La fuerte campaña antidrogas iniciada por el gobierno de Cuba abona el camino para luchar contra brotes de corrupción y otros delitos, mediante la aplicación de leyes más severas y una mayor participación de la sociedad.
Las fuerzas policiales continuaron este mes sus operaciones contra el expendio y consumo de drogas ilícitas, tanto en La Habana como en el resto del país, según testigos.
Van al seguro, ya saben (los policías) dónde buscar y quién es quien, comentó María Angélica Fernández, una jubilada residente del barrio capitalino de Centro Habana, en el que las fuerzas de seguridad habrían practicado numerosos registros.
Hasta el momento se desconoce el resultado de las investigaciones llevadas a cabo con el despliegue de efectivos y el bloqueo de calles, lo cual alimenta rumores callejeros de la más variada índole.
Se ha descubierto a familias enteras implicadas y el uso de niños para el traslado de droga, comentó Fernández, quien dijo ser partidaria de la aplicación de castigos aún más severos en los casos de utilización de menores.
Las autoridades admitieron el 10 de enero la presencia en el país de un mercado de expendio y consumo de estupefacientes, que calificaron de incipiente.
Ultimamente, el uso indebido de drogas muestra índices crecientes, aunque muy discretos en comparación con otras naciones. Ese pernicioso vicio (…) hay que prevenirlo y atajarlo a tiempo, dijeron portavoces oficiales.
Ese mismo día comenzaron las requisas, enfiladas no sólo hacia traficantes de droga, sino contra todo tipo de delitos y enriquecimientos ilícitos.
En ese sentido, la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) situó el enfrentamiento a esos delitos como la principal tarea actual del movimiento obrero y exhortó a sus afiliados a extremar la vigilancia revolucionaria en sus centros laborales.
Para cumplir con tal cometido, la CTC recomendó a los sindicatos de base conocer el resultado de las auditorías que se realicen en las empresas u organismos donde trabajan y estar atentos al más mínimo síntoma de corrupción para atajarlo a tiempo.
El gobierno de Fidel Castro creó en mayo de 2001 el Ministerio de Auditoría y Control, a cargo de Lina Peraza, con el propósito de elevar y preservar la probidad y disciplina en la administración de los recursos estatales.
Pero combatir la corrupción es un problema de todos, porque lo que una auditoría descubre en 48 horas puede estar ocurriendo, a la vista de muchos, durante semanas, meses o años, afirmó un comentarista de prensa.
También los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), que agrupan a unos ocho millones de cubanos, llamaron a sus afiliados a mantenerse en guardia ante cualquier ilegalidad que se cometa en el barrio.
Compañeros, nuestra cuadra es tranquila, pero igual hay estar atentos para prevenir, dijo un directivo de esa organización en una reunión de su CDR dedicada a examinar el asunto.
Los CDR surgieron en los primeros años del gobierno revolucionario, instalado en 1959, como forma de organizar la participación ciudadana en el cuidado de las calles y las instituciones del Estado, y de proteger los enclaves económicos de sabotajes y todo tipo de agresiones.
Según Fernández, las ilegalidades incluyen juegos de azar prohibidos por la legislación cubana, venta de productos fabricados clandestinamente en la red de tiendas en dólares y la realización de fiestas en discotecas privadas.
Dicen que la policía ha desmantelado centenares de fábricas clandestinas donde se hacía ron, cerveza, refresco, desodorante, galletas y no sé cuántas cosas más, relató esta jubilada residente en Centro Habana.
Otro objetivo de las operaciones policiales son las personas que arriendan habitaciones a extranjeros, eludiendo el pago de impuestos y los trámites legales de registrar en la Dirección de Inmigración a sus huéspedes.
También han disminuido los vendedores ambulantes y el alquiler de películas de vídeo, entre otras actividades privadas que estarían siendo combatidas durante las batidas antidrogas.
Las autoridades suelen insistir en que la corrupción dista mucho de ser un fenómeno social en Cuba, aunque admiten que se manifiesta de manera particularizada y en niveles intermedios.
Sin embargo, un decreto ley del 21 de enero, firmado por Castro, hizo sospechar a medios diplomáticos que el problema podría ser de mayor envergadura.
Esa norma está encaminada a evitar la expansión en el país de los fenómenos relacionados con la droga, actos de corrupción o con otros comportamientos ilícitos.
En su artículo primero, dispone la confiscación de viviendas o locales en los cuales se produzca, trafique, adquiera, guarde, consuma, oculte o de cualquier otro modo se realicen hechos que, directa o indirectamente, se hallen relacionados con las drogas ilícitas.
El texto introduce la variante de penalizar el consumo, que hasta la emisión del decreto ley no era considerado delito sino un problema de salud.
La expropiación también se impone si en esos inmuebles se practican actos de corrupción, prostitución, proxenetismo, trata de personas, pornografía, corrupción de menores, tráfico de personas u otros de similar connotación.
El decreto se añade a las enmiendas parlamentarias introducidas en 1999 al Código Penal, para endurecer las sanciones contra el tráfico de narcóticos, que incluyeron la pena de muerte para los casos más graves.
