La condena a 30 años de prisión contra el coronel retirado Juan Valencia Osorio por el asesinato de la antropóloga Myrna Mack, en 1990, dispuesta el jueves por un tribunal de Guatemala, fue saludada por el gobierno y organizaciones de derechos humanos de Estados Unidos.
Estados Unidos elogia al tribunal guatemalteco que demostró en este juicio que la impunidad no será tolerada, y también reclama al gobierno de Guatemala que proteja la seguridad de los jueces, fiscales y testigos y de los empleados de la Fundación Mack vinculados al proceso, dijo un portavoz del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos.
La sentencia de Valencia Osorio, ex alto oficial del Estado Mayor Presidencial, es la primera contra un jerarca militar por violaciones a derechos humanos cometidas durante la guerra civil de 36 años que padeció Guatemala (1960-1996).
Otros dos acusados en el proceso, el general retirado Edgar Godoy Gaitán, ex jefe del Estado Mayor Presidencial, y el coronel retirado Juan Guillermo Oliva, ex subjefe del Departamento de Seguridad, fueron absueltos por falta de pruebas.
La lucha por la responsabilidad ante la justicia en Guatemala ha logrado una importante victoria. Al fin uno de los oficiales que usó el terror como táctica ha sido llevado ante la justicia, dijo el director de Human Rights Watch (HWR) para América, José Miguel Vivanco.
Aunque aún falta mucho para que se haga justicia en este caso, como identificar y juzgar a otros involucrados, éste es un paso significativo, sostuvo el director del Comité de Abogados por los Derechos Humanos, Michael McClintock, con sede en Nueva York.
Este fallo levanta una pequeña punta del manto de impunidad que ha caracterizado la mayor parte de las violaciones de derechos humanos en Guatemala, sostuvo.
La condena, aunque parcial, establece un precedente valioso sobre la responsabilidad de las jerarquías militares en crímenes de esta naturaleza, añadió McClintock.
Mack fue una de las 200.000 personas muertas durante el conflicto armado, la mayoría víctimas del ejército o de las fuerzas rurales de defensa bajo su control, de acuerdo a organizaciones de derechos humanos y al informe de la Comisión de la Verdad, publicado en 1999, a tres años del fin de la guerra.
Mack fue asesinada frente a su oficina en la ciudad de Guatemala el 11 de septiembre de 1990, por el sargento Noel de Jesús Beteta, quien le asestó 27 puñaladas.
La antropóloga había logrado reconocimiento internacional por sus estudios acerca del impacto de la guerra en las comunidades rurales de indígenas mayas.
Al principio, la policía explicó a la familia de Mack que la muerte se debió a un accidente de tránsito. Luego eliminó un informe de 60 páginas, elaborado por sus propios investigadores, que señalaba el motivo político del crimen y lo vinculaba con el ejército.
La perseverancia de la hermana de Myrna, Helen Mack, apoyada por organizaciones internacionales de derechos humanos, condujo a la condena de Beteta —integrante del Estado Mayor Presidencial, el nervio central de los escuadrones de la muerte—, quien fue sentenciado a 25 años de prisión en 1993.
Pero aunque todo indicaba que los superiores del sargento habían ordenado el asesinato, el juicio contra los tres oficiales llevó nueve años, por las sucesivas postergaciones logradas por los acusados y la activa resistencia del ejército a cualquier proceso.
Por ejemplo, las jerarquías militares se negaron a entregar a la justicia documentos fundamentales o remitían en ocasiones información falsa o errónea.
Un policía que había reunido evidencias incriminatorias fue asesinado en 1991 en circunstancias extrañas y otros dos investigadores y tres testigos recibieron amenazas de muerte que los obligaron a abandonar el país.
En agosto, el abogado Roberto Romero, representante de la Fundación Myrna Mack, también denunció amenazas de muerte y un tiroteo contra su casa cometido por desconocidos. En septiembre su hijo también fue intimidado.
El veredicto es tardío pero bienvenido. Doce años es demasiado tiempo para ver que se haga justicia, parcial posiblemente, sostuvo el jueves la organización Amnistía Internacional, con sede en Londres.
Requirió 12 años, la tenacidad y el esfuerzo incansable de Helen Mack y la enorme presión internacional para llevar este caso a la justicia, dijo la analista guatemalteca Adriana Beltrán, de la Washington Office on Latin America.
En las últimas semanas han sido allanadas varias organizaciones de derechos humanos y oficinas religiosas que guardaban información sobre la violenta campaña contrainsurgente que el ejército llevó a cabo contra comunidades mayas a fines de los años 70 e inicios de los 80.
Activistas, clérigos y antropólogos forenses involucrados en esas investigaciones han sido amenazados para que abandonen el país.
Este nuevo clima de persecución es atribuido por varios analistas al caso Mack y a otros intentos de llevar a los militares a la justicia.
El gobernante Frente Republicano Guatemalteco es liderado por el general retirado Efraín Ríos Montt, el dictador militar que presidió el país en los años más violentos del conflicto.
En 2001, 11 comunidades indígenas presentaron cargos criminales contra Ríos Montt, quien preside actualmente el Congreso legislativo, por ordenar masacres en zonas rurales.
Un litigio similar fue presentado este año contra el predecesor de Ríos Montt, el general Fernando Romeo Lucas García, quien reside en Venezuela.
El año pasado un coronel y otros tres militares fueron condenados por el asesinato del obispo católico Juan Gerardi, en 1998. Gerardi fue golpeado hasta morir en su garaje, dos días después de divulgar un amplio informe que acusaba a los militares de la mayoría de las muertes perpetradas durante la guerra.
Fue el primer proceso tras los acuerdos de paz de los años 90, que condenó a un militar por un crimen político.
El combate contra la impunidad aún es arduo, coinciden grupos de derechos humanos.
El hecho de que al menos un oficial haya sido condenado (por la muerte de Mack) es un reconocimiento al extraordinario coraje de Helen Mack. Pero para que miles de otras víctimas obtengan justicia, Guatemala tendrá que trabajar mucho para remover los terribles obstáculos que se vio obligada a enfrentar, concluyó Vivanco. (FIN/IPS/tra-eng/jl/dcl/hd/ip/02
