El gobierno chileno negó este lunes haber negociado la renuncia del general Patricio Ríos al mando de la fuerza aérea, una decisión que el militar concretó luego de que un juez acogiera una demanda en su contra por obstrucción a la justicia y que algunos diputados anunciaran que lo acusarán constitucionalmente.
Ríos presentó su dimisión el domingo al presidente Ricardo Lagos, constituyéndose así en el primer mando castrense obligado a renunciar desde el restablecimiento de la democracia en marzo de 1990.
El general fue arrastrado por el escándalo desatado el 8 de septiembre por el diario estatal La Nación, al denunciar la rearticulación bajo el alero de la fuerza aérea del Comando Conjunto, una asociación ilícita represiva que actuó contra el Partido Comunista en los primeros años de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90).
Posteriores publicaciones de La Nación revelaron que un hombre clave en el resurgimiento del Comando Conjunto fue el general Patricio Campos, que encabezó hasta hace dos semanas la Dirección de Aeronáutica Civil.
Campos es casado con Viviana Ugarte, quien había sido procesada y amnistiada como ex agente de esa asociación ilícita.
En 2000, Campos fue comisionado por Ríos para que se hiciera cargo de recopilar al interior de la fuerza aérea información sobre paradero de restos de desaparecidos durante la dictadura de Pinochet, en el marco de los acuerdos alcanzados en junio de ese año por una mesa de diálogo cívico-militar sobre derechos humanos.
Ríos jamás dio una explicación coherente sobre la designación de Campos, a quien el juez penal Mario Carroza encausó el viernes, por el delito de obstrucción a la justicia, tras comprobar que ocultó y distorsionó informes sobre ubicación de restos de víctimas de personas víctimas de desapariciones forzadas.
Ese mismo día, el magistrado Mario Dahm acogió a tramitación una querella criminal contra el propio Ríos, también por cargos de obstrucción a la justicia, presentada por la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desparecidos (AFDD), a la cual se sumó este lunes una segunda demanda del Partido Comunista.
Durante la dictadura de Pinochet se produjeron casi 1.200 casos de desapariciones forzadas, de los cuales se han aclarado hasta la fecha unos 200.
La mesa de diálogo, creada en agosto de 1999, cuando el ex dictador estaba bajo arresto en Londres, reunió a abogados de organizaciones de derechos humanos, representantes oficiales de las Fuerzas Armadas y personalidades religiosas, pero la AFDD se negó a participar en ella.
Los militares, en el acuerdo final alcanzado en junio de 2000 en la mesa, admitieron las violaciones de los derechos humanos y aceptaron la creación de un mecanismo para que, bajo el llamado secreto profesional, ex agentes y miembros de las Fuerzas Armadas suministraran a la Iglesia Católica informes sobre el paradero de restos de desaparecidos.
Lagos dio a conocer en enero de 2001 los resultados de esa recolección de informes, que requirió de una ley especial, en la cual, junto con proteger la identidad de los informantes, se estableció que quienes falsearan antecedentes incurrían en el delito de obstrucción a la justicia.
La situación de Ríos se torno tornó insostenible el viernes, luego que, junto con la demanda de la AFDD, se divulgó que representantes de la gobernante Concertación por la Democracia habían decidido presentar esta semana una acusación constitucional en su contra ante la Cámara de Diputados.
El comandante de la fuerza aérea mantuvo en suspenso hasta el domingo la posibilidad de renunciar, pero finalmente presentó su dimisión a Lagos en una reunión que duró 30 minutos, en la cual participó también la ministra de Defensa, Michelle Bachelet.
Durante todo el fin de semana circularon rumores de que Ríos condicionaba su retiro a que el gobierno le diera garantías de que bloquearía la acusación constitucional en su contra en el interior de la coalición oficialista.
El ministro de la Secretaría General de Gobierno y portavoz presidencial, Heraldo Muñoz, descartó terminantemente este lunes esos rumores. Creo que una salida negociada es cuando se entrega algo a cambio de otra cosa y aquí no ha ocurrido nada semejante, dijo.
Esta situación deja entrever la necesidad de contar con reformas constitucionales para evitar situaciones similares en el futuro y que el presidente (de la República) tenga en el momento que se requiera la facultad de remover a los comandantes en jefe (del ejército, la armada y la aviación) y al general director (de la policía) de Carabineros, añadió el ministro.
El gobierno planea insistir este año con su propuesta de incluir, en un paquete de enmiendas a la Constitución de 1980, la restitución al Poder Ejecutivo de la facultad de designar y remover a los mandos castrenses, que existió en este país hasta el golpe de Estado de 1973.
En la actualidad, el jefe del Estado puede pedir la destitución de un alto mando uniformado únicamente al Consejo de Seguridad Nacional, que sólo la puede aprobar con los dos tercios de sus miembros, entre los cuales se cuentan precisamente los cuatro comandantes en jefe, además de cinco civiles.
En 1994, el entonces presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle exhortó a renunciar al jefe de Carabineros, general Rodolfo Stange, luego de que un juez lo acusara de graves faltas a los códigos militares en el caso de tres militantes comunistas, que fueron secuestrados y degollados en 1985 por un grupo de policías y agentes civiles.
Stange, quien es ahora senador, se negó a renunciar y dejó en una incómoda posición a Frei Ruiz-Tagle, quien debió a la vez observar como la justicia militar exoneraba de los cargos al jefe policial.
La ministra Bachelet consideraba este lunes los nombres de los oficiales de mayor jerarquía en la fuerza aérea, para proponer a Lagos el sucesor de Ríos, esperándose que la designación del nuevo comandante se produzca este martes.
El balance de este episodio dejó como resultado un relativo fortalecimiento de Lagos, pero su consecuencia principal fue restar todavía más credibilidad a la mesa de diálogo, cuestionada ya por los escasos resultados en las búsquedas judiciales de restos de desaparecidos.
Una encuesta telefónica realizada el sábado por la Fundación Futuro, ligada a sectores liberales de la oposición derechista, estableció que 73 por ciento de los chilenos creen que las instituciones armadas no han entregado todos los antecedentes de que disponen sobre la suerte de los desaparecidos.
Según la misma encuesta, 53 por ciento respalda la acusación constitucional que diputados oficialistas planean presentar el jueves contra el ahora renunciado general Ríos. (FIN/IPS/ggr/dm/ip hd/02
