VENEZUELA: Compromiso contra la violencia política

El gobierno y la oposición política de Venezuela firmaron este martes un compromiso contra la violencia, primer logro del secretario general de la OEA, César Gaviria, quien conduce desde hace 100 días la mesa de negociación y acuerdos entre las partes.

Mediante la ”Declaración contra la violencia, por la paz y por la democracia”, de ocho puntos, las partes enfrentadas declararon este martes su compromiso de desmontar el clima de agresividad que ha signado el panorama político del país en los últimos años, y su apego a la Constitución y las leyes.

”Rechazamos la intemperancia verbal, las recriminaciones mutuas, el lenguaje hiriente y cualquier retórica que de alguna manera estimule la confrontación”, sostuvo el documento.

Se propuso, en cambio, ”un lenguaje de respeto mutuo, tolerancia, consideración por las ideas ajenas, y supremo aprecio por la vida y por la dignidad humana”.

El grupo tripartito conformado por la OEA (Organización de Estados Americanos); el estadounidense Centro Carter y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), conduce la mesa en busca de una salida ”pacífica, democrática, constitucional y electoral” a la crisis política.

El grupo había llamado reiteradamente a ”desarmar los espíritus”, ”bajar el tono” y ”moderar el lenguaje” del discurso político.

Otro tanto hizo el Grupo de Países Amigos de Venezuela, en el que están representadas desde enero las cancillerías de Brasil, Chile, España, Estados Unidos, México y Portugal.

El segundo punto de la declaración firmada este martes manifestó que ”la violencia, en cualquiera de sus modalidades, practíquela quien la practique y cualquiera sea su origen, es absolutamente injustificable y por ello condenable”.

Por tanto, ”emplazamos a todas las autoridades y organismos administrativos y jurisdiccionales competentes a actuar sin contemplaciones para investigar y sancionar la pérdida de vidas humanas”, agregó el texto.

La violencia política causó en el último año unas 80 muertes y centenares de heridos. Durante los desórdenes vinculados al fracasado golpe de Estado de abril de 2002 murieron 61 personas, según el no gubernamental Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos.

En manifestaciones o actividades de seguidores del oficialismo y de la oposición, otras 10 personas murieron en Caracas y sus alrededores, y varios dirigentes campesinos han sido asesinados en el interior del país.

La declaración de este martes rechazó las manifestaciones de violencia, intolerancia, agravio u ofensa para dirimir diferencias políticas.

Seis delegados del gobierno y seis de la opositora Coordinadora Democrática, firmantes del documento, exhortaron al pueblo venezolano a ”cesar o proscribir toda actitud directa o indirecta de agresión, amenaza, hostigamiento o violencia”, y reclamaron que trabajen por ello iglesias, sindicatos y demás organizaciones sociales.

Manifestaciones opositoras son interceptadas por seguidores del presidente Hugo Chávez, mientras autoridades y jefes de las Fuerzas Armadas no pueden concurrir a restaurantes o lugares públicos en zonas residenciales de clase media sin ser rodeados por vecinos que golpean cacerolas, gritan e insultan.

El punto de más difícil consenso de la declaración fue el referido a los medios de comunicación. El texto reclamó a las empresas periodísticas que ”promuevan la paz, la tolerancia y la convivencia” en sus mensajes y programas, y que cumplan y ejerzan deberes y derechos constitucionales y legales.

Los medios de comunicación privados militaron a favor de la oposición durante la huelga contra Chávez de diciembre y enero, reemplazando la publicidad comercial por propaganda política contra el gobierno.

El oficialismo hizo lo propio, utilizando la televisión y las radioemisoras del Estado.

Los firmantes se obligaron a ”mantener y mejorar el trabajo de la mesa” de diálogo, que ”con esta declaración acerca la posibilidad de una salida electoral”, dijo a IPS el dirigente de la oposición socialcristiana Humberto Calderón.

Como último punto, los delegados comprometieron su trabajo en ”los temas conexos”, como el establecimiento de una Comisión de la Verdad que esclarezca los hechos de abril de 2002, y el desarme de la población reclamado por la oposición, según la cual grupos de civiles seguidores del gobierno portan ilegalmente armas.

”La mesa había comenzado por lo último y con la declaración de este martes regresamos a lo primero, y se abre el camino para que podamos discutir cualquier cosa”, estimó el vicepresidente José Vicente Rangel.

Rangel se refirió así a la insistencia opositora en encontrar una salida electoral a la crisis política, mientras el latiguillo de la mesa señala una solución ”pacífica, democrática, constitucional y electoral”.

Para Andrés Cova, representante de los sindicatos opositores en la mesa, ”con este acuerdo se podrá encontrar una salida electoral en el mediano plazo”.

La oposición quiere que la Constitución sea enmendada para declarar terminado el periodo de gobierno de Chávez, que debería concluir en 2006, y convocar a nuevas elecciones este mismo año.

Tras la firma de los representantes de las partes, encabezados por Rangel y el delegado opositor Timoteo Zambrano, firmaron el documento Gaviria, Francisco Díez, del Centro Carter, y Antonio Molpeceres, representante del PNUD en Venezuela. Los delegados se hicieron luego fotografiar en grupo. (

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