La explosión de un coche-bomba frente a la sede de la policía de la capital colombiana, a sólo seis cuadras de la sede del gobierno, dejó este martes al menos tres muertos y unos 30 heridos, en un atentado atribuido a un comando urbano de las insurgentes FARC.
Un taxi cargado con 50 kilogramos de explosivos fue detonado en un estacionamiento de vehículos frente al edificio policial, en el mayor ataque perpetrado en Bogotá desde los atentados del 7 de agosto, cuando asumió la presidencia Alvaro Uribe.
El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Héctor Castro, informó que un hombre dejó estacionado el automóvil con explosivos y que éste explotó cuando un empleado se disponía a lavarlo.
El empleado quedó destrozado por la explosión, que también le costó la vida a un joven que prestaba servicio militar en la policía y una mujer que pasaba por el lugar.
El coche-bomba estalló a pocas cuadras de distancia de la llamada zona del cartucho, donde el 7 de agosto murieron 21 personas y otras 60 resultaron heridas a raíz del ataque con artefactos explosivos lanzados por las FARC (Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia) contra la sede presidencial.
El alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, había anunciado días atrás la inminente puesta en marcha de operativos contra las milicias (grupos guerrilleros urbanos) de las FARC, que según algunos analistas ha iniciado una nueva fase de la guerra civil centrada en las ciudades.
Esta semana comenzó a actuar un grupo de elite antiterrorista urbano, que tiene como objetivo neutralizar las acciones de la guerrilla en la capital, explicó el alcalde.
Mockus añadió que su gobierno trata de evitar que la situación en Bogotá se parezca a la que afronta la noroccidental ciudad de Medellín, donde grupos armados ilegales llegaron a controlar un amplio sector del noroeste, denominado Comuna 13.
Los operativos militares iniciados el miércoles de la semana pasada en Medellín, la segunda ciudad en importancia del país, dejaron un saldo de por lo menos 18 personas muertas, nueve de ellas civiles, cinco militares y policías y cuatro guerrilleros, además de casi 200 personas detenidas. ,
La actuación militar está amparada en el estado de Conmoción Interior, declarado por Uribe pocas semanas después de haber asumido el cargo.
Esa herramienta legal concede a las Fuerzas Armadas facultades para realizar detenciones y allanamientos de morada sin orden judicial, sólo ante la sospecha de actividades guerrilleras.
Lo ocurrido en Medellín en la última semana deja abierto el debate sobre el abandono del Estado a los barrios marginados de las ciudades, dijo a IPS El sociólogo Alonso Salazar, autor de No nacimos para semilla, un libro que estudia el fenómeno de los sicarios (asesinos a sueldo) en el narcotráfico.
En esos barrios actúan contra la población civil las llamadas milicias populares, los grupos paramilitares de derecha y la delincuencia común.
Las medidas tomadas por el gobierno causaron preocupación a grupos humanitarios, como señala un informe de Amnistía Internacional (AI) en España.
La situación de los derechos humanos se agravó tras la ruptura de las negociaciones de paz entre el anterior gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) y las FARC el 20 de febrero, indica el estudio.
Marcelo Pollack, uno de los autores del informe, señaló que en San Vicente del Caguán, cabecera de la zona de 42.000 kilómetros cuadrados que se había desmilitarizado para el diálogo de paz, ha habido un desbordado incremento de las violaciones a los derechos humanos cometidas por los agentes del Estado.
El experto explicó que el documento se enfocó en San Vicente del Caguán, porque es un ejemplo tan simbólico de la crisis de derechos humanos en Colombia, ya que fue centro por más de tres años de una intensa atención nacional e internacional, pero la misma situación se repite en otras zonas del país.
La población civil colombiana, desafortunadamente, se encuentra expuesta a sufrir abusos contra los derechos humanos, tanto a manos de las fuerzas de seguridad como de sus aliados paramilitares, y de la guerrilla, aseguró Pollack.
Amnistía Internacional entiende que las medidas tomadas por el gobierno amenazan con arrastrar más a la población civil al conflicto y han servido para aumentar de modo significativo las potestades de las fuerzas de seguridad y la situación de impunidad de los que cometen delitos contra la humanidad. (FIN/IPS/yf/dm/ip hd/02
