El Congreso legislativo de Colombia comenzó este martes a discutir una prórroga de cuatro años de la vigencia de la ley que habilitó el diálogo de paz entre el gobierno y organizaciones insurgentes, aunque ahora se agregan condiciones.
El proyecto presentado a instancias del gobierno de Alvaro Uribe elimina el reconocimiento de estatus político de la guerrilla izquierdista o de los paramilitares de derecha, que impone la norma de Orden Público próxima a vencer como requisito previo para iniciar una negociación en busca de la paz.
Admitir la condición política de los rebeldes o paramilitares es establecer una figura jurídica que entorpece una solución negociada del conflicto armado interno, señaló el gobierno en la exposición de motivos del texto que examinan de modo conjunto las comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados.
La ley de Orden Público, cuya vigencia vence el 23 de diciembre, fue promulgada durante el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998) con el propósito de encausar legalmente un proceso de paz con la guerrilla.
Uribe cree que conceder estatus político a los grupos irregulares puede contradecir potestades del presidente, pues estaría violando el principio de igualdad de los ciudadanos, ya que existen fuerzas políticas legales que cumplen con las normas del derecho internacional humanitario y no acuden a las armas.
El senador Carlos Gaviria, un opositor que defendió el nuevo texto de la ley en la comisión conjunta, dijo a IPS que todo intento de abrir espacios a negociaciones de paz es bienvenido y es lo que sostuve de modo reiterado en la campaña electoral.
La reforma de la ley contiene varios aspectos interesantes, pero el más importante es el que suprime como condición para negociar y para dialogar el reconocimiento previo del estatus político a las organizaciones interesadas en hacerlo, destacó Gaviria, del movimiento izquierdista Polo Democrático.
También señaló como importante el punto que considera a todos los niños involucrados en el conflicto como víctimas, pese a que aparentemente aparezcan como actores por estar enrolados en las filas de los grupos armados.
El proyecto, que luego será discutido en cada cámara por separado, otorga además potestad al gobierno para desmilitarizar zonas, como la que se mantuvo por más de tres años en Caguán, una región del meridional departamento de Caquetá, para el frustrado diálogo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Por su parte, Rodrigo Rivera, legislador del Partido Liberal, indicó que comparte la idea de que el gobierno cuente con un instrumento general para buscar salidas negociadas al conflicto armado interno.
Sin embargo, consideró inconveniente que se suprima la exigencia del reconocimiento del estatus político a las organizaciones armadas que pretendan participar en un eventual proceso de paz.
Ana Bernal, directora de la Red de Iniciativas para la Paz (Redepaz), comentó a IPS que el proyecto de reforma de la ley de Orden Público plantea varios interrogantes.
El más importante es que no establece diferencias entre los grupos, por lo cual sería lo mismo dialogar en busca de paz con las organizaciones paramilitares de derecha que con las guerrillas izquierdistas.
También se debe dejar claro en esta nueva ley el tratamiento que se le va a dar a aquellos grupos que violaron los derechos humanos, apuntó la directora de Redepaz, que reúne a unas 30 organizaciones no gubernamentales de apoyo a la solución negociada del conflicto.
Los paramilitares han sido señaladas por organizaciones humanitarias como autoras de más de 70 por ciento de las casi 300 masacres contra la población civil que se perpetran anualmente en Colombia.
El ministro de Justicia e interino de Interior, Fernando Londoño, admitió el lunes por primera vez que existen contactos entre el gobierno y los paramilitares para intentar un acercamiento en busca de instalar un proceso de paz.
Asimismo, el comisionado para la Paz, Luis Restrepo, lleva a cabo contactos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla después de las FARC, para estudiar la posibilidad de una negociación de paz.
Uribe, al comienzo de su mandato el 7 de agosto, anunció su disposición de iniciar diálogos de paz con los grupos armados irregulares con la ayuda de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Pero las FARC han hecho saber que prefieren contactos directos con el gobierno, sin intermediarios, y exigieron para volver a negociar la desmilitarización de regiones de los departamentos de Caquetá y Putumayo, que suman más de 110.000 kilómetros cuadrados.
Las FARC, el ELN y las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia fueron incluidas por Estados Unidos en su la lista de las 30 organizaciones terroristas más peligrosas del mundo. (FIN/IPS/yf/dm/ip/02
