Las protestas en busca de la renuncia del gobierno de Bolivia arreciaron este jueves, pese al retiro del criticado proyecto de impuesto a los sueldos y a la firma de un acuerdo para poner fin a la violencia, que dejó en la víspera 18 muertos.
A la huelga general convocada por los sindicatos, campesinos y el izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), liderado por el diputado Evo Morales, se sumaron marchas pacíficas en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba para condenar la política económica y el plan de ajuste fiscal del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
Además, Morales, también líder de los productores de coca (cocaleros), inició contactos con dirigentes sindicales para reanudar el bloqueo de las principales carreteras el país, como lo han hecho en forma recurrente los campesinos de la central región de Chapare, opuestos a la política antidrogas de La Paz.
Sánchez de Lozada se vio obligado a retirar el miércoles el proyecto de presupuesto para 2003, que incluía un tributo de 12,5 por ciento a los salarios, luego de que la protesta de policías y estudiantes frente a la sede del gobierno derivara en incidentes, con el saldo de 18 muertos y 80 heridos, según datos oficiales.
La violencia se desató luego de que efectivos militares fueron enviados a controlar la situación y se enfrentaron con los manifestantes, que también estaban armados, mientras algunas personas aprovecharon el caos en la central plaza Murillo de La Paz para saquear comercios.
Portavoces del gobierno confirmaron este jueves la firma de un acuerdo con los policías amotinados, quienes se comprometieron a levantar todas las medidas de presión y retomar las actividades tras recibir la promesa de que serán atendidos sus reclamos de aumento salarial.
Sin embargo, la Central Obrera Boliviana (COB) y el MAS confirmaron que seguirán con las protestas y que están decididos a obligar la renuncia del jefe de Estado mediante huelgas, bloqueos de ruta y otras presiones.
Por otra parte, el MAS y el también opositor partido Nueva Fuerza Republicana informaron que presentarán una demanda penal contra Sánchez de Lozada y sus ministros, a quienes resposabilizan por las personas muertas y heridas en lo que la prensa llamó el miércoles negro.
El presidente retiró el proyecto tributario sólo cuando ya había corrido mucha sangre. Esto fue una derrota política del gobierno, pero todavía no se han calmado las cosas, y Morales mantiene su postura de que Sánchez de Lozada debe renunciar, dijo a IPS el diputado del MAS Filemón Escobar.
Morales fue candidato a la presidencia y estuvo muy cerca de alcanzar el gobierno, tras triunfar en las elecciones del 30 de junio y disputar con Sánchez de Lozada la instancia decisiva por el cargo en el Congreso legislativo.
La Constitución establece que el Congreso elija al presidente de Bolivia entre los dos postulantes más votados si ninguno de ellos alcanza en los comicios los sufragios necesarios para acceder al gobierno de modo directo.
Pero las cosas tampoco le son fáciles al presidente en su propio partido, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).
Legisladores del MNR pidieron la renuncia de los ministros encargados de las áreas económica y política, tras admitir que el proyecto presupuestal era imprudente en este momento de disconformidad social.
Los empresarios, también opuestos a la política económica del gobierno, marcaron distancia con la posición de la COB y del MAS e instaron a mantener la calma.
Estamos sumamente preocupados por lo que está pasando. Varias fábricas son apedreadas y los cajeros automáticos asaltados. Para nosotros la forma de salir de la crisis no es con protestas sino trabajando, señaló a IPS el vicepresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Roberto Mustafá.
Nuestro objetivo era oponernos a la política económica del gobierno, pero al retirar Sánchez de Lozada el proyecto no existe razón para una huelga, indicó.
Creo que la COB entra en otros niveles al pedir la renuncia del presidente, y nosotros siempre vamos a defender la estabilidad democrática, añadió.
No obstante, Mustafá coincidió con la COB y el MAS en que el proyecto presupuestario de Sánchez de Lozada es una imposición del Fondo Monetario Internacional, que presiona a La Paz para que reduzca su déficit fiscal de 8,5 a cinco por ciento del producto interno bruto, de unos 8.000 millones de dólares.
El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo el martes al Congreso reducía los gastos del Estado y aplicaba un impuesto de 12,5 por ciento a los salarios superiores a 130 dólares mensuales.
La pobreza afecta a 55 por ciento de los más de ocho millones de bolivianos.
El impuestazo no recaía en la gran mayoría de los policías, que ganan por debajo de esa cifra, pero éstos participaron de las protestas porque demandan un aumento de 40 por ciento de sus sueldos, frente a sólo dos por ciento otorgado por el gobierno.
He tomado la decisión de retirar el proyecto de presupuesto que envié al Congreso. Estoy entristecido al ver cómo se enfrentaron miembros de dos instituciones de nuestra democracia. Esto tiene que parar, dijo Sánchez de Lozada en un mensaje emitido por televisión cuando La Paz vivía un verdadero clima de guerra.
Portavoces gubernamentales rechazaron de plano la posibilidad de que el jefe de Estado renuncie ante la creciente tensión en el país, y calificaron la demanda del MAS de oportunismo político. (
