Llevar un tatuaje parece ser suficiente motivo para perder la vida en Honduras, donde la matanza de niños y jóvenes no tiene freno y cada fin de semana mueren una decena de ellos, según organizaciones humanitarias.
La situación puso en alerta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pidió al gobierno del derechista Ricardo Maduro hacer los máximos esfuerzos para investigar la ejecución sumaria de unos 1.300 niños, niñas y jóvenes en los últimos cinco años.
Sin embargo, organizaciones no gubernamentales elevan esa cantidad de muertes y aseguran que al menos 2.500 jóvenes han sido ejecutados a balazos de modo extrajudicial desde 1998, sin que las autoridades den cuenta de avances en las investigaciones para ubicar a los responsables.
Casi todos los fines de semana se encuentran unos 10 cadáveres en distintas partes del país, en especial en Tegucigalpa y en San Pedro Sula, la principal ciudad industrial, dijo a IPS la coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras, Bertha Oliva.
Aquí es delito ser joven y sólo basta con que un muchacho tenga un tatuaje en su cuerpo para convertirse en objetivo. A veces parece que les hacen el tatuaje después de muertos, comentó.
La violencia contra menores ha llegado a tal extremo que en los últimos tiempos los criminales pasan en vehículos cerca de los sitios de mucha afluencia de público y lanzan restos de las víctimas, como una mano, un pie e incluso un ojo, aseguró Oliva.
La activista explicó que entre la policía, responsable de realizar las investigaciones, existen funcionarios claramente identificados como ex integrantes del denominado Batallón 3-16, un escuadrón de la muerte que operó en los años 80, cuando el país concluía dos décadas de dictadura militar.
La relatora para la niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Susana Villarán, quien visitó Honduras a fines de agosto, dijo en conferencia de prensa que la situación de violencia en este país es gravísima.
Estos hechos tienen que merecer pronta y adecuada atención de las autoridades, pues el Estado está obligado a individualizar e investigar los crímenes, apuntó Villarán.
El gobierno de Maduro, que asumió en enero, ha prometido atender con diligencia la situación, pero las organizaciones de derechos humanos sostienen que se hace muy poco o nada al respecto.
Algunos funcionarios sostienen que las muertes se deben a rencillas entre pandillas juveniles, conocidas en este país como maras, en las que las autoridades suponen participan unos 32.000 niños y jóvenes.
Pero el problema tiene directa relación con el crudo fenómeno social del país, con 65 por ciento de los 6,3 millones de habitantes viviendo en la pobreza.
Las calles de las principales ciudades están plagadas de menores abandonados a su suerte, que vagan con frascos o bolsas llenas de pegamento, sustancia adictiva que inhalan para drogarse.
Este panorama de pobreza generalizada, que afecta en particular a la juventud en un país con 51 por ciento de su población con menos de 18 años, se ve agravado por el hecho de que es una de las naciones más violentos de América Latina.
La Organización Mundial de la Salud ha establecido que una sociedad con 10 o más homicidios por cada 100.000 habitantes es considerada en situación de riesgo.
Ese límite es ampliamente superado en algunas urbes de Honduras, como es el caso de Tegucigalpa, donde se reportan 51 homicidios por cada 100.000 habitantes, y el de San Pedro Sula, que asciende a 95 homicidios por cada 100.000 personas.
El coordinador de la organización no gubernamental Save- Children, Tomás Sandino, dijo a IPS que un estudio sobre la matanza de niños y jóvenes indicó que sólo 36 por ciento de las víctimas eran pandilleros o tenían antecedentes penales.
Sandino añadió que es difícil cuantificar los crímenes cometidos desde 1998, pues se manejan diferentes edades para incluir a las víctimas en la lista, pero se calcula que las personas menores de 30 años asesinadas en ese lapso superan las 2.000.
Aparte de la cantidad de muertos, impresiona la apatía con que el sistema de justicia penal opera en estos casos, expresó.
Sandino advirtió que el gobierno conformó una comisión investigadora en mayo, pero sus miembros sólo llegaron a dos sesiones y nunca más volvieron a reunirse.
Por su parte, Oliva precisó que ahora las organizaciones humanitarias exploran la posibilidad de conformar una comisión de la verdad, la justicia y la reparación, para esclarecer las violaciones de los derechos humanos desde la década del 80.
En ese intento participan las diferentes organizaciones no gubernamentales y las Fuerzas Armadas, con respaldo de la Organización de las Naciones Unidas.
Desde 1993 se denunció la desaparición forzada de 184 personas en el país, pero el número de casos a indagar dependería del periodo que se defina para la investigación, explicó Oliva.
Lo idóneo sería que se incluyan todos los hechos hasta hoy, añadió. (FIN/IPS/lv/dm/hd/02
