Tsunefuke Kurayama pertenece a un grupo inusual en Japón: uno que llevó a 10 policías ante la justicia por malversación de cuatro millones de yenes (unos 35.000 dólares) pertenecientes a las arcas del Estado.
Pero ése no fue el único logro de Settai Shimin Ombudsman, un grupo de 20 miembros establecido en la septentrional ciudad de Sendai que vigila el uso de los fondos públicos. En mayo de 2002, la organización acusó a tres policías de malversar 12.000 dólares mediante registros falsos y un juez les ordenó devolverlos.
Estas son victorias pequeñas pero importantes para la sociedad civil de Japón.
Settai Shimin Ombudsman se basó en la Ley de Divulgación de Información, que entró en vigor en abril de 2001, para buscar material que le permitiera descubrir a policías corruptos.
Kurayama quiere aprovechar al máximo la nueva ley, de la cual es un acérrimo defensor. Poder controlar el uso de los impuestos y tener acceso a documentos que antes eran reservados marca una diferencia, dice.
Para su grupo, la diferencia radica en asegurar que las autoridades tengan un papel responsable en la sociedad y que la policía tenga la obligación de rendir cuentas.
La malversación de impuestos forma parte importante de la corrupción en Japón, por eso constituye la prioridad de los ciudadanos preocupados por este fenómeno.
Los números lo prueban: las solicitudes de divulgación llegaron a 30.000 el año pasado, y más de 18.000 de ellas se presentaron ante la Agencia Nacional Impositiva, reveló una encuesta realizada en 2002 por el Ministerio de Administración Pública, Asuntos Interiores, Correo y Telecomunicaciones.
Sin embargo, debieron pasar 20 años de lucha e intensa campaña de activistas, académicos y organizaciones de consumidores para que la ley fuera elaborada y aprobada.
Ahora, un ciudadano puede pedir que organismos del gobierno central, gobiernos locales, hospitales y otras instituciones públicas divulguen información clasificada.
Además, si quien tiene la información rechaza la solicitud, el ciudadano puede presentar una queja ante un panel independiente de jueces. Es un cambio radical respecto de la situación de hace apenas cinco años.
No hay duda de que el cambio de gobierno del conservador Partido Liberal Democrático a otro controlado por partidos socialistas tuvo que ver en el nacimiento de la nueva ley, comentó Yukiko Miki, de la Casa de la Información Transparente, una organización de base popular.
Tradicionalmente, la sociedad japonesa confiaba en el gobierno. Ahora, la nueva ley y su creciente uso desafían a la estructura sociopolítica vertical, para mejor, según observadores.
El concepto de autoridad está firmemente arraigado en la sociedad japonesa, por eso los burócratas han controlado la información por tanto tiempo, para promover la armonía social sobre los derechos individuales, explicó Miki.
Este sistema falla cuando hay escándalos y violaciones flagrantes a los derechos humanos, por eso la libertad de información es vital en Japón, añadió.
El mecanismo de divulgación dista de ser el ideal, señalan los activistas. Entre los factores negativos está el panel independiente, integrado por 12 miembros de todos los partidos, designados por el primer ministro y aprobados por ambas cámaras de la Dieta, el parlamento japonés.
Actualmente el panel incluye a académicos, ex jueces, abogados, representantes de los medios y un contador público. En apariencia el procedimiento es justo, pero activistas de la sociedad civil sostienen que el gobierno lo controla.
Las decisiones del panel no son obligatorias y esto debe corregirse, urgieron los críticos, al igual que la ausencia de un plazo para que las autoridades entreguen la información solicitada.
Envalentonados por la nueva ley, muchos japoneses se deciden a pedir información sobre asuntos muy variados.
Algunos reclaman que la norma se extienda al derecho de los niños adoptados a saber quiénes son sus padres biológicos, y otros piden explicaciones a hospitales sobre errores médicos.
Atsuko Nomura, directora del Grupo de Intercambio de Información de Kansai, afirmó que la ley les ayudó a recabar información importante para proteger los derechos individuales.
Empezamos a exigir información a las escuelas públicas y a los alcaldes sobre el uso de sus fondos, con el fin de asegurar que nuestros impuestos sean usados para el bien público y no para beneficio personal, explicó.
Mientras, la Red de Ciudadanos Gifu pidió información sobre sitios donde se arrojan desechos nucleares.
Gifu quiso saber exactamente dónde el Instituto de Desarrollo Nuclear de Japón planea construir nuevos vertederos de residuos radiactivos.
La respuesta fue parcial (se informó de los sitios pero no de todos los municipios candidatos), y en consecuencia el grupo entabló una acción judicial solicitando la plena revelación de la información. (
