La desocupación en Argentina trepó hasta el récord histórico de 21,5 por ciento y el subempleo afecta a otro 18,6 por ciento de la población económicamente activa, indicó este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec).
Los porcentajes divulgados significan que unos 3,1 millones de argentinos han perdido su trabajo y aún están en busca de un nuevo puesto, mientas que casi tres millones más se desempeñan en la economía informal o trabajan de manera temporaria, es decir menos de 35 horas semanales.
El informe del Indec también señaló que 750.000 argentinos perdieron su empleo en el último año, 5,1 por ciento más respecto de 2000. Sin embargo, otras estimaciones elevan esa cantidad de desocupados a 900.000 o un millón.
La encuesta, realizada en mayo en las 28 ciudades más importantes del país y que concentran 80 por ciento de los 37 millones de argentinos, reveló que la zona más afectada por la desocupación es la que rodea a Buenos Aires.
En la zona metropolitana de Buenos Aires, otrora de gran desarrollo industrial, el desempleo llegó a 24,2 por ciento de la población económicamente activa, 7,9 por ciento más que en la capital del país, mientras que en el resto del país afecta a 20,9 por ciento.
La severa crisis económica con los consecuentes problemas laborales ha llevado a que 37,7 por ciento de los hogares y 49,7 por ciento de los habitantes del área circundante a Buenos Aires vivan hoy en la pobreza. Un año atrás esa condición alcanzaba a sólo 23,5 por ciento de los hogares.
El estudio del Indec también informó que se encuentran en situación de indigencia 16 por ciento de los hogares del también llamado Gran Buenos Aires, que cobijan a 22,7 por ciento de su población, 12,4 por ciento más que en 2001.
El jefe de gabinete del gobierno argentino, Alfredo Atanasof, reconoció que los datos difundidos reflejan el peor momento de la crisis, aunque aseguró que existen indicadores que demuestran que el país inició una etapa de recuperación económica.
Las condiciones del desempleo se agudizaron a partir de 1998, cuando la economía argentina entró en recesión, con la caída de 20,1 por ciento del producto bruto interno (PBI), de 60 por ciento de la inversión y de 20,9 por ciento del consumo, explicó el economista Claudio Lozano, de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).
La crisis se manifiesta en el empobrecimiento de la población. Un estudio realizado por Lozano y la CTA, la segunda central sindical del país, indica que 18,2 millones de personas (51,4 por ciento de la población) viven por debajo de la línea de pobreza y que 7,7 millones (21,9 por ciento) son indigentes.
La pobreza afecta en especial a los niños, niñas y adolescentes, pues en esa situación se encuentran 8,3 millones de menores de 18 años, 66,6 por ciento de ellos de ellos.
La estadística del Indec no refleja, empero, la real dimensión del drama laboral del país, ya que deja fuera de la medición a los considerados inactivos, es decir los desocupados que ya no buscan trabajo por decepción ante la falta de oportunidades, por carecer de dinero para el transporte o, incluso, por vivir en la calle.
Tampoco son tenidas en cuenta en el estudio las 1,6 millones de personas desocupadas que accedieron al llamado Plan Jefas y Jefes de Hogar y que reciben 150 pesos mensuales (unos 40 dólares) a cambio de una prestación de servicios públicos de cuatro horas.
El Plan puesto en marcha en mayo por el gobierno de Eduardo Duhalde tiene financiación sólo hasta diciembre y beneficia a padres desocupados con hijos menores de 18 años, la mitad de los cuales viven en la central provincia de Buenos Aires, el distrito más rico del país y con jurisdicción en la zona metropolitana de la capital argentina.
Expertos calculan que en la actualidad no cuentan con ningún tipo de subsidio más de 3,5 millones de jefes de familia con menores a su cargo, a los que se suman los mayores de 60 años sin jubilación y los jóvenes mayores de 18 años desempleados.
La CTA señaló el lunes que el gobierno cometía fraude laboral al asignar a los beneficiarios del Plan a distintas dependencias públicas, para cumplir tareas que se superponen con las que realizan los funcionarios permanentes.
Este programa de subsidios también es cuestionado por no incluir la capacitación laboral con el que fue concebido, según las propuestas de sindicatos y de organizaciones de desempleados.
Políticos opositores, expertos y líderes sociales coinciden en que los gobiernos han fallado en la implementación de políticas de empleo desde 1995, cuando en plena etapa de privatizaciones y desregulación la desocupación llegó a 18,7 por ciento de la población económicamente activa.
El caso económico y la consecuente agudización de la pobreza, los incontables recortes de recursos presupuestarios para la asistencia social y el deterioro del área de salud y educación estatal catapultaron las protestas sociales y la respuesta represiva de las autoridades en los últimos años.
Unos 3.000 dirigentes y activistas sociales fueron detenidos o procesados por la justicia en los últimos seis años, que abarca el tramo final del gobierno de Carlos Menem (1989-1999), el siguiente de Fernando de la Rúa, quien renunció en diciembre, y el actual de Duhalde, designado por el Congreso hace siete meses.
El punto culminante de esa espiral de enfrentamientos fue la sangrienta represión del 26 de junio en la localidad de Avellaneda, al sur de la capital, contra la manifestación de organizaciones de desocupados, sindicatos y otras organizaciones sociales.
En esa ocasión fueron muertos por las fuerzas de seguridad Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, dos jóvenes piqueteros, llamados así por la modalidad de protesta de bloqueo de rutas utilizada por las organizaciones de desempleados.
Lozano apunto que, si la economía argentina mantiene el rumbo actual, a fines de este año habrá 23,1 millones de pobres, 11,4 millones de indigentes y 10,5 millones de menores de 18 años bajo la línea de pobreza.
El economista de la CTA añadió que estos son datos que hay que poner en el centro del análisis al evaluar los asesinatos y la represión del 26 de junio en Avellaneda.
La profundización de la desigualdad y la decisión de mantener políticas que la promuevan llevan a que se destruya el sistema democrático y se reclame un formato institucional que cercene las libertades y consolide un orden de creciente autoritarismo, advirtió. (FIN/IPS/va/dm/lb if/02
