La severa crisis política venezolana y el deterioro de la situación humanitaria de América Latina centraron la preocupación de distintos foros regionales en la celebración este martes del Día Internacional de los Derechos Humanos.
El Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), con sede en San José de Costa Rica, advirtió que la situación que atraviesa Venezuela es muy grave y que la responsabilidad no es exclusiva del gobierno de Hugo Chávez sino que reconoce causas más profundas.
También son motivo de alarma el recrudecimiento del conflicto interno armado de Colombia y los estragos que sufre la población argentina a causa del colapso económico de ese país, apuntó el IIDH, una entidad independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) creada para apoyar la educación en derechos humanos.
La delicada situación venezolana es producto del abandono en que las clases gobernantes dejaron la educación de los derechos humanos durante 30 años, señaló el director ejecutivo del IIDH, el salvadoreño Roberto Cuéllar.
Es lamentable el periodo tan crítico que soporta Venezuela, sobre todo porque cuenta con la riqueza suficiente para tener un mayor desarrollo social, comentó Cuéllar, quien en el pasado fue abogado del obispo pacifista Oscar Arnulfo Romero, asesinado por paramilitares en 1980 en San Salvador.
La producción petrolera podría constituirse en un pilar de la economía venezolana, la cual debería estar enteramente ligada al desarrollo social, agregó.
Las preocupaciones del IIDH se unieron este martes a las del Grupo de Río, la mayor instancia de coordinación y concertación política de América Latina y el Caribe y que está integrado por 19 gobiernos surgidos de elecciones pluralistas.
Este foro, creado en 1986 en Río de Janeiro y cuya presidencia rotativa este año en manos de Costa Rica, emitió un comunicado en el que expresa su honda preocupación ante la situación general que vive Venezuela.
El Grupo de Río lamenta profundamente la irreparable pérdida de vidas humanas acaecida durante los violentos actos del viernes 6 de diciembre de 2002 en Caracas (donde murieron tres manifestantes en un tiroteo), así como la paralización de actividades vitales para la economía del país.
También señaló su total respaldo a las gestiones del secretario general de la OEA, César Gaviria, en aras de encontrar una solución pacífica a la crisis, en el marco constitucional y de conformidad con las disposiciones de la Carta Democrática Interamericana, aprobada por el foro continental en 2001 en Lima.
A través del comunicado, el Grupo de Río realizó un urgente llamado al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y a la Coordinadora Democrática (de oposición) para que continúen el diálogo en la Mesa de Negociación y Acuerdos, instalada a instancias de Gaviria y otras organizaciones internacionales.
Por su parte, el director ejecutivo del IIDH destacó la contradicción entre las normas sobre derechos humanos vigentes en Venezuela y lo que sucede en la práctica en ese país.
Cuéllar destacó que Venezuela, desde el punto de vista constitucional, es el primer país en materia normativa en el campo humanitario en la región.
Por eso el Instituto no establece un ranking de los países en materia de respeto de los derechos humanos, porque los parámetros son muy relativos y así lo vemos con el caso de Venezuela, explicó.
Añadió que, mientras persista la desproporción social y haya un divorcio entre el poder y el ejercicio ciudadano siempre habrá una preocupación en ese ámbito en América Latina y el Caribe.
El aumento de la corrupción y de la criminalidad organizada son dos factores que atentan contra los derechos humanos en la región, opinó.
Además, mientras existan déficit en salud, vivienda, educación, trabajo, justicia, calidad de vida, y seguridad, los derechos humanos continuarán siendo nuestro mayor desafío, manifestó en referencia expresa a la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos.
Agregó que el distanciamiento entre lo que representa la normativa de los derechos humanos y el respeto por estos derechos en la práctica es una muestra de la falta de voluntad política y de planificación por parte de los gobiernos del área.
En este sentido, la directora del departamento de entidades de la sociedad civil del IDDH, Hilda Pacheco, indicó que en América Latina se presenta un vacío entre legislación y la realidad.
Consideró que falta una visión de conjunto, que permita integrar tanto el aspecto legal como el práctico en una región en la que los derechos humanos son afectados por las condiciones económicas y sociales que prevalecen en los distintos países.
Pacheco insistió en que el ejemplo más notorio es lo que ocurre en Venezuela, donde a la dirigencia política poderosa no le interesó invertir en materia de derechos humanos durante décadas y hoy sufre las consecuencias de esa omisión.
A los defensores de la globalización económica tampoco les interesa proteger los derechos humanos, como lo exigen las circunstancias en América Latina, puntualizó.
Pacheco entiende que el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) que impulsa Estados Unidos al igual que el tratado comercial que pretende acordar ese país con América Central evidencian que el interés está centrado en regular el intercambio de productos.
Hasta ahora no se ha contemplado lo que significan el ALCA y el tratado de libre comercio en gestación entre Estados Unidos y los países centroamericanos para la región desde el punto de vista migratorio. Es decir, se dejó de lado la parte humana de los acuerdos, destacó.
Pero la situación de los derechos humanos en América Latina es un asunto que está motivando la preocupación de activistas de toda la región.
En el caso de América Central, muchos activistas humanitarios han señalado a IPS que el gran problema es la alarmante cantidad de violaciones a los derechos económicos, culturales y sociales.
Los derechos más violados en América Central y en el resto de América Latina son aquellos que garantizan la sobrevivencia de las personas. Se están limitando esos derechos y estamos condenando a muchos a la muerte, dijo a IPS el sociólogo guatemalteco Byron Barillas.
Los expertos explican que los derechos económicos, sociales y culturales son los más invisibles, pero a la vez los que más violan los Estados.
Un estudio de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica indica que 30 por ciento más rico de los centroamericanos acumula 80 por ciento de los ingresos de la región, mientras que 30 por ciento más pobre recibe menos de cinco por ciento de esa riqueza.
La situación más grave se presenta en Guatemala, donde 10 por ciento más pobre p-en su mayoría indígenas— recibe solamente 0,6 por ciento del ingreso nacional. (FIN/IPS/jem/nms/dm/hd/02
