Más de 100.000 colombianos escaparon de la guerra civil en los últimos tres años rumbo a Venezuela, donde una comisión gubernamental a instalarse se dedicará a reconocerlos como refugiados para brindarles una adecuada asistencia.
La Comisión Nacional prevista en la ley de refugiados, aprobada en 2001, ya está nombrada y comenzará a actuar en breve, informó María Virginia Trimarco, delegada del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), tras reunirse con el vicepresidente venezolano José Vicente Rangel.
Acnur trata de que se establezca ”una forma de legalización para los solicitantes de refugio, que les permita ejercer sus derechos, y trabaja sobre puntos focales en zonas muy deprimidas de la frontera en procura de ayuda alimentaria, alojamiento, educación y salud”, dijo Trimarco a corresponsales extranjeros.
Unas 2.000 personas se han acercado en los últimos cuatro meses a las oficinas y funcionarios de Acnur en la frontera occidental de Venezuela, interesados en que se les reconozca su condición de refugiados.
Pero ”la cifra real de desplazados por el conflicto (colombiano) puede ser infinitamente mayor y no conocerla nadie, pues se trata de personas que no sólo no se identifican como tales sino que pondrían en riesgo su vida y la de sus familias si formalmente solicitan refugio”, advirtió a IPS Carlos Correa, de la organización humanitaria Provea.
En los departamentos colombianos linderos de Venezuela, La Guajira, César, Norte de Santander, Arauca, Vichada y Guainía, viven 3,4 millones de personas, 188.000 de ellas son indígenas, mientras que los habitantes de los estados del lado venezolano, Zulia, Táchira, Apure y Amazonas, suman 4,4 millones, un cuarto de millón son nativos.
”Si la Comisión Nacional o Acnur levantan un censo de los desplazados por el conflicto colombiano pueden encontrar entre 100.000 y 150.000 personas en esa condición en Zulia, Táchira y Apure”, dijo a IPS un diplomático conocedor del tema y que pidió no divulgar su nombre.
Correa añadió que ”a la frontera no llegan masas de centenares o miles de desplazados buscando albergue en campamentos, como en otras regiones del mundo, sino individuos o pequeños grupos familiares, en una suerte de goteo, que se ubican en áreas urbanas, suburbanas o rurales de nuestros estados fronterizos”.
Sin embargo, en junio de 1999 y agosto y septiembre de 2000, centenares de colombianos de zonas bañadas por el binacional río Catatumbo, hasta 1.500 en un solo día, pasaron la frontera a unos 650 kilómetros al oeste de Caracas, para huir de fuertes combates entre la guerrilla de izquierda y los paramilitares derechistas.
Caracas rehusó en esa oportunidad, con respaldo de Bogotá, otorgar estatus de refugiados a quienes huían de la violencia colombiana y les llamó ”desplazados internos en tránsito”.
Esa decisión se tomó porque ”Venezuela no quiere ser el hospital de la guerra en Colombia”, dijo a IPS un responsable de la cancillería.
Desde la llegada a la presidencia de Colombia en agosto de Alvaro Uribe arreció la ofensiva militar contra las guerrillas, lo cual ha producido más desplazamientos de los hogares afectados por los enfrentamientos armados.
Datos de la Consultoría para los Derechos Humanos de Colombia señalan que desde 1985 han debido dejar sus hogares a causa de la guerra civil alrededor de 2,9 millones de personas, más de 400.000 de las cuales lo hicieron el año pasado.
”El incremento de la violencia en zonas de frontera ha sido significativo, dada la presencia de actores armados ilegales en esas zonas”, puntualizó Trimarco, responsable de Acnur para Ecuador, Guyana, Panamá, Perú, Suriname y Venezuela.
Acnur da cuenta de 46.000 desplazados en las zonas limítrofes del oriente colombiano, 28.000 de ellos en los municipios fronterizos con Venezuela. También informó que 48 por ciento de los desplazados colombianos son menores de 18 años y 5,4 por ciento son jefas de hogar.
”Se trata de niños, los más débiles y víctimas de todo el conflicto”, subrayó Correa.
Esa afluencia de colombianos crea problemas debido al notable crecimiento de poblaciones pequeñas. Ese el caso del área más urbana de la localidad zuleña de El Cruce, a pocos kilómetros de la frontera, que pasó de 1.000 a 2.000 habitantes en pocos meses.
Las fuentes insisten en que el arribo de desplazados de sus hogares se confunde con viajeros e inmigrantes procedentes de Colombia.
La frontera común es viva, con áreas intensamente pobladas como la ciudad venezolana de Maracaibo y la colombiana de Cúcuta, con más de un millón de habitantes cada una, y tradicionalmente grandes contingentes de trabajadores de Colombia se han empleado en labores agrícolas, domésticas y artesanales de Venezuela.
”Siempre ha sido así y reconocemos el aporte de esos trabajadores a nuestro desarrollo, pero ahora tras los desplazados vienen también los protagonistas armados del conflicto en el país vecino”, indicó a IPS Fabricio Rincón, presidente de la Asociación de Ganaderos de Machiques, un municipio del Zulia.
Parte de esos colombianos integran la ”base social” de alguno de los contendientes armados, concuerdan las fuentes, lo cual incita a la incursión de quienes combaten para favorecerlos o perseguirlos, según sea el caso.
”Uno de los problemas que ha restado visibilidad al problema es que, a diferencia de la inmigración que llegó a Venezuela en los años 70 huyendo de las dictaduras del Cono Sur de América, los desplazados del conflicto colombiano son de base delictiva, porque llegan de zonas de guerra y narcotráfico”, confió a IPS un diplomático.
El gobernador de Táchira, Ronald Blanco, asocia la guerra civil en el vecino país con el auge de la violencia en el territorio de 11.000 kilómetros cuadrados que gobierna, en el extremo sudoeste venezolano.
”Estamos siendo afectados en esta primera parte del Plan Colombia y tememos que la situación se vuelva más complicada”. El programa al que refiere es el implementado por Bogotá para luchar contra el narcotráfico y la insurgencia, con fuerte apoyo de Estados Unidos.
”Antes, cuando teníamos un muerto, se hablaba de él durante 15 días. Ahora en un solo día hemos tenido cinco muertos y en los últimos seis meses han sido asesinadas 169 personas, una cantidad nunca vista en el Táchira”, dijo Blanco.
Por eso ”es urgente que se instale la Comisión Nacional para Refugiados y empiece a trabajar” cuanto antes, agregó.
También la Asamblea Nacional (parlamento) de Venezuela exhortó a constituir el organismo, que se integrará con representantes de la cancillería y los ministerios de Interior y defensa, más observadores de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.
