Los gobiernos de América Central y de México están resueltos a establecer en cuatro años una red vial de 9.000 kilómetros que empalmará con carreteras de Estados Unidos, mientras la sociedad civil y dos guerrillas prometen boicotearla.
La red estará formada por dos corredores viales sobre las costas de los océanos Pacífico y Atlántico para unir siete países de América Central y nueve estados del sur y sudeste de México, una región que alberga 64 millones de habitantes, casi 10 por ciento de la biodiversidad del planeta y las mayores proporciones de pobreza de América Latina.
Junto a la interconexión eléctrica de la región —en plena marcha— la red vial es uno de los pocos proyectos del Plan de desarrollo Puebla Panamá (PPP) con cronogramas claros y ofertas de crédito. En cambio, los de carácter social muestran avances marginales.
Hay consenso en el movimiento social para frenar el PPP y todos sus proyectos, pues fue impuesto por los gobiernos y hecho a la medida de las transnacionales, lo que se demuestra desde su misma etapa de arranque, dijo a Tierramérica Martín Velásquez, portavoz de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos, formada por al menos 30 agrupaciones.
Se frenará la construcción de carreteras, pues afectarán a las comunidades, advirtió.
Lo cierto es que ya existe la mayor parte de los 8.977 kilómetros de carreteras que unirán México, Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y Panamá, aunque 70 por ciento está en mal estado y debe rehabilitarse.
Resta construir sólo algunas vías destinadas a interconexiones y, según información oficial, casi ninguna de ellas pasará por zonas sociales conflictivas o ambientalmente frágiles.
El costo de las obras asciende a 3.548 millones de dólares, de los cuales 1.879 provendrán de préstamos. Lo demás será financiado por los gobiernos y el sector privado.
Las carreteras están destinadas a agilizar el comercio interno, atraer inversiones, mejorar la competitividad y el acceso a los mercados. Y, al conectarse a la red vial de Estados Unidos a través de México, alentarán el intercambio con ese país, indican los gobiernos.
El proyecto supone, además, la modernización de las aduanas y pasos fronterizos y la regularización de normas técnicas de transporte.
Los promotores aseguran que no hay agenda oculta, que hay voluntad de escuchar y trabajar con la población local, pues el PPP se propone rescatar de la pobreza a millones de mesoamericanos.
La región padece enormes rezagos sociales. De cada mil niños nacidos vivos, mueren entre 20 y 40 antes de cumplir los cinco años, y 25 por ciento de la población infantil está desnutrida.
Según José Antonio Ocampo, secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), las críticas no tienen asidero. El PPP es un proyecto de largo alcance que tomará en cuenta todos los ángulos y terminará convirtiéndose en la base del desarrollo de Mesoamérica, ha dicho.
Pero a medida que avanza el PPP, aumenta la oposición.
Múltiples grupos de indígenas, campesinos, sindicalistas, académicos y políticos del área mantienen reuniones periódicas bajo la consigna No al PPP.
Y están preparando su arsenal, que incluirá movilizaciones en varios países y denuncias contra los gobiernos ante la Organización Internacional del Trabajo, (OIT), pues el PPP se definió sin realizar un proceso previo de consulta a las poblaciones involucradas.
Representantes indígenas consideran que para los 14 millones de nativos que habitan Mesoamérica, la receta del PPP, que incluye instalación de maquilas y construcción de represas, derivará en el abandono de su cultura, integración a la dinámica de las transnacionales, salarios de miseria y explotación.
Para echar más leña al fuego, se suman a las críticas dos grupos armados: el indígena Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), del estado mexicano de Chiapas, y el izquierdista Ejército Popular Revolucionario (EPR), con presencia marginal en varios estados de este país.
Ni Plan Puebla Panamá ni megaproyecto transítsmico ni nada que signifique la venta o la destrucción de la casa de los indígenas, escribió el subcomandante Marcos, líder del EZLN, de Chiapas, donde en julio pasado miles de indígenas bloquearon las principales carreteras en rechazo, entre otras cosas, al PPP.
Las carreteras no dañarán a nadie y no tienen por qué causar conflicto, pues lo único que hacen es brindar mejores oportunidades a pequeños productores y garantizar la integración comercial, dijo a Tierramérica Alvaro Trejos, delegado del PPP por Costa Rica, secretario temporal del plan y encargado de coordinar el programa vial.
Presentado en 2000 por el entonces presidente electo de México Vicente Fox, el PPP incluye proyectos etiquetados bajo nombres como desarrollo humano y productivo, turismo sustentable, educación y salud, entre otros.
La red vial es alentada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento y otros organismos crediticios y agencias de la Organización de las Naciones Unidas.
Debido al gran desconocimiento sobre el PPP, el BID organiza foros con representantes de la sociedad civil. Sin embargo, hay grupos que no quieren dialogar, declaró a Tierramérica Diego Belmonte, experto del departamento de Infraestructura y Ambiente del banco.
El BID sólo dará préstamos bajo estrictos parámetros ambientales y sociales. Algunos se quejan incluso de que somos demasiado exigentes, apuntó.
En diálogos convocados a mediados de año por el BID para promocionar el PPP ante la sociedad civil en varios países de la zona, los funcionarios de ese banco escucharon duras críticas al plan.
El BID no tiene autoridad moral para hablar, pues está casado con el Plan Puebla Panamá, es su promotor y por eso no vamos a conversar con ellos, dijo Martín Velásquez de la Alianza Mexicana.
Los gobiernos insisten en que el PPP avanza con paso firme. Algunos observadores, sin embargo, no están tan seguros y se preguntan si la disputa en ciernes podría derivar en violencia.
Hay un conflicto latente, pues a la oferta de establecer un corredor de maquilas, (los grupos sociales) oponen un corredor de resistencia, dijo el antropólogo Gerco Castro, asesor del Instituto Nacional Indigenista de México.
* Publicado originalmente el 12 de octubre en la red latinoamericana de diarios de Tierramérica. (FIN/Tierramérica/dc/dcl/dv/ip/02
