El gobierno de Cuba calificó este miércoles de irracional acto de venganza la expulsión de 14 de sus diplomáticos destacados en Estados Unidos y advirtió que se tomará el tiempo necesario para responder a la provocación.
Analistas cubanos consideran que el gobierno de Fidel Castro podría reaccionar con una medida similar, aunque quizás opte por la cautela y evite medidas que afecten la emigración hacia Estados Unidos, regulada por acuerdos bilaterales de 1994 y 1995.
El gobierno de George W. Bush declaró el martes personas no gratas a siete funcionarios de la Oficina de Intereses Cubanos en Washington, a quienes dio un plazo de 10 días para abandonar el país.
Otros siete diplomáticos de la representación cubana ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Nueva York, también deberán regresar a Cuba, luego que el lunes fueron acusados por Washington de desarrollar actividades lesivas a Estados Unidos. Una reducción de personal en la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana (SINA) podría interferir en el trabajo de los visados a inmigrantes cubanos, dijo a IPS un académico especialista en la materia que prefirió no ser identificado.
Autoridades de Cuba se quejan de que Estados Unidos no cumple con los acuerdos migratorios al no conceder las 20.000 visas anuales a emigrantes cubanos, estipuladas en ellos.
A su vez, Washington asegura que cumplirá ese compromiso, aunque desde junio pasado existe una revisión más estricta de las solicitudes de visa, por disposiciones vigentes contra Cuba y otras seis naciones que propician, a su juicio, actividades terroristas.
En un comunicado, la cancillería cubana interpretó las expulsiones como una prueba más de que se está ejecutando contra Cuba un plan dirigido a sabotear los acuerdos migratorios, crear una crisis y propiciar una confrontación entre los dos países.
La expulsión de los diplomáticos cubanos persigue el objetivo de provocar una escalada que culmine con el cierre de las Secciones de Intereses en ambos países, tal y como han reclamado históricamente los grupos terroristas de la mafia anticubana de Miami, añadió el texto oficial.
En marzo, el gobierno cubano había acusado al jefe de la SINA, James Cason, de convertir esa delegación en cuartel general de actividades subversivas contra el régimen de la isla.
Pero más allá de ese y otros ataques verbales, La Habana ordenó la detención y enjuiciamiento de más de 70 opositores presuntamente vinculados a esa conspiración, en lugar de adoptar medidas directas contra Cason u otros diplomáticos estadounidenses.
Simultáneamente, y en reciprocidad a disposiciones similares adoptadas contra diplomáticos cubanos en Estados Unidos, La Habana limitó el movimiento del personal de la SINA por el territorio cubano.
El jefe de la Sección de Intereses Cubanos, Dagoberto Rodríguez, no figura entre los expulsados, de modo que una aplicación estrictamente formal de la reciprocidad seguiría excluyendo la salida de Cason, comentó la fuente consultada.
En aplicación de esa fórmula, considerada propia de la guerra fría, Washington informó esta semana a autoridades cubanas que, a partir de ahora, sus diplomáticos deberán acudir al Departamento de Estado para contratar personal de servicio.
Asimismo, tendrán que importar sus automóviles en vez de adquirirlos en el mercado estadounidense. Los diplomáticos estadounidenses en La Habana también están obligados a importar su parque automotor y deben solicitar servicios de cualquier tipo a la cancillería cubana.
No obstante, Cuba se abstuvo de aplicar la reciprocidad cuando, seis meses atrás, el gobierno de Bush deportó a cuatro funcionarios cubanos, dos de la Sección de Intereses en Washington, y dos de la misión en la ONU.
En la representación estadounidense en La Habana hay 51 funcionarios, incluido un pequeño contingente de infantes de marina (marines). A su vez, Cuba tiene 26 funcionarios en Washington y 37 en su representación ante la ONU.
Las oficinas de intereses se establecieron en 1977, para atender primordialmente asuntos consulares, además de facilitar el mantenimiento en las respectivas capitales de una presencia diplomática de importancia estratégica para dos países en permanente conflicto y sin relaciones políticas.
Según analistas cubanos, el gobierno de Bush está buscando aliviar los costos políticos de las medidas que adopta hacia el país caribeño de régimen socialista, sin perder de vista la importancia de los votos de inmigrantes cubanos del meridional estado de Florida, vitales para una eventual reelección presidencial.
La gran mayoría de los inmigrantes cubanos en Estados Unidos, más de un millón, y sus descendientes residen Florida, santuario de los sectores más radicalmente adversos al gobierno de Castro.
Entre las nuevas sanciones que Bush podría aplicar a La Habana figuran limitaciones de los vuelos privados y del envío de remesas de los cubanos en Estados Unidos a sus familias en Cuba, una importante fuente de recursos para este país isleño.
Pero economistas consideran poco prácticas ambas restricciones. Si no hay vuelos directos, la gente va a seguir viajando por terceros países, comentó un investigador.
Según sus cuentas, el año pasado visitaron Cuba 120.000 cubano- estadounidenses y 78.000 estadounidenses.
En cuanto a las remesas, el economista recordó que más de la mitad de los 1.100 millones de dólares que llegan anualmente por ese concepto viene en los bolsillos y carteras de los viajeros.
