El gobierno de la comunidad autónoma del País Vasco se pronunció contra la detención de cinco directores del clausurado diario Euskaldunon Egunkaria, procesados por un juez de Madrid como presuntos miembros del grupo ilegal ETA.
El diario era el único íntegramente escrito en vascuence. Las autoridades del País Vasco aseguraron que apoyarán la publicación del nuevo periódico Egunero, editado desde el viernes para suplir la ausencia del primero.
El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo dispuso el martes prisión sin derecho a excarcelación para cinco de los diez directivos del periódico, procesados como supuestos miembros de la separatista ETA (Euskadi Ta Askatasuna, Patria Vasca y Libertad, en vascuence) por el delito de ”integración en banda armada”.
El magistrado dejó en libertad bajo fianza a otros cuatro directivos, y mantuvo en suspenso su decisión sobre el primer director del periódico, Peio Zubiria, a la espera de un informe médico.
Esto se debió a que Zubiria intentó suicidarse el domingo en la estación de policía donde estaba detenido.
”Esta situación nos retrotrae a épocas que no queremos recordar”, dijo el portavoz del gobierno del País Vasco, Josu Jon Imaz, en alusión a la dictadura de Francisco Franco (1939-1975).
Euskaldunon Egunkaria, fundado en 1990, contaba con subsidios de la comunidad autónoma, una de las 17 que integran España, gobernada por una coalición del nacionalismo moderado e Izquierda Unida, cuya principal fuerza política es el Partido Comunista.
El diario fue clausurado el jueves pasado por orden del juez Del Olmo.
Las principales críticas al cierre de Euskaldunon Egunkaria proceden del gobierno de la comunidad y de la Asociación de Periodistas de Vizcaya, una de las tres provincias vascas.
La Asociación estimó que el juez debía tener suficientes motivos para actuar, pero recordó que la Constitución española reconoce el derecho a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones.
Por tanto, ”debe respetarse el derecho de Euskaldunon Egunkaria a seguir publicándose”, sostuvo el sindicato de periodistas.
A juicio de la Asociación, el diario clausurado tenía la voluntad de vincular a los ciudadanos con su entorno, de difundir la cultura y de mediar en cuestiones sociales, ”premisa indispensable de una sociedad que aspire a una democracia plural”.
El gobierno vasco calificó el fallo judicial como una ”medida de excepción”, similar a las que se aplican en estado de conmoción social o guerra.
Las autoridades vascas respaldaron la rápida aparición de Egunero, el nuevo medio de prensa editado desde el viernes por los periodistas hasta entonces empleados de Euskaldunon Egunkaria.
Imaz afirmó que la sociedad vasca ”continuará teniendo periódico en euskera”, la lengua vascuence. Varios ministerios han contratado espacios de publicidad en las páginas del nuevo diario.
Además, el gobierno autónomo dispuso el martes el pago a Egunero de una suma equivalente a 1.700.000 dólares, en concepto de subvenciones aprobadas el año pasado.
Por su parte, la Academia de la Lengua Vasca reclamó la reapertura del diario clausurado ”por respeto a la libertad de expresión”.
Durante el fin de semana se efectuaron protestas en varias ciudades vascas contra la clausura del medio de prensa, en las que tomaron parte autoridades del gobierno autónomo y representantes del Partido Nacionalista Vasco (PNV), su escisión Eusko Alkartasuna e Izquierda Unida, que conforman la coalición gobernante.
La concentración más numerosa, que reunió a miles de manifestantes, se llevó a cabo el domingo en San Sebastián, capital de la provincia de Guipúzcoa, a la que pertenece la ciudad de Andoain, donde se editaba el diario.
En los argumentos sobre su fallo, detallados en el auto de prisión, el juez Del Olmo citó diez documentos incautados a la dirección de ETA entre 1990 y 1993 que prueban, a su juicio, el vínculo económico y financiero entre la organización ilegal y el diario, y que éste facilitaba ”el amparo y difusión del ideario terrorista”.
Fuentes judiciales aseguraron a IPS que la referencia de documentos de diez años de antigüedad se debió a que Del Olmo comenzó las investigaciones tres años atrás, y la documentación encriptada exigió tiempo para ser descifrada.
De acuerdo al juez, dos empresas, una de ellas editora del diario, forman parte del entramado delictivo de ETA.
Este vínculo es ”tanto desde el punto de vista económico- financiero (transferir fondos provenientes de ETA o de su entramado para la adquisición de las sociedades y de otras por ellas participadas), como de fortalecimiento de uno de los objetivos terroristas (creación de una estructura informativa en euskera controlada por la organización terrorista ETA)”.
De acuerdo al auto de prisión, el dirigente etarra José Luis Alvarez Santacristina, conocido como ”Txelis”, y detenido en Francia en 1992, tenía en su computadora personal documentos referidos a la ”estrategia política y lucha institucional” de ETA.
En uno de ellos se destaca ”la trascendencia y pronta culminación del proyecto de periódico en euskara Egunkaria Sortze”, nombre con el que se designaba el diario por entonces, entre las iniciativas previstas para romper el aislamiento del movimiento político.
Al dirigente José Domingo Aizpurúa Aizpuru, ”Pitxas”, también detenido en Francia en 1991, se le incautaron otros dos documentos, donde se describían pros y contras de nombrar a Joserra García como director del diario.
En esos textos se especulaba que García ”no es nuestro aunque se amolda bien con nuestra gente”, y ”que podría ser arriesgado si se desmarca de aquí a un tiempo”.
La documentación daba cuenta de la venta de acciones de la empresa editora, y añadía el comentario: ”Teniendo en cuenta el capital para empezar más o menos, y el 'capital representado', sería de 150 kilos (miles de pesetas). La mitad de eso se irá seguramente con los primeros gastos, pues el dinero irá muy justo en el comienzo”.
Otro documento, obtenido por las autoridades cuando se llevó a cabo la captura en Francia de la plana mayor de la ETA, en marzo de 1992, señalaba la necesidad de crear una comisión para planificar, controlar y coordinar diferentes proyectos, entre ellos el de Egunkaria.
El gobierno español, conducido por el centroderechista Partido Popular (PP) respaldó el proceso y de la prisión incondicional de los acusados.
En Cataluña, otra comunidad gobernada por nacionalistas, todos los grupos políticos criticaron la clausura del diario, excepto el PP, que ejerce el gobierno nacional.
El Colegio de Periodistas de Cataluña lo consideró ”gravísimo atentado a la libertad de expresión”.
