El Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Personas de Descendencia Africana comenzó a sesionar sin la participación de los países del Norte, que se opusieron a la creación del cuerpo destinado a estudiar la discriminación racial contra esa comunidad.
El bloque de Europa occidental, que en el área de derechos humanos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) agrupa a los países industrializados, tampoco ha designado al experto que le representará en el grupo de trabajo.
Presumimos que nunca lo nombrarán porque los países del Norte industrializado tienen una posición negativa respecto del grupo de trabajo, comentó Mercedes Moya, de la Alianza Estratégica de Afrodescendientes de América Latina y el Caribe.
En la creación del grupo, aprobada en abril por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, jugaron un papel clave los países en desarrollo, que superaron ampliamente los votos de Europa occidental, Israel, Malta y de estados de Europa oriental, entre otros. Estados Unidos no participó del último periodo de la Comisión.
El grupo está integrado por los expertos Peter Lesa Kasanda, de Zambia, que asumió la presidencia, George Nicolas Jabbour, de Siria, Irina Zlatescu, de Rumania, y Roberto Borges Martins, de Brasil.
Martins no se presentó a las sesiones iniciadas esta semana, aunque fuentes diplomáticas dijeron que fue retenido en Brasil a causa de compromisos anteriores contraídos por su participación en el equipo de trabajo del presidente electo de ese país, Luiz Inácio Lula da Silva.
El grupo deberá elaborar un informe durante estas sesiones, que finalizarán el próximo viernes, y en el periodo de febrero, para ser presentado en la reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que se inicia en marzo de 2003.
De las reuniones del grupo de trabajo, iniciadas el lunes, participan representantes de algunos pocos países, en su mayoría latinoamericanos y caribeños, y de organizaciones de la sociedad civil.
En la primera jornada, la asistencia de grupos independientes se había limitado a las organizaciones no gubernamentales que tienen reconocido su estatus consultivo en el Consejo Económico y Social de la ONU. Pero el grupo de trabajo decidió posteriormente admitir a todas las entidades de la sociedad civil.
El organismo tiene el mandato de recoger información en múltiples fuentes sobre los problemas de racismo que afrontan los pueblos descendientes de africanos y sobre las formas de eliminar esas discriminaciones raciales.
También deberá proponer disposiciones para asegurar el acceso de esas comunidades a los sistemas judiciales y mecanismos para promover sus derechos humanos.
La denominación de afrodescendientes fue acuñada en la reunión de los representantes de esas comunidades realizada hace un año en La Ceiba, Honduras, bajo la organización del grupo de trabajo sobre minorías de la Subcomisión de Derechos Humanos, un cuerpo asesor de la Comisión de la ONU.
Silis Muhammad, representante de la sociedad civil de Estados Unidos, estimó que todos esos pasos tienen que contribuir a reinstalar políticamente a los afrodescendientes en la familia humana.
Los afrosdescendientes opinan que el grupo de trabajo contribuirá principalmente a incrementar la visibilidad de esa comunidad y de sus aspiraciones, resumió Moya.
El embajador chileno Juan Enrique Vega coincidió en que, por intermedio de los acuerdos adoptados en la Conferencia Mundial contra el Racismo, realizada el año pasado en la ciudad sudafricana de Durban, los afrodescendientes han alcanzado el grado de visibilidad de otras víctimas del racismo.
La comunidad internacional reconoce que los afrodescendientes, en todos los países donde se encuentren, constituyen un grupo específico de víctimas del racismo, como los pueblos indígenas, los inmigrantes y los refugiados, entre otros, dijo Vega, que habló en nombre del Grupo Latinoamericano y del Caribe.
El representante de Haití, embajador Etzer Charles, recomendó al grupo de trabajo que se ocupe del problema de la integración de algunas minorías negras marginadas social y geográficamente y reducidas a ghetos.
Esas injustas estratificaciones sociales y económicas representan con frecuencia un legado de la esclavitud, el colonialismo y la discriminación racial institucionalizada, que en algunas sociedades todavía persisten, interpretó el Alto Comisionado adjunto de la ONU para los Derechos Humanos, Bertrand Ramcharan, de Guyana.
El delegado de Barbados, embajador Erskine Griffith, expuso, en las sesiones del grupo de trabajo, el desagrado de su gobierno con una decisión adoptada por una conferencia de organizaciones no gubernamentales, que excluyó a todo participante que no perteneciera a la comunidad de descendientes de africanos.
A la reunión cuestionada, que se realizó entre el 1 y el 6 de octubre en Bridgetown, la capital de Barbados, asistieron organizaciones no gubernamentales de africanos y de afrodescendientes para efectuar el seguimiento de la Conferencia de Durban.
La reunión de Bridgetown resolvió prohibir la asistencia a sus sesiones de personas sin ascendencia africana, lo que excluyó algunos de los integrantes de las organizaciones no gubernamentales que habían viajado desde Gran Bretaña.
El embajador Griffith precisó que su gobierno no estuvo representado oficialmente en la conferencia ni tampoco tuvo relación alguna con la discutida decisión.
La ministra de Justicia de Barbados, Mia Mottley, advirtió a los organizadores de la conferencia de Bridgetown que su gobierno se oponía de modo inequívoco a cualquier resolución que intentara separar a las personas por sus orígenes de raza o etnia. Pero su llamado no fue escuchado, lamentó Griffith. (FIN/IPS/pc/dm/hd/02
