Quince mexicanos, la mayoría indocumentados, quedaron enterrados bajo los escombros de las Torres Gemelas de Nueva York, y con ellos una propuesta para regularizar la situación en Estados Unidos de otros cuatro millones de personas procedentes de México.
Apenas cuatro días antes de los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra las dos torres y contra el Pentágono (Ministerio de Defensa), en Washington, el presidente mexicano Vicente Fox había terminado una visita a Estados Unidos en la cual logró apoyo gubernamental a su propuesta sobre inmigrantes indocumentados.
Un año después, el gobierno de México admite que aquel plan fracasó, e intenta ayudar de otro modo a los indocumentados.
El proyecto de regularización fue bloqueado por políticas estadounidenses de seguridad en los 3.200 kilómetros de frontera entre ambos países, adoptadas tras los atentados de septiembre.
Fox entiende y comparte las prioridades de Washington, pero también aspira a avanzar en la atención del problema migratorio, según portavoces.
La negociación con Estados Unidos sobre el asunto continúa según el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda.
Según datos oficiales, la mayoría de los 15 mexicanos muertos en las Torres Gemelas trabajaban como mensajeros, limpiadores o gastronómicos con bajos salarios, y no tenían documentos de residencia.
Se piensa que otros 11 mexicanos perecieron debido a los atentados del 11 de septiembre pero no figuran en la lista oficial de 2.819 víctimas, por falta de registros de su actividad en Estados Unidos, y se los cuenta como desaparecidos.
De todos modos, informes oficiales indican que desde 1995 han muerto en promedio 20 mexicanos por día, mientras intentaban ingresar en forma ilegal a Estados Unidos por las zonas menos vigiladas de la frontera, que son también las más peligrosas por su clima y geografía.
De enero a julio se informó sobre 169 muertes de mexicanos en esas zonas, y el gobierno destaca que esa cantidad es mucho menor que la registrada antes.
Las autoridades han implementado un programa para evitar muertes en la frontera, que incluye una campaña de disuasión, servicios de rescate para quienes intentan la peligrosa travesía, y créditos preferenciales para negocios en las zonas de las cuales provienen más emigrantes ilegales.
Por otra parte, el gobierno busca proteger a mexicanos indocumentados en Estados Unidos mediante intensas gestiones diplomáticas para que las autoridades del país vecino admitan como documento de identidad la matrícula otorgada por los consulados de México a ciudadanos del país.
Esa matrícula consular se entrega desde comienzos de este año, y ya es aceptada por 66 bancos y 801 agencias de policía de Estados Unidos, desde la nororiental ciudad de Chicago hasta la sudoccidental de San Francisco.
El Ministerio de Relaciones Exteriores destaca que la aceptación de la matrícula permite acceder a diversos servicios sociales y bancarios, obtener una licencia de conducir, aceptada en Estados Unidos como documento de identidad, y evitar abusos.
La matrícula ayuda, pero persisten en Estados Unidos los abusos laborales y racistas contra trabajadores indocumentados, que incluso han aumentado tras los atentados, según el Colegio de la Frontera Norte, institución académica mexicana que estudia la cuestión migratoria.
Castañeda alegó que los gobiernos de ambos países se han comprometido a establecer un marco ordenado y seguro para la migración, basado en el principio de responsabilidad compartida, aunque no hayan logrado el acuerdo que buscaban hace un año.
Los avances de los últimos meses no son acciones aisladas, sino elementos en la construcción de un puente que nos conducirá a la negociación final de un esquema justo, seguro y ordenado, aseguró.
Sin embargo, el especialista en asuntos migratorios Carlos Sarrín opinó que las negociaciones con Washington son demasiado lentas y enredadas, si se tiene en cuenta la importancia económica de la comunidad de origen mexicano en Estados Unidos, que tiene unos 20 millones de integrantes. (FIN/IPS/dc/mp/pr ip/02
