Intelectuales y organizaciones no gubernamentales (ONG) temen en Colombia una ola de represión, aunque Estados Unidos aprobó el desempeño del ejército en materia de derechos humanos, requisito para el desembolso de una ayuda de 41,6 millones de dólares.
El Departamento de Estado y el Congreso de Estados Unidos verificaron el compromiso de nuestra fuerza pública con el respeto a los derechos humanos, declaró la ministra de Defensa de Colombia, Marta Ramírez.
Los fondos cuya entrega fue autorizada por el Congreso forman parte de un paquete de asistencia a Colombia de 102 millones de dólares que pueden ser utilizados tanto para la lucha contra el narcotráfico como para enfrentar a los insurgentes.
Los legisladores estadounisenses ya habían aprobado en abril una primera partida, de 60 millones de dólares.
Un sector de la opinión pública colombiana creía que iba a ser muy difícil recibir esta certificación, pero la conseguimos, comentó el embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Moreno.
El presidente Alvaro Uribe ha encontrado mucha colaboración por parte del gobierno de los Estados Unidos y eso es lo importante, dijo Moreno.
Pero ONG defensoras de los derechos humanos, como la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), objetaron la ayuda. La CCJ aseguró que 85 por ciento de los casos de violencia en Colombia, donde cada día mueren o desaparecen 20 personas, como promedio, se atribuye a agentes estatales.
Tres por ciento de los casos son de responsabilidad directa de agentes públicos y 82 por ciento, de omisión o apoyo de esos mismos agentes a violaciones presuntamente cometidas por grupos paramilitares, puntualizó la Comisión.
Las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y Ejército de Liberación Nacional son responsables de 15 por ciento de los casos, según la misma fuente.
El CCJ destacó el lunes, en un foro realizado en la Universidad del Rosario, en Bogotá, que sólo se investiga un episodio entre los que han determinado el desplazamiento forzado de 2,7 millones de personas. A su juicio, esa es una clara señal de la impunidad prevaleciente.
Mientras, académicos, juristas, artistas, sindicalistas, estudiantes, religiosos, dirigentes indígenas y cerca de 80 organizaciones firmaron un manifiesto para exigir una salida política al conflicto armado.
En Colombia prospera la peligrosa idea de que las personas que crean en los ideales universales de igualdad, justicia y libertad deben ser descalificadas y perseguidas como comunistas, se lee en el manifiesto, titulado Alerta frente al estímulo de la barbarie.
La sociedad colombiana, la comunidad internacional y el gobierno deben estar en alerta frente a estas estigmatizaciones totalitarias , se agregó.
Por su parte, Uribe y la ministra Ramírez informaron que la red de informantes en la ciudad de Medellín, capital del noroccidental departamento de Antioquia, tiene ya 15.000 integrantes, y la de Valledur, en el septentrional departamento de Cesa, unos 1.700.
La meta señalada por Uribe en su campaña electoral es de un millón de civiles asignados a tareas de inteligencia en apoyo del ejército y de la policía. Se trata de uno de los aspectos más polémicos de la política de seguridad democrática impulsada por el presidente, que instaló su gobierno a principios de agosto.
A juicio de Gustavo Gallón, presidente de la CCJ, esas redes de cooperantes, como también las denomina el gobierno, fortalecen el paramilitarismo.
El nuevo gobierno parece haber interpretado su victoria del 53 por ciento (de los votos) en primera vuelta (electoral) para dar más bala, como dice el fiscal, comentó Gallón. El fiscal general, Luis Osorio, había afirmado que la guerra se gana a bala.
Los informativos de la televisión presentaron el lunes imágenes de personas encapuchadas que recibían dinero en efectivo como pago por datos que, según las autoridades, permitieron desarticular bandas de secuestradores, incautar arsenales de la guerrilla e impedir otros delitos.
El general Jorge Mora, jefe de las Fuerzas Armadas, se refirió al crecimiento de las redes de informantes como una arma de lucha contrainsurgente.
Todos los colombianos vamos a estar en esta guerra contra estos bandidos (guerrilleros), todos: civiles y militares, afirmó Mora.
Se calcula que comandantes del ejército y la policía entregaron el lunes cerca de 70 millones de pesos en recompensas, equivalentes a unos 28.000 dólares. (FIN/IPS/yf/ff/ip hd/02
