Familiares de 18 civiles muertos en 1998 en un bombardeo en Colombia responsabilizaron por esa masacre, ante un tribunal de California, a las empresas estadounidenses Occidental Petroleum, petrolera, y AirScan, de seguridad.
La introducción de la demanda, patrocinada por una fundación internacional de abogados, coincidió este viernes con la asamblea anual de accionistas de Occidental Petroleum (conocida como Oxy), también en el sudoccidental estado de California.
La querella se basa sobre la Ley de Reclamos por Perjuicios en el Extranjero, norma del siglo XVIII cuyo objetivo original era luchar contra la piratería.
Sin embargo, la norma fue aplicada con éxito por no estadounidenses que sufrieron violaciones de derechos humanos en otros países y que acusan a sus victimarios o a empresas que los patrocinaron en tribunales de Estados Unidos.
En los últimos años, varias personas presentaron demandas contra empresas estadounidenses de petróleo y gas, luego de sufrieron abusos a manos de militares o personal de seguridad contratado por esas firmas para proteger sus instalaciones.
Los patrocinantes de la querella contra Oxy y AirScan son el Fondo Internacional de Derechos Laborales, con sede en Washington, y la Escuela de Derecho de la estadounidense Northwestern University.
Uno de los demandantes, Luis Alberto Galvis Mujica, cuya madre, hermana y primo murieron en el ataque, preveía entrevistarse con el jefe ejecutivo de Oxy, Ray Irany, y con la junta de directores de la firma, durante la asamblea de accionistas de este viernes.
La demanda se relaciona con las operaciones del oleoducto Caño Limón, que recorre 750 kilómetros desde la región amazónica de Colombia, cerca de la frontera con Venezuela, hasta el Caribe.
El oleoducto ha sido durante años blanco frecuente de sabotaje de organizaciones insurgentes de izquierda.
El incidente ocurrió el 13 de diciembre de 1998, en el poblado de Santo Domingo, a unos 50 kilómetros del oleoducto, durante una batalla entre guerrilleros y soldados regulares en una selva cercana.
Un helicóptero de la Fuerza Aérea colombiana arrojó una bomba de racimo en el poblado, según concluyó un estudio oficial del gobierno colombiano. Entre los 18 muertos figuran seis niños.
Tripulantes del helicóptero afirmaron más tarde que la operación fue planificada en la sede regional de Oxy, donde el aparato incluso se reabasteció de combustible.
Las coordenadas para arrojar la bomba de racimo fue aportada a los tripulantes del helicóptero por ciudadanos estadounidenses a bordo de un avión de vigilancia perteneciente a AirScan, contratada por la Fuerza Aérea colombiana, según informó el diario Los Angeles Times.
Dos de los cuatro tripulantes del helicóptero recibieron una sanción administrativa a fines del año pasado, en uno de los pocos esfuerzos serios del gobierno de Colombia por castigar a militares que violan los derechos humanos. Los acusados apelaron la sanción.
AirScan negó estar involucrada en el incidente.
También Oxy negó tener responsabilidad en la matanza. No tuvimos oportunidad de estudiar la demanda, pero creemos que cualquier sugerencia de que Occidental Petroleum fue responsable en algún modo de la tragedia en Santo Domingo (…) es completamente falsa.
Occidental no ha provisto ayuda letal a las Fuerzas Armadas colombianas, agregó la empresa en un comunicado.
La empresa replicará vigorosamente cualquier acusación, dijo un portavoz de la firma, Lawrence Meriage. De hecho, Occidental y sus empleados han sido rutinariamente víctimas de grupos terroristas armados que operan en las cercanías de Santo Domingo y en todo el estado de Arauca, agregó.
En diciembre, los insurgentes mataron a cuatro empleados de una empresa contratista de Occidental y herido a otros 15 al detonar una bomba que destruyó un autobús, dijo Meriage.
El Tribunal de Apelaciones de Noveno Turno, con jurisdicción en la costa occidental estadounidense, incluido California, decidió el año pasado que la petrolera Unocal podría ser acusada por trabajo forzado, violación y asesinatos supuestamente cometidos por soldados birmanos que custodiaban un gasoducto.
Esa jurisprudencia, también referida a la más que centenaria Ley de Reclamos por Perjuicios en el Extranjero, tiene validez en el tribunal en el cual se introdujo la demanda contra Oxy y AirScan.
De todos modos, estas sentencias podrían ser derogadas por la Suprema Corte de Justicia. El Departamento de Estado (cancillería) también podría solicitar al tribunal que no perjudique a Occidental Petroleum porque eso pondría en entredicho los intereses estadounidenses.
Demandantes colombianos acusaron a la empresa estadounidense de refrescos Coca-Cola, también sobre la base de la Ley de Reclamos por Perjuicios en el Extranjero, por asesinatos y actos de intimidación cometidos por paramilitares contra sindicalistas de las embotelladoras. (
