En más de 80 países es cada vez más peligroso investigar detenciones arbitrarias o desapariciones forzadas de personas, denunciar torturas, documentar otras violaciones de derechos humanos y hasta crear una asociación o un sindicato, sostuvieron activistas.
La misión de los activistas humanitarios sigue siendo una de las más riesgosas del mundo, pues los progresos alcanzados en los últimos años para protegerlos fueron desbalanceados por normas represivas más perfeccionadas en muchos países, señaló Antoine Bernard, de la Federación Internacional de Derechos Humanos.
Uno de los ataques más duros contra los militantes de las organizaciones no gubernamentales lo dirigió el presidente de Georgia, Eduard Shevardnadze, hace un año cuando comparó las actividades de esos grupos con las de los terroristas.
La figura del defensor de los derechos humanos, reconocida en 1998 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), identifica a los activistas que promueven y luchan por esas garantías.
Esa declaración de la ONU estableció un mecanismo que desde entonces ha incrementado el nivel de protección de los defensores y de sus organizaciones no gubernamentales, reconoció Bernard en un encuentro realizado en Ginebra.
Los avances se evidenciaron en el fortalecimiento de los derechos de asociación y de expresión en el terreno de la defensa de los derechos humanos, precisó.
Sin embargo, el aumento de la capacidad de acción y de movilización de la sociedad civil llevó a que algunos gobiernos reaccionaran estableciendo estrategias para silenciar las voces independientes.
Todo cambió a partir de los atentados del 11 de septiembre del 2001 contra el World Trade Center de Nueva York y el edificio del Pentágono (sede del Departamento de Defensa) en Washington, que volvieron más hostil el ambiente en que actúan las organizaciones de la sociedad civil.
Algunos países, como Uzbekistán, Rusia, Egipto y Malasia, se escudaron en esos acontecimientos para legitimar o reforzar sus prácticas represivas, a menudo con la bendición de los gobiernos occidentales, dijo Eric Sottas, de la Organización Mundial contra la Tortura.
Desde que el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, declaró a Asia como el segundo frente en su lucha contra el terrorismo, el gobierno de Malasia y otros de Asia lo interpretaron como una carta blanca para reprimir a personas y grupos que consideran subversivos, insistió Sottas.
En tanto, Bernard sostuvo que por lo menos 30 estados han usado el pretexto del terrorismo para cometer abusos contra los defensores y sus organizaciones independientes.
Por su parte, la representante especial de la ONU para los Defensores de los Derechos Humanos, Hina Jilani, definió de otra manera el mismo problema. La jurista pakistaní observó que cada estrategia, política o disposición antiterrorista adoptada por los países tiende a mermar a largo plazo la seguridad pretendida.
No se puede decir que hoy solamente tengamos que enfrentar al terrorismo, pues también encaramos el problema del antiterrorismo, expresó Jilani.
Otro rasgo que inquieta a esta representante del secretario general de la ONU, Kofi Annan, es la creciente militarización de los estados. Cada vez se acude más a medios y métodos militares para cuestiones que deberían resolverse de una manera más política, lamentó.
Los activistas más vulnerables y más amenazados en la actualidad son los defensores de la democracia y los partidarios del derecho fundamental de la autodeterminación, estimó la experta.
Jilani llamó la atención también sobre las violaciones que cometen los agentes del sector privado, incluidas las empresas transnacionales y nacionales.
La funcionaria mencionó el caso de las protestas contra las políticas del sector privado, ya sea porque violan el derecho a un ambiente sano o la misma orientación del desarrollo.
En las acciones que se emprenden contra esas protestas sociales es muy fácil identificar la confabulación entre el estado y las empresas del sector privado, dedujo.
Bernard precisó que de Italia a Azerbaiján y de Argelia a Argentina los movimientos de protesta social han sido reprimidos con fuerza excesiva.
La italiana Anna Biondi, de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, la mayor central obrera del mundo, expuso que el derecho a la huelga también se encuentra amenazado.
El peligro se cierne también sobre la legislación de la Organización Internacional del Trabajo referida a la libertad de asociación y de negociación colectiva, dijo.
Muchos empleadores no quieren admitir que el derecho a la huelga forma parte de la libertad de asociación, refirió la sindicalista italiana.
Algunos gobiernos se niegan a reconocer las motivaciones sociales y económicas de esos movimientos y aceptar su legitimidad, puntualizó Bernard.
La vulnerabilidad de esos sectores sociales se relaciona con la situación en que se encuentran los derechos económicos, sociales y culturales, una de las dos ramas principales de los derechos humanos, junto con los derechos civiles y políticos.
Sottas comentó que los mismos defensores de los derechos económicos, sociales y culturales no se sienten como defensores de derechos humanos. Por otra parte, esos derechos todavía son considerados como no vinculantes, a diferencia de los civiles y políticos, explicó.
La representante del secretario de la ONU se mostró preocupada asimismo por la represión a los activistas contra la mundialización y por el uso de la fuerza contra las manifestaciones de oposición a la guerra.
