles de Sendai a eso de las 8 pm, y terminan unas cuatro horas después, después de haber llenado unos 45 botes de basura con afiches de contenido sexual.
En la calle Kokubuncho de Sendai se encuentra una de las mayores concentraciones de bares y clubes nocturnos del país. La ciudad está casi siempre empapelada con miles de afiches que muestran a mujeres jóvenes ofreciendo su compañía a hombres solitarios.
Sugawara tiene ahora 80 años, pero no por eso está menos determinado. Amo a mi ciudad y por eso decidí lanzar este servicio voluntario junto con otras personas, declaró el ex presidente de la comunidad de la calle Kokubuncho.
Estábamos todos hartos de esta flagrante exhibición de servicios sexuales, que da una mala imagen a la ciudad y corrompe a los jóvenes, agregó.
Algunos anuncios son tan pequeños como un sello postal, pero igualmente cumplen su función al exhibir una fotografía de una joven sonriente y un número telefónico. Por pequeños que sean, no escapan a la atención del grupo de voluntarios.
Sugawara admitió que pese al duro trabajo que realiza, su grupo no ha podido limpiar las calles del vecindario de la prostitución.
Los avisos representan una enorme industria clandestina del sexo, por eso aparecen tan pronto como desaparecen, lamentó. Sin embargo, advirtió, eso no significa que vayamos a rendirnos.
Esta actitud obligó a las autoridades a tomar ciertas medidas. En abril de 2000, la policía comenzó a cobrar multas de hasta un millón de yenes (8.290 dólares) por pegar afiches.
Las multas son indispensbles para nuestra campaña, declaró Masahiro Ninagawa, líder del Grupo para la Limpieza de Roppongi, otra iniciativa comunitaria para mantener al centro nocturno de Tokio libre de publicidad obscena.
El grupo de 20 miembros de Ninagawa patrulla las calles cada noche entre las 8 y las 10 p.m., arrancando los afiches de paredes y quioscos de la capital.
El número de anuncios se redujo, pero no mucho, contó Ninagawa. Nuestro movimiento tiende sobre todo a informar a la gente de la necesidad de proteger la moral. Este mensaje es importante en nuestros esuferzos contra la prostitución, explicó.
Los grupos como los organizados por Sugawara y Ninagawa reciben un apoyo poco generoso de las autoridades y menos aun de la prensa, aunque la venta de servicios sexuales está prohibida por la Ley de Prevención de la Prostitución, de 1956.
Se estima que la industria sexual de Japón mueve unos 16.000 millones de dólares al año, administrados por una amplia red de organizaciones criminales.
Según la Agencia Nacional de Policía, el número de negocios especializados en compañías femeninas aumentó de 2.584 registrados en 1999 a 12.251 a fines de 2002.
Pese a denuncias de asesinatos y ataques físicos contra mujeres que trabajan en la industria, la policía en general no interfiere con estas actividades de la mafia.
El gobierno tolera la industria sexual por los grandes ingresos que genera, afirmó Kazuko Furuta, director de la Asociación de Mujeres del Nuevo Japón, un grupo que promueve la igualdad de género.
La mayor parte de los ingresos se derivan de impuestos establecidos por la Ley Revisada de Control de Establecimientos de Entretenimiento, de abril de 1999.
Pero la actitud complaciente de las autoridades está comenzando a cambiar debido al aumento de la delincuencia, la participación de adolescentes en la prostitución y el aumento de los casos de VIH/sida, señaló Furuta.
Con la situación fuera de control, las autoridades finalmente comienzan a tomar algunas medidas, dijo.
La ley de abril de 1999 está dirigida a vigilar de cerca las actividades de los establecimientos que ofrecen servicios sexuales.
Pero si nos ponemos demasiado estrictos, estos negocios seguirán funcionando en la clandestinidad y esto causará más problemas, declaró un funcionario de la Agencia Nacional de Policía. (
