El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó este viernes un demorado acuerdo con Argentina, que sólo implica postergar los vencimientos de deuda con organismos multilaterales de crédito hasta el 31 de agosto.
Tras toda clase de condicionamientos del Fondo en más de un año de negociaciones, el directorio aceptó formalmente en Washington la carta de intención presentada hace una semana por el gobierno argentino, y prorrogó el cobro de 6.780 millones de dólares que el país adeuda al propio FMI.
Eso implicó otorgar un crédito de contingencia de 2.980 millones de dólares para el pago de vencimientos improrrogables antes del 31 de agosto, y postergar el pago de otros 3.800 millones de dólares.
El total de los pagos postergados es unos 11.000 millones de dólares, e incluye deudas con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que se prorrogaron por periodos de tres a cinco años.
De esa manera, el país evitó el cese de pagos a organismos multilaterales de crédito, hacia el cual había empezado a caminar en noviembre, cuando Lavagna resolvió dejar de pagar deuda con reservas hasta que se alcanzara un acuerdo definitivo con el FMI.
El Fondo admitió en un comunicado que aprobó la carta para contribuir a la estabilidad económica argentina hasta las elecciones presidenciales del 27 de abril, tras las cuales espera que el próximo gobierno acepte un nuevo acuerdo por varios años, y se comprometa con claridad a realizar reformas de fondo.
El presidente argentino Eduardo Duhalde, participante desde el jueves en la reunión del Foro Económico Mundial en Davos, al sudeste de Suiza, se comunicó con su ministro de Economía Roberto Lavagna tras la decisión del FMI, para felicitarlo por el fruto de una ardua negociación comenzada por sus antecesores en diciembre de 2001.
Antes de que se aprobara la carta de intención, el presidente había afirmado que el FMI fue hostil con Argentina, y no la ayudó en el peor momento de su historia, en declaraciones publicadas este viernes por el diario La Nación.
El Fondo otorgó grandes préstamos al país en los años 90, cuando regía la paridad forzosa del peso con el dólar, pero ha sido renuente a otorgar nuevos créditos desde noviembre de 2001, cuando comenzó a precipitarse la crisis que condujo a abandonar esa política monetaria.
La suma de recesión, desempleo, malestar social y crisis política provocaron un colapso económico acompañado por masivas protestas, casi una treintena de muertos en saqueos y manifestaciones callejeras, y la renuncia del presidente Fernando de la Rúa (1999-2001) en la mitad de su mandato.
De la Rúa fue sucedido por Adolfo Rodriguez Saá, designado por el Poder Legislativo, quien duró apenas una semana en la presidencia, y en ese lapso declaró el cese de pagos a acreedores privados y anunció que se investigaría la legitimidad de la deuda externa, lo cual provocó desconfianza y fuerte malestar en los organismos financieros internacionales.
Tras la asunción de Duhalde el 1 de enero de 2002, la crisis se profundizó con depreciación del peso, aumento del desempleo y la pobreza, y mayor caída de la actividad económica. En ese marco, el FMI endureció su postura y exigió numerosas condiciones para un nuevo acuerdo que aliviara el pago de deudas pendientes.
El Fondo pidió primero liberalizar el tipo de cambio, y luego una nueva ley de quiebras y la derogación de normas que consideraba lesivas para la seguridad de los inversores. También demandó ajustar más los gastos de las provincias y eliminar la emisión de bonos provinciales, casi equivalente a un aumento de los pesos circulantes.
Lavagna reconoció al ocupar su actual cargo que no esperaba desembolsos de dinero fresco del FMI, pero dijo que pretendía un acuerdo con ese organismo que permitiera postergar vencimientos de pagos de deuda para este año y el próximo, para crear condiciones favorables a la reactivación y despejar de urgencias la gestión del próximo gobierno.
Desde entonces se registra una incipiente normalización de la economía, con estabilidad de precios, freno de la depreciación del peso, aumento de exportaciones y reactivación de algunos sectores económicos, vinculada con ese incremento de las ventas al exterior y con la sustitución de importaciones.
El gobierno pagó a tiempo su endeudamiento con organismos financieros internacionales hasta noviembre, mientras ponía en marcha un plan de subsidios a jefes y jefas de hogar desocupados, que palió la crítica situación de un amplio sector de la población empobrecida.
Pero la decisión de no pagar en noviembre dificultó aun más el entendimiento con el FMI. Recién en diciembre, tras gestiones de Lavagna por países europeos y la aparición de síntomas de recuperación económica, los técnicos del Fondo se avinieron a aceptar un acuerdo de corto plazo.
El director gerente del FMI, Horst Kohler, afirmó el viernes 17 en una carta al directorio que el acuerdo implica riesgos excepcionales para Argentina, la región y para el Fondo mismo, pero recomendó su aprobación como demostración de buena voluntad con el pueblo argentino. (
