La falta de credibilidad de los políticos argentinos ha llegado al grado extremo de que las manifestaciones de votar en blanco, anulado o de abstenerse suman más que las adhesiones al precandidato presidencial mejor ubicado en las encuestas.
Todas las consultas muestran que la rabia y el rechazo hacia gobernantes y dirigentes partidarios en general no cambió pese a que decayeron las protestas callejeras, que el 20 de diciembre provocaron la renuncia de Fernando de la Rúa a la presidencia, cuando sólo había transcurrido la mitad de su mandato de cuatro años.
La investigación realizada este mes por la firma Ibope para conocer la intención de votos con vista a las elecciones presidenciales del 27 de abril determinó que 22 por ciento de los entrevistados no tiene previsto concurrir a las urnas, pese a que el sufragio es obligatorio, o que votará en blanco o lo anulará.
Sólo en segundo lugar y con apenas 15 por ciento de adhesión aparece el precandidato con mayor convocatoria, Adolfo Rodríguez Saá, ex gobernador de la occidental provincia de San Luis y uno de los postulantes del gobernante Partido Justicialista (peronista).
La encuesta de Ricardo Rouvier y Asociados también ofrece un panorama similar, pues 26,3 por ciento responde que no votará a ningún candidato y sólo 14,2 por ciento se define en favor de Rodríguez Saá, presidente interino de Argentina del 23 al 30 de diciembre.
Si esas dos empresas sumaran la cantidad de consultados que no votará a ningún postulante con los indecisos, que rondan en ambos casos nueve por ciento, se concluye que un tercio del padrón electoral no se siente representado por ningún dirigente o partido pese a que sólo faltan cinco meses para los comicios.
La falta de participación en las urnas o el voto de rechazo ya se expresaron este año en las elecciones para gobernador de la septentrional provincia de Santiago del Estero, donde la abstención alcanzó a 51 por ciento del electorado.
La falta de expectativas respecto de los actuales candidatos tiene como antecedente los años de democracia desde 1983, en que se defraudaron las esperanzas del electorado, explicó a IPS María José Lubertino, ex legisladora y actual directora del Instituto Social y Político de la Mujer.
La gente perdió el empleo y se volvió más pobre o indigente, por eso entiende que los políticos los defraudaron una y otra vez, comentó Lubertino, una dirigente política con más incidencia en la sociedad civil que en las estructuras partidarias tradicionales.
Un estudio del Centro de Estudios de Opinión Pública realizado entre votantes que se inclinan por no votar a nadie indicó que 76 por ciento de los entrevistados cree que la política es necesaria para transformar el país, pero 80 por ciento expresó opiniones negativas respecto de los políticos que los representan.
Lubertino opinó que los partidos políticos o las organizaciones sociales son necesarios para la democracia. Sería peligroso que la crisis promueva el surgimiento de candidatos supuestamente independientes, pero que en verdad responden a grupos económicos concentrados, advirtió.
Sin embargo, sostuvo que los partidos deberían fomentar un sistema verdaderamente representativo, con mecanismos de democracia directa, como la elaboración del presupuesto participativo, la rendición de cuentas de parte del Estado, la revocación de mandatos para los que no cumplen o plebiscitos.
La activista entiende el cansancio de los electores, que hasta ahora han tenido que inclinarse por el mal menor entre opciones que no los satisfacen, pero consideró que votar en blanco, no concurrir a las urnas o anular el voto favorece la permanencia de dirigentes que nos llevaron a este estado de cosas, señaló.
Argentina atraviesa la crisis social, económica y política más aguda de su historia.
La actividad económica retrocede desde hace cuatro años, el desempleo alcanza a 21,4 por ciento de los activos y más de 50 por ciento de los 37 millones de habitantes viven en la pobreza, con niveles de indigencia sin precedentes en un país productor de alimentos por excelencia.
Además, en los dos últimos años pasaron por el gobierno partidos de distinta extracción ideológica y trayectoria y ninguno logró frenar la depresión económica, sino que contribuyeron a profundizarla y sólo se ganaron el repudio de la población, explican los expertos.
Tras dos gobiernos consecutivos del peronista Carlos Menem (1989-1999), 72 por ciento de consultados responde que jamás lo volvería a votar. No obstante, Menem ya lanzó su precandidatura a la presidencia y recoge hasta ahora entre 8 y 11 por ciento de respaldos en las encuestas.
En diciembre de 1999 llega al gobierno De la Rúa, un dirigente de la tradicional Unión Cívica Radical (UCR) con extensa trayectoria parlamentaria.
La Alianza, conformada entonces por la UCR con el centroizquierdista Frente País Solidario (Frepaso), generó una gran confianza en la población de cambios respecto del sesgo neoliberal de Menem, que al final de su mandato ya se habían disparados los indicadores sociales.
Pero la Alianza fracasó y a sólo dos años de gobierno se vio obligada a renunciar ante el caos económico y las continuas protestas sociales, que derivaron en diciembre en saqueos a comercios y otros actos de violencia.
De la Rúa arrastró consigo a las Alianza, derrumbó a la UCR a su nivel más bajo de adhesión en su historia, atomizó al Frepaso y terminó con las aspiraciones políticas de su ministro de Economía Domingo Cavallo, quien había logrado la adhesión de más de 10 por ciento del electorado en las elecciones de 1999.
Cavallo, que fue convocado por De la Rúa como un salvador en medio de la crisis de comienzos de 2001, se transformó en uno de los políticos más repudiados por la población luego de decidir la imposición del llamado corralito bancario, que inmovilizó los depósitos de millones de ahorristas hace ya casi un año.
Sin embargo, la crisis dejó en pie al Partido Justicialista — pese al descreimiento de Menem— y logró que el Congreso nombrara primero a Rodríguez Saá y luego a Eduardo Duhalde, quien asumió el gobierno el 1 de enero para completar el mandato de De la Rúa.
Duhalde apenas logró en los últimos meses estabilizar precariamente las variables principales de la economía, pero el país mantiene la cesación de pagos de su deuda externa con los acreedores privados, y ya comenzó a incumplir también obligaciones con los organismos multilaterales de crédito.
En este contexto, la dirigencia política tradicional parece haber sido fagositada por la crisis.
Sin embargo, los precandidatos más activos con vistas a las elecciones presidenciales de abril provienen todos de esas mismas tradicionales estructuras partidarias, un hecho que incita el rechazo de los votantes.
Luis Zamora, diputado del izquierdista partido Autodeterminación y Libertad, fue uno de los pocos dirigentes que ocuparon los primeros planos este año ajenos a los partidos tradicionales.
Pero hace poco más de un mes, Zamora, con importantes adhesión en las encuestas, anunció que no participará de los comicios, por considerar que es una trampa electoral para que el sistema político no cambie.
Zamora llamó a sus segidores a impugnar el voto en señal de protesta y para que sean revocados todos los mandatos de legisladores, gobernadores y de autoridades municipales.
Así, el voto negativo suma adeptos, al menos como una catarsis de la decepción ciudadana, ya que la mayoría de los que eligen esa opción responden que con su acto no cambiará las cosas, al menos en esta coyuntura. (FIN/IPS/mv/dm/ip/02
