Países en desarrollo ricos en agua se constituirán en escenarios de guerra como es hoy Iraq si se consolida la privatización y venta de ese recurso natural como una mercancía cualquiera, advirtió Leonardo Morelli, organizador del Foro Social de las Aguas (FSA).
Hoy la guerra se hace por petróleo, mañana será por el agua, dijo a IPS Morelli, también coordinador del brasileño Movimiento Grito de las Aguas, en medio de los debates del encuentro que reúne a activistas sudamericanos esta semana en Cotía, una ciudad vecina a Sao Paulo.
Un conflicto a escala global puede resultar de la existencia de las mayores reservas de agua dulce en el hemisferio Sur pobre, mientras los dueños del dinero están en el Norte industrializado, sostuvo.
Morelli opinó que por esa razón ese patrimonio de la humanidad no puede ser regido por el mercado sino por la cooperación y la solidaridad, ante la posibilidad de mayor escasez debido a la contaminación y el desperdicio actual.
Un ejemplo de ello es que Israel sólo dispone de 500 litros de agua al año por habitante, mientras que en Brasil ese volumen en relación a su población alcanza 10.000 litros y en Paraguay a 63.000 litros anuales.
El control sobre Iraq es estratégico no sólo por el petróleo sino también por los ríos Tigris y Eufrates, que privilegian la importancia de ese país en una región con escasas reservas de agua, destacaron comentarios sobre la guerra, entre ellos el escritor estadounidense Norman Mailer en un artículo reproducido hace dos semanas por el diario brasileño O Estado de Sao Paulo.
El FSA y actividades similares en la septentrional ciudad italiana de Florencia, en Nueva Delhi y Nueva York se contraponen al tercer Foro Mundial del Agua (FMA), que comenzó el domingo en la sudocciental localidad japonesa de Kyoto.
En el FMA, que finalizará el próximo domingo, participan unos 10.000 expertos y representantes de 160 países y de organismos internacionales y no gubernamentales.
Esas reuniones paralelas, promovidas por organizaciones no gubernamentales ambientalistas y movimientos sociales, se realizan en fechas coincidentes para protestar contra el encuentro de Kyoto y defender el agua como un derecho humano y un bien común, cuya gestión debe estar bajo control público.
En el foro de Kyoto prevalecen aspectos financieros, el enfoque economicista del Banco Mundial, como la idea de cobrarles un precio a los usuarios y así controlar el consumo de agua, criticó Morelli.
Esa tendencia se confirmó incluso con la entrega del premio Hassan II, de 100.000 dólares, por parte del gobierno de Marruecos en el ámbito del tercer FMA al presidente de la brasileña Agencia Nacional de Aguas, Jerson Kelman, añadió.
Esa Agencia implantó en Brasil un modelo de gestión que favorece el poder económico, en desmedro de cuestiones ambientales y sociales, y omitió que las empresas de electricidad usaron demasiada agua de represas, provocando así la crisis energética de 2001, acusó Morelli.
Además, permitió que empresas transnacionales se adueñaran del agua subterránea que venden como agua mineral, mientras a la población se destina la de superficie, más sujeta a la contaminación, señaló.
El FSA pretende impulsar un plan de movilización en defensa de las aguas internacionales que Brasil comparte con sus vecinos de América del Sur, como es el caso de las oceánicas, de los ríos amazónicos y de la cuenca del Río de la Plata, que comprende a Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.
El plan incluye al acuífero Guaraní, una inmensa reserva de aguas subterráneas que se extienden de la zona centromeridional brasileña a Argentina, Paraguay y Uruguay, coincidiendo con el Mercado Común del Sur (Mercosur).
En tanto, la Amazonia reúne a ocho países a partir de Bolivia y Brasil hacia el norte.
La idea es promover acciones coordinadas de una red de organizaciones sociales y ambientales de esos países y someter al Tribunal Internacional de Haya las violaciones graves del derecho de todos los seres vivos al agua, anunció Morelli.
Un ejemplo de los problemas provocados por la privatización fue la guerra del agua, una serie de protestas sociales que dejó como saldo varias personas muertas y heridas del 4 al 11 de abril de 2000 en el central departamento boliviano de Cochabamba.
Los campesinos de Bolivia que dependen del riego para la producción de sus alimentos protestaron contra la concesión, por 40 años, de la gestión de todas las fuentes a una empresa privada, explicó a IPS Virginia Amurrio, dirigente de la Federación de Regantes de Cochabamba, presente en Cotía.
Eso representaba el cobro del agua consumida, con precio fijado en dólares, a lo que se agregaba un impuesto, todo lo cual no respetaba los derechos y costumbres de las comunidades regantes, señaló.
Los manifestantes bloquearon carreteras y registraron enfrentamientos feroces con la policía hasta que se logró anular la ley de Agua Potable y Alcantarillado, que permitía la concesión, y sustituirla por otra que aseguró de por vida el agua a las cerca de 15.000 familias campesinas de la zona.
Las mujeres, que más sufren la escasez o el costo de ese elemento vital, participaron en las reuniones, en la toma de decisiones y en las peleas con la policía, con hondas, piedras, mordiscos, al ver los varones masacrados, heridos o muertos, destacó Amurrio.
Los campesinos bolivianos tienen que luchar ahora contra otra amenaza, la Ley de Parques Nacionales, por la cual también se podrá conceder a empresas privadas la administración y explotación de sus recursos naturales, incluyendo el agua, lamentó.
