La nueva ministra de Medio Ambiente de Brasil, Marina Silva, simboliza un nuevo tipo de liderazgo en América Latina, surgido de un activismo por el ambiente que busca cambios profundos y que ya tiene mártires.
Campesinos, cineastas, académicos, indígenas, políticos y hasta ex guerrilleros integran las huestes del movimiento ecologista de América Latina, un fenómeno vasto y diverso, del cual han surgido en pocas décadas importantes líderes como Silva.
La ministra, de 44 años, integra el gabinete del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien asumió su cargo el 1 de este mes.
Silva ayudó desde que era niña a su padre seringueiro (recolector de caucho) a sostener a una familia de ocho hijos, en el noroccidental estado de Acre. Sobrevivió a varias crisis de malaria en la selva amazónica, y aprendió a leer y escribir cuando tenía 16 años.
A esa edad, una hepatitis la obligó a trasladarse a la ciudad de Rio Branco, capital de Acre, donde pudo estudiar, graduarse en historia y convertirse en militante social y política, en el izquierdista Partido de los Trabajadores (PT).
Silva ayudó organizar la Central Unica de Trabajadores en Acre y a defender los bosques de caucho de las motosierras de los hacendados, como colaboradora de Chico Mendes, líder de los seringueiros y activista por los bosques amazónicos, asesinado en diciembre de 1988.
Su designación como ministra cuenta con el consenso de todos los ambientalistas, dijo a Tierramérica Carlos Minc, diputado estadual del PT en Río de Janeiro.
Minc, de 51 años, pertenece a un grupo de personas que tomaron las armas contra el régimen militar en el periodo 1968-1970, se exiliaron en Europa en los años 70 y retornaron con conceptos ambientalistas nuevos para el país, donde fundaron el minúsculo Partido Verde.
A la misma vertiente pertenecen el diputado Fernando Gabeira, el secretario de Urbanismo del municipio de Río de Janeiro, Alfredo Sirkis, y el secretario de Medio Ambiente del estado de Río de Janeiro, Liszt Vieira.
De ellos, sólo Sirkis permanece en el Partido Verde. Los demás pasaron al PT.
Tres integrantes de ese grupo fueron detenidos y torturados por el régimen, que los liberó en canje por un diplomático secuestrado por sus compañeros.
Muchos ambientalistas latinoamericanos han liderado cambios profundos, y varios pagaron con su vida la defensa de la naturaleza.
El agrónomo y profesor universitario peruano Godofredo García fue ejecutado por un hombre encapuchado el 31 de marzo de 2001, cuando tenía 63 años y frente a su hijo Ulisses, en el valle de San Lorenzo, unos 1.000 kilómetros al norte de Lima.
García lideraba la resistencia de 100.000 habitantes de ese valle contra el proyecto de la empresa canadiense Minera Manhattan para explotar yacimientos de oro, cobre, plata y zinc en el subsuelo de la ciudad de Tambogrande y en áreas agrícolas cercanas.
Ese plan implica el desplazamiento de unos 12.000 residentes urbanos y pone en riesgo la agricultura local, de la cual dependen unas 60 mil personas.
Una amplia campaña popular, respaldada por organizaciones locales y por otras internacionales como Oxfam América, no ha logrado frenar el proyecto minero, cuyos responsables prometen crear 3.000 empleos en forma directa o indirecta.
La sospecha inevitable es que García fue asesinado por orden de Minera Manhattan.
Otro asesinato que marcó al ambientalismo fue el del indígena Eusberto Jojoa, fundador de la Asociación para el Desarrollo Campesino de Colombia, en enero de 2000.
Es un dolor permanente, porque no sabemos quién lo mató ni por qué, dijo a Tierramérica Gonzalo Palomino Ortiz, pionero del ecologismo colombiano.
Palomino, de 66 años, integra numerosas organizaciones y escribe para varias publicaciones, además de ser profesor e investigador del departamento de Biología de la Universidad de Tolima, en el centroocidental departamento de ese nombre.
Uno de los logros de Palomino fue crear la Red de Reservas Naturales Privadas, a la cual están afiliadas 130 de esas áreas. El Ministerio de Ambiente aceptó la iniciativa como una buena forma de conservar ecosistemas, y según el activista eso fue un triunfo con bandera propia.
Pero lo que más recuerda fue la lucha de más de 15 años contra el dragado para extraer oro de un río en la occidental localidad de Ataco, de Tolima, por parte de una compañía minera subsidiaria de la estadounidense Chocó Pacífico.
Las protestas de cultivadores de arroz impidieron el desastre ecológico que habría causado ese proyecto, y muchos actuales integrantes del movimiento de Salvación Nacional Agropecuaria comenzaron su activismo en esa primera gran pelea de resonancia nacional, observó Palomino.
Protagonismo similar ejerció en Costa Rica el agrónomo Mario Boza, de 60 años en la actualidad y fundador del Servicio Nacional de Parques Nacionales, que protege 24 por ciento del territorio de su país.
La influencia de Boza superó las fronteras de su país y se extendió en el diseño del proyecto del Corredor Biológico Mesoamericano, que promueve el desarrollo sustentable en los siete países centroamericanos y el sur de México.
El agrónomo, viceministro costarricense de Ambiente de 1990 a 1993, escribe y participa en foros de modo incansable.
En muchos países se destruirán los recursos naturales y habrá grandes catástrofes, pero también habrá excelentes ejemplos a seguir, y en unos 50 años éstos serán más que los negativos, dijo Boza a Tierramérica.
El chileno Patricio Lanfranco, cineasta documentalista, es un ejemplo de otro tipo de líder ecologista.
En 1996 impulsó la Coordinadora No a la Costanera Norte, que reunió a 25 organizaciones vecinales y de comerciantes, para oponerse a la construcción de una autopista que une el este y el oeste de Santiago.
La campaña no impidió esa obra, pero logró pequeños triunfos, entre ellos cambios en el trazado de la autopista y la construcción de un túnel bajo el río Mapocho, para evitar mayores impactos a dos vecindarios.
Esa movilización tuvo según Lanfranco un resultado muy positivo: la creación de la Corporación Ciudad Viva, que ejecuta proyectos como la conservación del patrimonio arquitectónico del vecindario Bellavista.
Ese proyecto ganó este año el premio Andrés Bello, otorgado por siete países latinoamericanos por experiencias de defensa del patrimonio, entre 150 competidores. (
