CHILE: Gobierno frustra evasión de impuestos de Exxon

El gobierno de Chile confirmó este viernes que la compañía estadounidense Exxon debe pagar impuestos por la venta a otra firma transnacional del yacimiento de cobre la Disputada, frustrando así el intento de hacer la transacción en un paraíso fiscal para evadir los tributos.

El ministro de la Secretaría General de Gobierno y portavoz del presidente Ricardo Lagos, Heraldo Muñoz, señaló en una rueda de prensa con corresponsales de la prensa internacional las precisiones que el propio mandatario hizo el jueves al respecto.

Exxon pretende vender a la empresa transnacional sudafricana Anglo American la mina Disputada de Las Condes, situada en los contrafuertes cordilleranos de Santiago, en un monto de 1.300 millones de dólares.

Ambas compañías tenían previsto hacer la operación en las Islas Caimán, caracterizadas como un paraíso tributario para eludir así el pago de impuestos al estado chileno, que respondió con acciones legales para impedir que la venta se materializara en el exterior.

El vicepresidente mundial de Exxon, Harry Longwell, viajó desde la meridional ciudad estadounidense de Texas a Santiago en su avión privado para reunirse este viernes con el ministro de Minería de Chile, Alfonso Dulanto, con el fin de buscar una salida al conflicto.

El gobierno chileno demanda a Exxon el pago de unos 300 millones de dólares por concepto de impuesto a la renta (utilidades), pero esa suma podría descender a un monto de entre 30 y 40 millones, si acepta que la compañía se acoja para estos efectos al llamado Decreto 600.

La Disputada, uno de los yacimientos cupríferos más importantes de este país, fue adquirido por Exxon hace 20 años a la estatal Empresa Nacional de Minería (Enami), al amparo del Decreto Ley 600, una norma promulgada por la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990) para atraer inversiones externas.

Enami mantuvo, sin embargo, una opción preferencial de recompra de 49 por ciento de las acciones del yacimiento, que esgrimió en este caso para bloquear inicialmente la operación entre Exxon y Anglo American.

Una vez desatado el conflicto, el gobierno de Lagos incluyó una indicación en un proyecto de ley que crea la Plataforma de Inversiones, que permite reclamar el pago del impuesto a la renta por utilidades no declaradas, como lo hizo Exxon en estos 20 años.

En ese caso, los impuestos adeudados por la firma transnacional ascienden a unos 300 millones de dólares. En cambio, si Exxon consigue que se le reconozca como base tributable el costo del capital invertido, según el Decreto 600, la deuda disminuye a unos 40 a 30 millones de dólares.

Lagos abrió la posibilidad el jueves de que se aplique esta segunda opción, pero subrayó que en ningún caso se permitirá que el yacimiento se venda en el exterior, sin pagar tributos al estado chileno.

”No puedo aceptar que me digan que una mina en Chile se va a vender por una transacción en una islita, donde no se pagan impuestos”, dijo el mandatario.

”Eso no lo acepta Estados Unidos tampoco, que es el lugar donde, entiendo, esta empresa (Exxon) tiene sus oficinas principales”, subrayó.

”Los impuestos están determinados por leyes, no se pueden negociar en una mesa. Esta transacción se va a hacer de acuerdo a la ley chilena. Se pagarán todos los impuestos que correspondan”, agregó Lagos.

”Si aquí se supusiera que el presidente de Chile u otra autoridad puede negociar impuestos, cuánto paga y cuánto no paga, no estaríamos en el nivel que estamos, entre Alemania y los Estados Unidos, en términos de transparencia internacional”, sentenció el gobernante.

Lagos aludió así al informe anual difundido esta semana por la organización Transparencia Internacional, que sitúa a Chile como el país menos corrupto de América Latina.

El ministro Dulanto señaló que el conflicto se ha complicado porque Exxon está haciendo campaña en círculos internacionales en favor de su negativa a que se le cobren impuestos, aduciendo que eso implica cambiar las reglas del juego para los inversionistas.

En círculos oficiales se refutó ese argumento, en tanto los cambios a la Ley de Plataforma de Inversiones no constituirían una medida retroactiva en este caso, ya que la transacción entre Exxon y Anglo American en rigor aún no se materializó.

La transnacional estadounidense está presionando, a su vez, con una posible demanda contra Enami, por el bloqueo de la operación, lo cual añade un ingrediente más en la negociación que Longwell inició este viernes con el ministro de Minería. (FIN/IPS/ggr/dm/if/02