La ofensiva diplomática del gobierno de Colombia para lograr que los gobiernos de América declaren terroristas a los grupos armados ilegales de izquierda y de derecha podría agravar la guerra interna, advirtieron activistas.
No podemos caer en la misma lógica de violencia que está llevando incluso a algunos sectores a pedir que se implante la pena de muerte en Colombia, sostuvo la Red de Iniciativas para la Paz (Redepaz), integrada por 30 organizaciones no gubernamentales, en referencia al atentado explosivo del viernes contra el club El Nogal, en Bogotá, la capital colombiana.
Ataques como el de El Nogal (en el que murieron 33 personas y casi 170 resultaron heridas) son condenables desde todo punto de vista, señaló Redepaz.
No entendemos este tipo de acciones, que no tienen una justificación política por ningún lado, pero tampoco sentimos que haya una estrategia del gobierno, o una alternativa para salir de esta crisis en la que los civiles son los más afectados, dijo a IPS Ana Teresa Bernal, presidenta de Redepaz.
La política de seguridad democrática del presidente Alvaro Uribe es una estrategia de guerra, que involucra a civiles como soldados campesinos, o formando redes de informantes, el fortalecimiento militar para combatir a guerrilleros y narcotaficantes y la búsqueda de apoyo internacional para su campaña antiterrorista, opinó.
A juicio de Bernal, la única salida al conflicto armado de casi cinco decenios es la negociación política.
Uribe pidió el miércoles a Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela que declararan organización terrorista a las rebeldes e izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), señaladas por Washington y Bogotá como responsables junto al narcotráfico del atentado contra El Nogal.
La declaración de terrorista por parte de un gobierno implica que los miembros de la organización podrán ser capturados y extraditados a Colombia, y sus bienes confiscados.
El martes, Uribe logró que los gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá declararan terrorista a las FARC.
Colombia obtuvo otra victoria el miércoles, cuando el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó en Washington una condena al atentado del viernes, y reiteró ante la comunidad internacional la necesidad de aplicar diferentes instrumentos contra la actividad terrorista.
El Consejo se comprometió a cooperar para perseguir, capturar, enjuiciar, sancionar y, cuando corresponda, acelerar la extradición de los perpetradores, organizadores y patrocinadores de este acto, de acuerdo al ordenamiento jurídico de los Estados y los tratados internacionales.
La declaración reafirmó el compromiso indeclinable de los Estados miembros de denegar albergue y/o refugio a quienes financien, planifiquen o cometan actos terroristas en Colombia, o a quienes les presten apoyo.
Asimismo, la OEA exhortó a los Estados miembros a que adopten medidas para reforzar la cooperación regional e internacional en la materia, y solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que continúe prestando atención al impacto negativo que, sobre el goce de los derechos humanos y libertades fundamentales en Colombia, tiene la comisión de actos terroristas.
Los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos tienen evidencia irrefutable que indica que los autores del atentado contra el club El Nogal fueron las FARC, dijo el vicepresidente colombiano Francisco Santos, durante la sesión extraordinaria.
Ningún país del mundo padece con tanta severidad los horrores del terrorismo como Colombia, sostuvo Santos.
En los últimos cinco años, los colombianos sufrieron 8.000 actos de destrucción colectiva, cantidad que supera a cualquier otro foco de violencia política en el mundo, según el vicepresidente.
Sólo en 2002, las FARC asesinaron a 834 civiles y cometieron 876 atentados, añadió.
Bogotá también espera que el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emita una declaración de condena al ataque del viernes.
Pero, algunos analistas consideran inapropiado un pronunciamiento del foro mundial, pues podría afectar su tarea de facilitador en un eventual proceso de paz.
Cuando asumió el poder en agosto, Uribe manifestó su disposición a negociar la paz con los grupos armados con mediación de la ONU.
La sociedad colombiana no puede asistir en forma pasiva a la destrucción del país y a la muerte de civiles inocentes, dijo el presidente de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), Jorge Rojas.
El atentado contra El Nogal, uno de los lugares más custodiados de Bogotá y centro social de la elite política y económica, puede interpretarse como una notificación de los violentos al gobierno de que están dispuestos a todo, apuntaron analistas.
En torno al destruido club se ubican las residencias de los embajadores de Estados Unidos, España e Italia, sedes de instituciones financieras, centros comerciales exclusivos y lujosas viviendas.
Desde su inauguración en 1995, El Nogal se convirtió en punto de encuentro de empresarios y políticos. Su junta directiva fue presidida hasta agosto por el actual ministro del Interior y de Justicia, Fernando Londoño.
En todo caso, el atentado se suma a una guerra por la que, sólo el año pasado, murieron en promedio 20 colombianos por día, 15 de ellos civiles desarmados.
Según el último informe del Observatorio de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, las víctimas incluyen funcionarios públicos, dirigentes políticos y sociales, líderes sindicales, periodistas, campesinos y miembros de comunidades indígenas.
Un ejemplo trágico fue el de Bojayá, en el occidental departamento del Chocó, donde en mayo de 2002 se perpetró una de las peores matanzas de la guerra civil colombiana.
Durante un enfrentamiento entre las FARC y las paramilitares y derechistas Autodefensas Unidas de Colombia, los guerrilleros lanzaron al menos una bomba de cilindro de gas contra una iglesia que albergaba a desplazados, matando a 119 personas, entre ellas 49 niños y niñas.
