Residentes de la ciudad de Las Toscas, en la noroccidental provincia argentina de Santa Fe, esperan este año el fallo definitivo sobre un litigio iniciado contra una empresa curtidora acusada de verter residuos tóxicos al ambiente.
La demanda encabezada por 150 personas afectadas se presentó en julio de 2001 contra la curtiduría Arlei y contó con fallos judiciales favorables en primera y segunda instancia.
Resta ahora el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, explicó a Tierramérica el abogado de los litigantes, Santiago Kaplun. La justicia trabó un embargo preventivo sobre la propiedad, a la espera de un fallo del máximo tribunal.
Instalada en 1990, la curtiduría Arlei es la empresa más importante de la ciudad de Las Toscas, en el norte de Santa Fe. Emplea a unos 1.200 operarios, en un centro urbano de 10.000 habitantes y es de las primeras exportadoras de cuero del país.
En 1998, la firma requirió un crédito de seis millones de dólares a la Corporación Interamericana de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo para ampliar su producción.
Pero la entidad condicionó la asistencia a la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales para frenar el derrame de cromo al ambiente, que finalmente se inauguró en 2000.
Consultados por Tierramérica, voceros de la empresa declinaron hacer comentarios para esta nota. Indicaron que no harán declaraciones ”mientras la controversia se encuentre en el ámbito de la justicia y ésta no se haya expedido a través de una sentencia”.
De acuerdo a estudios encargados por la organización ambientalista Greenpeace, la proporción de cromo en los residuos líquidos de la fábrica era 30 veces superior al promedio de efluentes similares antes de la instalación de la planta.
Las muestras de efluentes industriales, desechos sólidos y sedimentos asociados fueron tomadas en mayo de 2000 y enviadas a la Universidad británica de Exeter, donde se estudiaron, comprobándose su elevada toxicidad, explicó a Tierramérica la activista Verónica Odriozola, de Greenpeace.
Esa elevada concentración de cromo que puede llegar al agua de consumo humano filtrándose a través de las napas se vincula a la aparición de cáncer y malformaciones genéticas.
Provoca además irritación en las mucosas, en la vista y piel, y dolencias respiratorias. El límite tolerable para el organismo humano está establecido en cinco microgramos de cromo por litro de sangre. En Las Toscas, se registraron pobladores con más de 130.
La jefa del Laboratorio de Toxicología del Hospital Cullén, Elisa Kacsán, halló en 32 casos analizados, 24 con niveles superiores al máximo aceptable.
Entre las personas afectadas por el cromo y los fenoles, sustancias que se utilizan en el proceso de curtido de cueros, hay tres grupos de litigantes que reclaman a la empresa Arlei compensaciones de 15 millones de dólares, indicó el abogado Kaplun.
Primero están los familiares de fallecidos por cáncer, la mayoría niños y niñas entre 8 y 14 años, cuyo origen podría vincularse directamente a la contaminación.
Una de las demandantes es Nora Mancini, madre de una adolescente de 14 años que murió de leucemia en abril de 2000.
”En marzo estábamos preparando su fiesta de 15 y de pronto se enfermó. Le detectaron la leucemia y un mes después falleció ”, relató a Tierramérica.
Otro grupo de damnificados litigantes ”son quienes padecen cáncer, o manchas en la piel, prurito, asma y otras afecciones, y que necesitan hacer tratamientos muy costosos”, explicó a Tierramérica el presidente de la Asociación de Medio Ambiente del Norte de Santa Fe, Roque Cirmi.
Finalmente están los demandantes ”contaminados”, cuyos análisis exponen un grado elevado de cromo y fenoles en orina o sangre, aunque sin síntomas.
El gobierno provincial considera que los indicadores de contaminación son contundentes, aunque se resiste a asociar el fenómeno al funcionamiento de la curtiduría. Mientras, los vecinos siguen quejándose de malos olores e irritación en la piel y en la garganta.
* Publicado originalmente el 24 de mayo por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
