Desplazados de sus hogares y activistas humanitarios de Colombia dudan que el gobierno cumpla con el fallo judicial que dispone reconocer la condición de refugiados y brindar la protección respectiva a los civiles afectados por la guerra interna.
La resolución del Consejo de Estado (supremo tribunal de lo contencioso administrativo) ordena al Estado la aplicación del derecho internacional de guerra para los casos de desplazamiento de hogares, uno de los problemas más graves provocados por el enfrentamiento armado que ya lleva más de cuatro décadas.
Este dictamen fue emitido en respuesta a la demanda presentada por Luis Sánchez, quien se vio obligado a abandonar su hogar de una zona rural del occidental departamento de Tolima a causa de las amenazas de un grupo armado irregular de la zona contra su vida.
Sánchez narró ante el tribunal que el primer sitio al que llegó con su familia luego de dejar su vivienda fue Ibagué, la capital del departamento de Tolima, donde por sugerencia de otros compañeros de éxodo se inscribió en el registro Nacional de Desplazados.
Esa inscripción es una condición indispensable para obtener ayuda estatal, pero tras largos meses de espera no recibió ninguna atención, ante lo cual presentó la demanda.
Espero que ahora el Estado cumpla con la obligación, como lo ha ordenado el fallo del tribunal y podamos recibir los beneficios a que tenemos derecho, comentó tras conocer la sentencia el 15 de este mes.
Sin embargo, no muestra igual optimismo Diosa Castro, también desplazada de su hogar desde hace cuatro años aunque de Villanueva, en el septentrional departamento de La Guajira.
Castro contó a IPS que salió de su casa con sus cuatro hijos a media noche y sólo con lo que llevábamos puesto, luego de que un grupo paramilitar de derecha llegó hasta la pequeña hacienda donde vivía con su esposo, al que asesinaron.
Ellos nos dijeron que mi compañero era auxiliador (colaborador) de la guerrilla, que por eso lo mataban y que nos daban 24 horas para salir, pues de lo contrario también a nosotros nos ejecutarían, señaló Castro.
Allá (en el extremo norte de Colombia) teníamos tierra para trabajar, que es lo que sabemos hacer, cosechábamos y con esos productos nos alimentábamos, pero nos tocó llegar a la ciudad donde la gente vive diferente y todo ha sido sufrimiento, se lamentó esta mujer de 45 años.
Castro explicó que recibió una ayuda de emergencia hace tres años, cuando llegó a Barranquilla, pero después todo el mundo se olvidó de nosotros y no hay quién nos resuelva el problema de sobrevivencia.
Barranquilla es la principal ciudad industrial del norte del país y también la mayor receptora de población desplazada de esa región, pero, según el defensor del pueblo (ombudsman) Alfredo Palencia, no cuenta con las condiciones sanitarias ni económicas para atender tanta demanda.
Palencia pidió al gobierno central mayores recursos económicos para atender a casi 12.000 personas desplazadas de sus hogares que están estacionadas en Barranquilla y en su área periférica y que requieren de atención humanitaria urgente.
En el fallo del Consejo de Estado a favor de Sánchez se ordena a la Red de Solidaridad, el organismo gubernamental encargado de amparar a desplazados, prestar ayuda humanitaria para atender las necesidades básicas de alimento, vestuario, alojamiento digno, salud y educación para los hijos menores del demandante.
Este pronunciamiento es importante porque da base a una interpretación jurídica que homologa al estatus de refugiado a los desplazados por el conflicto interno y obliga al Estado a prestarles la atención humanitaria que merecen, dijo a IPS el presidente de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), Jorge Rojas.
Según Rojas, a partir de esa sentencia del tribunal en lo contencioso el Estado está obligado a satisfacer las necesidades básicas de la población desplazada y a investigar cuál es su situación, y no es el desplazado quien tiene que demostrar su condición, como ocurre hasta ahora.
De este modo la justicia ha querido señalar que el Estado es responsable de la situación de los desplazados por no haber podido brindar las condiciones de seguridad a que todo colombiano tiene derecho en sus lugares de origen, añadió.
Jesús Carrillo, el juez ponente del fallo, sostuvo que en el caso de Sánchez, la Red de Solidaridad omitió el cumplimiento del deber de promover con las entidades que integran el sistema de atención a la población desplazada las acciones necesarias para que éstos puedan tener una vida digna.
A menudo, las disposiciones legales que amparan a esa población, cercana a los tres millones de personas, son muy formales y les piden que presenten pruebas de que efectivamente son desplazados, sin tener en cuenta que sufren las consecuencias directas de la guerra y abandonan sus casas muchas veces aún sin sus documentos de identificación, apuntó el magistrado.
Por su parte, Rojas puntualizó que aún el gobierno de Alvaro Uribe no ha hecho ningún pronunciamiento y dudó que la Red de Solidaridad cuente con recursos para atender la demanda de los desplazados por la guerra civil.
La Red utilizó casi 10 millones de dólares en 2002 para atender a los desplazados, que equivale al gasto de un día del presupuesto militar, según analistas.
Pero este año la crisis económica llevará a que el presupuesto general, de 25.509 millones de dólares, sufra una reducción de 40 por ciento, lo cual afectará a todas las entidades estatales.
Según Codhes, el recrudecimiento de la guerra civil, tras la ruptura a comienzos de 2002 de las negociaciones con las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, llevó a que 412.000 personas debieran abandonar sus hogares, un promedio de 1.140 por día, frente a la media de 300.000 registrada en años anteriores.
Las cifras oficiales indican que en Colombia hay cerca de un millón de personas fuera de sus lugares de origen a causa del conflicto armado interno, mientras Codhes señala que esa cantidad se eleva a casi tres millones.
Un informe presentado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) el año pasado indicó que 21.800 colombianos cruzaron las fronteras de Ecuador, Venezuela y Panamá para escapar de las amenazas de los grupos armados.
La crisis humanitaria que afronta Colombia llevó a que Acnur firmara el día 15 en Ginebra un acuerdo con el Senado colombiano para asesorar y capacitar en el diseño de un mecanismo de protección de los derechos de los desplazados internos del país.
También se buscará prevenir el abandono forzado de las viviendas y brindarles apoyo.
