Una huelga de trabajadores ferroviarios por aumento de salarios paralizó este miércoles los trenes en Argentina y marcó de modo concluyente el regreso de una reivindicación contenida durante años por la estabilidad de precios y el alto desempleo.
La huelga de 24 horas por un aumento de 41 por ciento contó con total adhesión de conductores de locomotoras, maquinistas, empleados de limpieza, de vigilancia y de boleterías, y dejó a casi un millón y medio de personas que usan cada día ese servicio ante opciones más caras o sin posibilidad de trasladarse.
Desde comienzos de los años 90, una década de paridad forzosa del peso y el dólar mantuvo estables los precios, y contribuyó a que fueran muy escasos los reclamos de aumento salarial, junto con un proceso de creciente desempleo que llegó a 21,5 por ciento de la población económicamente activa en mayo de 2002.
La escasez de empleo incidió para que las demandas sindicales de los últimos años se centraran en la creación o el mantenimiento de puestos de trabajo, o en el pago de salarios atrasados, según un estudio presentado ante el Congreso Latinoamericano de Sociología del Trabajo en 2001.
El sindicato La Fraternidad, que agrupa a conductores de trenes, y la Unión Ferroviaria, del resto de los trabajadores del sector, protestan porque sus sueldos están congelados desde hace ocho años, pese a que las empresas que administran el servicio aumentaron tarifas, reciben subsidios estatales y despidieron personal.
La inflación de 41 por ciento en 2002, disparada por la depreciación del peso, llevó a los sindicalistas a una negociación infructuosa por salario con sus patrones, que duró 10 meses hasta que se decidió la huelga, ante la negativa de las compañías a otorgar cualquier aumento.
El secretario de organización del gremio La Fraternidad, Horacio Caminos, comentó a IPS que muchos medios periodísticos han criticado la huelga por aumento salarial en momentos en que hay millones de trabajadores sin empleo y más de 57 por ciento de los argentinos viven en la pobreza.
Pero la huelga es un derecho legal y queremos señalar un camino de dignidad. No podemos pensar que porque hay desempleo y pobreza no debemos reclamar, sino que es al revés, alegó.
En los años 60 había 250.000 empleados ferroviarios, en los 70 se pasó a 150.000, en los 80 a 90.000 y desde los años 90, cuando el Estado concedió al sector privado la administración del servicio, los trabajadores llegaron a ser sólo 25.000, destacó Caminos.
No podemos seguir aceptando que un empleado de limpieza de trenes perciba un salario mensual de 234 pesos (unos 73 dólares) cuando la canasta básica de mantenimiento de una familia de cuatro miembros está fijada en 726 pesos, destacó el sindicalista, refiriéndose al escalón salarial más bajo del sector.
El columnista económico Marcelo Bonelli, de Radio Mitre y el diario Clarín, afirmó este miércoles que el conflicto ferroviario es una avanzada de lo que vendrá, ya que los salarios están por el suelo por el alza de precios del último año.
Según el estudio ya citado, apenas de dos a cuatro por ciento de los conflictos sindicales en Argentina durante los años 90 se debieron a reclamo de aumentos de salario o de mejora de condiciones laborales.
Esa investigación, basada en informes del Ministerio de Trabajo, indicó que desde comienzos de la actual década, los conflictos dejaron de ser reivindicativos y pasaron a ser meramente defensivos: por creación de empleo, suspensión de despidos o pago de salarios atrasados.
A juicio de los autores del estudio, el gran elemento disciplinador en el ámbito laboral fue el desempleo abierto, que en los años 80 oscilaba de cinco a siete por ciento de la población económicamente activa, y en los 90 comenzó a aumentar hasta llegar a niveles superiores a 21 por ciento.
Esos datos no registran la escasez de puestos de trabajo que que se refleja en el subempleo, de quienes trabajan menos de seis horas diarias.
En los últimos 10 años, fueron habituales los reclamos de trabajadores estatales por atrasos de varios meses en el pago de sus sueldos, o las protestas por amenazas de despidos masivos en fábricas. Por otra parte, las huelgas generales fueron ante todo contra planes económicos gubernamentales.
Pero en la actualidad, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la mitad de los trabajadores ganan menos de 400 pesos (125 dólares) por mes, un monto con el que apenas cubren 55 por ciento del precio de la canasta familiar básica.
Esa canasta sumaba unos 500 pesos antes de que la inflación se disparara en 2002 e hiciera crecer enormemente la brecha entre precios y salarios, sobre todo en las regiones más pobres del país.
Trabajadores industriales y del sector agroalimentario también señalan que sus salarios permanecen congelados pese a que la depreciación del peso beneficia a sus empleadores, que exportan buena parte de su producción y reciben moneda extranjera de valor aumentado, con costos salariales muy disminuidos.
Un estudio realizado en América Latina con base en los sueldos declarados por las empresas ante los organismos de seguridad social indicó que este año Argentina pasó del salario en dólares más alto al más bajo de la región.
En junio de 2001, el sueldo promedio declarado en el país era 841 dólares, y ahora es 230 dólares.
Los autores de ese estudio alegaron que esa caída no debería implicar pérdida de poder adquisitivo si los precios internos en pesos se hubieran mantenido relativamente estables. Pero esos precios aumentaron más de 40 por ciento en Argentina, mientras el peso se devaluaba 70 por ciento. (
