ARGENTINA: Indulto final levanta polvareda

Polémicas y el rechazo del gobierno entrante de Argentina desató este martes el indulto concedido por el presidente Eduardo Duhalde al militar insubordinado Mohamed Alí Seineldín y al ex líder guerrillero Enrique Gorriarán Merlo.

Este perdón ”es un aporte a la pacificación definitiva del país, una medida excepcional que trata de cerrar un capítulo oscuro de una historia de enfrentamientos y violencia entre hermanos”, justificó el jefe de gabinete del gobierno saliente, Alfredo Atanasof.

Duhalde reconoció que el indulto era ”controvertido”, pero aseguró que fue muy ”meditado”, pues lo analizó durante ”un año”.

Pero el presidente electo Néstor Kirchner, que reemplazará el próximo domingo a Duhalde, no piensa lo mismo y no dudó en manifestar su total desacuerdo con la decisión que beneficia a dos figuras asociadas a décadas de violencia política y que opacaron la transición a la democracia.

”Nunca estuve de acuerdo con los indultos, no comparto la idea de generar impunidad por más buenas intenciones que haya detrás de esta decisión”, añadió Kirchner, en referencia a la misma prerrogativa presidencial usada por Carlos Menem (1989-1999) para sacar de la cárcel a los jefes de la dictadura militar (1976- 1983).

También la presidenta de la asociación humanitaria Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, criticó la decisión de Duhalde. ”Si se hace por una cuestión humanitaria podrían otorgarles prisión domiciliaria, pero no indultarlos con argumentos insostenibles sobre una presunta pacificación”, apuntó.

A juicio del profesor de teoría política Atilio Borón, de la Universidad de Buenos Aires, no se entienden las razones de indultos que nadie reclamaba y que no tienen consenso. ”La gente no estaba preocupada por eso”, sostuvo.

El indulto alcanzó además a otros siete militares y a 16 civiles que participaron en hechos de violencia política a fines de los años 80 y comienzos de los 90, algunos de los cuales ya habían sido puestos en libertad condicional.

Gorriarán Merlo, de 63 años, es uno de los escasos jefes sobrevivientes del insurgente Ejército Revolucionario del Pueblo, que actuó a fines de los años 60 y parte de los 70.

En 1980 participó del comando que asesinó en Paraguay al ex dictador nicaragüense Anastasio Somoza, ”vaciándole un cargador en la cabeza”, según se jactó en más de una oportunidad.

Tiempo después creó en Argentina el izquierdista Movimiento Todos por la Patria (MTP), que en enero de 1989 intentó tomar el hoy desaparecido cuartel del ejército de La Tablada, en las afueras de Buenos Aires, con el argumento de que se gestaba un golpe de Estado contra el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989).

Por ese ataque, donde murieron 28 civiles y 11 militares, fueron condenados unos 20 militantes del MTP, en aplicación de la ley de Defensa de la Democracia, cuestionada por no contemplar la apelación de los fallos de primera instancia.

El líder del MTP fue ubicado finalmente en 1995 en México, apresado de modo irregular por fuerzas de ese país y enviado a Argentina con la excusa de no contar con documentos de residencia.

En 1997, Gorriarán Merlo fue condenado a reclusión perpetua como autor intelectual del ataque a La Tablada.

Por su parte, Seineldín, de 69 años, comandó en 1990 una sublevación de parte de la fuerza militar contra el entonces primer gobierno de Menem, que dejó un saldo de 14 personas muertas y otras 350 heridas.

Desde ese año purgaba también una condena de reclusión perpetua, pero desde diciembre había obtenido el beneficio de salir cada día de prisión para trabajar.

Marta Ceballos, la madre del teniente coronel Federico Pedernera, que murió en la asonada liderada por Seineldín en el Regimiento I de Buenos Aires, comentó este martes que no se sentía apenada por el indulto.

”A mí no me hace feliz la desgracia ajena, y creo que los culpables y sus familias ya pagaron por lo que hicieron”, señaló.

Seineldín también fue condenado por la cuestionada ley de Defensa de la Democracia, impulsada por el propio Alfonsín para frenar una serie de sucesivas asonadas militares contra su gobierno.

Durante el gobierno de Alfonsín, al retorno a la democracia en 1983, los ex jefes de la dictadura militar fueron enjuiciados por secuestro, tortura, asesinatos y otras graves violaciones de los derechos humanos.

Los posteriores juicios a subalternos fueron un factor de desestabilización para la administración Alfonsín, que debió enfrentar dos sublevaciones militares destinadas a frenar miles de procesos contra oficiales y suboficiales que actuaron en la represión ilegal.

La primera estuvo liderada en 1987 por el entonces coronel Aldo Rico y la segunda en 1988 por Seineldín.

El grupo de Rico dio a los levantamientos militares el mote de ”carapintadas”, ya que actuaron con el rostro untado de betún por pertenecer a formaciones especiales.

Los militares sublevados consiguieron finalmente que Alfonsín impulsara las leyes de amnistía, que alejaron de los estrados judiciales a todos los acusados de delitos contra la humanidad. Pero los reclamos continuaron.

En 1990, con Menem en la presidencia y perdonados los ex comandantes, Seineldín, quien también se había beneficiado con ese indulto, se insubordinó contra el gobierno. La decisión de Menem fue entonces la de reprimir el alzamiento y ordenar el juzgamiento del jefe rebelde.

Poco antes de la última asonada, fue que el MTP organizó su intento de copamiento de La Tablada con el pretexto de que allí se gestaba uno de esos levantamientos.

Gorriarán Merlo había iniciado este mes una huelga de hambre para exigir su libertad por entender que la ley aplicada en su condena violaba compromisos internacionales asumidos por el país, como señalara la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La Comisión consideró irregular tanto la detención como el juicio del ex jefe guerrillero, porque le fue impedida la apelación, y recomendó a los sucesivos gobiernos que analizaran su posible libertad. Este año se sumó al pedido el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

También reclamaron en ese mismo sentido el premio Nobel de Literatura José Saramago y los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, y Vicente Fox, de México. (

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