Nicaragua logró eliminar 63 por ciento de las minas terrestres sembradas en el país durante la guerra civil de los años 80, en un notable esfuerzo por convertirse en territorio libre de estas armas que no ganan guerras, pero mutilan y matan a civiles inocentes.
En el actual ambiente prebélico mundial, el saldo de los esfuerzos nicaragüenses constituye una señal alentadora para la lucha en favor de la desmilitarización del planeta, sostuvo el Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional (CICR).
Entre 1982 y 1999, durante el conflicto entre el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional y los rebeldes de la contra, financiados por Estados Unidos, se colocaron en suelo nicaragüense 135.643 minas, de las cuales 85.917 fueron destruidas hasta diciembre, según la Comisión Nacional de Desminado.
Nicaragua también cumplió con el objetivo de eliminar 133.435 minas almacenadas por el ejército antes del primero de marzo, como exige la Convención de Ottawa (que prohíbe el uso, producción, transferencia y almacenamiento de estos explosivos), ratificada por el país en 1998.
Pero aún falta remover 49.726 explosivos diseminados en 209 puntos a lo largo de 138 kilómetros.
El territorio minado llegó a abarcar 409 kilómetros en 70 de los 145 municipios del país. Las bombas se colocaron en 39 puentes, 323 torres de alta tensión y tres plantas energéticas, así como en centros militares y de comunicaciones, entre otras instalaciones.
En 1998, el huracán Mitch cambió la ubicación de muchas minas, que fueron arrastradas por las corrientes, complicando las tareas de remoción.
Las minas antipersonales fueron una de las peores secuelas de la guerra, pues afectaron vastas áreas de la producción nacional y la infraestructura, y segaron muchas vidas humanas.
La presencia de esas minas constituye un problema social que incide en el desarrollo y lacera la dignidad humana, dijo a Tierramérica el ministro de Defensa, José Adán Guerra.
El desminado humanitario forma parte de una política de Estado en la medida en que se frena el progreso económico en las comunidades infestadas de minas, añadió.
El arduo trabajo conjunto de autoridades e instituciones nacionales e internacionales por evitar los accidentes que ocasionan esos artefactos entre la población permite ser optimista sobre los resultados de esos esfuerzos, dijo a Tierramérica el portavoz del CICR para América Central, México y el Caribe, Jaime Saúl Arroyo.
El éxito de las advertencias sobre los peligros de vivir en terrenos minados debe medirse en la disminución del número de incidentes, destacó Arroyo.
Entre 1984 y 1999, 600 explosiones accidentales mataron a 575 personas, la mayoría civiles, y causaron una cantidad no precisada de heridos.
En cambio, el año pasado sólo ocurrieron seis accidentes, todos durante las tareas de retiro de minas efectuadas por zapadores, precisó Arroyo.
Convertir a Nicaragua en modelo de desmilitarización en este capítulo es posible por el financiamiento internacional y por la colaboración del ejército del país, afirmó. Según la Comisión Nacional de Desminado, desactivar un solo explosivo tiene un costo de 460 dólares.
Las desgracias humanas por el estallido de minas son ahora esporádicas, pero requirió enorme esfuerzo sensibilizar a la población a través de pláticas, distribución de materiales gráficos y campañas informativas, añadió Arroyo.
La campaña ha beneficiado a un millón de nicaragüenses, y participan de ella 650 personas, entre voluntarios y funcionarios civiles y militares.
El CICR cuenta con 80 voluntarios, la mitad de ellos maestros de educación primaria, y el resto niños y adolescentes que brindan pláticas a otros menores sobre los peligros ocultos en el suelo.
En el marco de un programa de reinserción social, en una iniciativa tripartita integrada por México, Canadá y la Organización Panamericana de la Salud, 92 sobrevivientes de explosiones con minas serán atendidos este año.
La Comisión y el Programa de Asistencia al Desminado en Centroamérica de la Organización de Estados Americanos brindan atención médica inmediata a víctimas de accidentes por minas. El programa del CICR cuenta para este año con un presupuesto de 55 mil dólares.
Unos 30 millones de esos artefactos almacenados fueron destruidos en el mundo antes del 1 de marzo, plazo establecido por la Convención de Ottawa sobre prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales y sobre su destrucción, que obliga a los Estados partes.
*Publicado originalmente el 15 de marzo por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica. (
