Las víctimas más frecuentes de guerrilleros izquierdistas y paramilitares de derecha en Cololmbia son empleados públicos, dirigentes políticos, sindicales o de otras organizaciones sociales, periodistas e indígenas.
El sindicato Asociación Nacional Judicial (Asonal) destacó el riesgo que corren los empleados públicos luego que una fiscal fuera asesinada el 14 de este mes y otros cuatro investigadores judiciales fueran hospitalizados el 19, debido a sendos atentados.
La fiscal murió a causa de un ataque en la centrooccidental ciudad de Neiva, y los cuatro investigadores de la Fiscalía de Bogotá, inhalaron una sustancia tóxica que les fue enviada en un sobre desde la occidental ciudad de Cali.
La presidenta de Asonal, Esperanza Delgado, dijo a IPS que 60 de los 1.096 municipios del país carecen de despachos judiciales debido al peligro que implican los grupos armados ilegales para los 10.000 jueces, fiscales y funcionarios del sector, muchos de los cuales son víctimas de desplazamiento forzoso.
Unos 2.500 empleados judiciales fueron amenazados en forma directa, y en lo que va de 2003 han sido asesinados cinco jueces, fiscales y auxiliares, destacó.
Estos hechos preocupan en sí mismos, y están contenidos en serie de denuncias que desde hace varios meses hemos presentado ante los organismos competentes, indicó la sindicalista.
Uno de las situaciones más graves es la del sudoriental departamento de Caquetá, sometido al imperio de la impunidad porque 14 de sus 15 municipios tienen los despachos judiciales cerrados.
Quien procesa a un guerrillero o a un paramilitar por rebelión o por cualquier otro delito corre el riesgo de que le lleguen las amenazas contra su vida o la familia, y muchas veces hay que salir para otro lado y abandonarlo todo dijo a IPS un juez del septentrional departamento de Bolívar.
El magistrado, bajo protección del Estado, pidió que no se divulgara su nombre por razones de seguridad.
La policía tiene prohibido ingresar sin su custodia a numerosas localidades y zonas rurales, y eso obstaculiza la administración de justicia, añadió.
Los alcaldes también están entre los grupos más amenazados por el conflicto armado, y por lo menos 250 de ellos gobiernan sus jurisdicciones a distancia, tras abandonarlas por amenazas de guerrilleros o paramilitares, dijo a IPS el director ejecutivo de la Federación de Municipios, Gilberto Toro.
La situación ha mejorado respecto a agosto del año pasado cuando llegamos a tener unos 420 alcaldes trabajando a distancia, pero todavía no hay normalidad, afirmó.
La guerrilla izquierdista, paramilitares de derecha y otras organizaciones (…) asesinaron en los primeros ocho meses de 2002 a 121 funcionarios públicos y dirigentes políticos, o sea a más de 15 por mes, según el último informe del Observatorio del Programa de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, basado en datos de organismos de seguridad.
Ese promedio mensual es el más elevado desde 1998, el año con más asesinatos, en su mayoría relacionados con el narcotráfico.
Además, la cifra para 2002 está por debajo de la realidad, puesto que las estadísticas (sobre la cantidad de víctimas) según actividad y ocupación son bastante escasas, subrayó el Observatorio.
Entre los funcionarios asesinados de enero a agosto de 2002 hubo 43 concejales, ocho alcaldes, 26 líderes políticos locales, siete inspectores de policía y una senadora, detalló.
Los autores del informe apuntaron que en el mismo periodo fueron asesinados 115 sindicalistas, según datos de la Central Sindical Unitaria de Trabajadores (CUT), que es la de mayor presencia en el país, y el no gubernamental Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos.
El promedio mensual de sindicalistas asesinados en los primeros ocho meses del año pasado fue 14, y si esa tendencia se mantuvo, el total en 2002 habría sido 168, o sea 41 por ciento más que en 2001, cuando se registraron 119 homicidios en ese sector, señalaron.
Los indígenas también son víctimas frecuentes de la disputa por el control territorial y político del país que libran los grupos armados con el Estado y entre sí. Según la Organización Nacional Indígena, durante 2002 fueron asesinados por lo menos 100 líderes de las comunidades que la integran.
La Defensoría del Pueblo llamó en especial la atención sobre la situación de los indígenas de la septentrional Sierra Nevada de Santa Marta, donde se registraron en 2002 cerca de 60 acciones violatorias de los derechos humanos por parte de grupos armados ilegales.
De junio de 2000 a octubre de 2002, 33 indígenas de esa región murieron en asesinatos selectivos atribuidos a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y a las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia, informó.
La Defensoría sugirió que el gobierno, por intermedio del Ministerio del Interior, ponga en marcha un plan de emergencia que garantice los derechos fundamentales y colectivos de los indígenas y campesinos de la Sierra Nevada de Santa Marta.
La Fundación para la Libertad de Prensa afirmó por su parte que de enero a agosto del 2002 resgistró nueve casos de asesinato de periodistas, sólo uno menos que en todo 2001.
Una comisión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) visitó en enero Bogotá y concluyó que el derecho a la información está amenazado, y que los periodistas deben sortear jornadas riesgosas en su misión de buscar la verdad.
Según la SIP, en los últimos 14 años murieron en el país 114 personas que cumplían labores informativas, y en la mayoría de los casos, los asesinos permanecen impunes.
La deteriorada situación de los derechos humanos se agravó con el escalamiento del conflicto armado que comenzó hace un año, después de que las conversaciones de paz del gobierno con las FARC se interrumpieran el 20 de febrero de 2002, afirmó la organización humanitaria estadounidense Human Rigths Watch (HRW).
En 2003, el gobierno invirtió en medidas de protección más que en años anteriores, y adoptó nuevas normas para proteger a los defensores de los derechos humanos, tales como la provisión de guardaespaldas y escolta policial, indicó HRW, con sede en Washington, en su informe de este año.
Pero esas iniciativas carecieron de fondos y se concentraron en las grandes ciudades, lo cual implicó que los activistas por los derechos humanos de otras zonas siguieran expuestos al peligro, comentó.
El enjuiciamiento penal de los responsables de graves violaciones de los derechos humanos se deterioró claramente a mediados de 2001, tras la asunción del fiscal general Luis Osorio, quien debilitó o desvió el curso de procesos importantes, aseveró HRW.
La hostilidad de Osorio ante las investigaciones sobre violación de los derechos humanos quedó sobre todo de manifiesto cuando purgó su departamento de fiscales e investigadores dispuestos a perseguir dichos casos, añadió HRW.
