La represión política aumentó en Cuba desde fines del año pasado, aseguró este miércoles un grupo de defensa de los derechos humanos que no tiene reconocimiento legal.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) señaló que la cantidad de personas detenidas por razones políticas se incrementó de 210 a fines de 2001 a 230 el 30 de junio.
También indicó que a los 230 presos actuales se deben sumar otros 30 casos, cuya situación se desconoce. Dudamos que hayan sido excarcelados, tomando en cuenta sus largas condenas, sostuvo el comunicado firmado por el presidente de la CCDHRN, Elizardo Sánchez.
El activista apuntó que el aumento de los encarcelados, confirmados por la organización, tiene que ver con un incremento relativo de la represión política, especialmente durante los meses de febrero y marzo.
El análisis de las estadísticas permite concluir que se detuvo la marcada tendencia a la disminución del total de prisioneros por motivaciones políticas que se manifestó en los últimos 10 años, se subraya en el texto del grupo humanitario.
Informes divulgados por la CCDHRN aseguraban que la cantidad de personas en prisión por esas causas había bajado de 339 a comienzos de 1999, a 314 a mediados de 2000 y a 249 en junio del año pasado. Pero en todos los periodos existe un número extra de casos no confirmados.
El único caso de amnistía de presos comunes y de conciencia se produjo en respuesta a una solicitud presentada a Castro por el papa Juan Pablo II cuando visitó Cuba, en enero de 1998.
La Comisión informó en julio de 2000 que el gobierno estaba sustituyendo su política de largas condenas de prisión para los disidentes por detenciones reiteradas durante varias horas, días o semanas o visitas y advertencias por parte de la policía secreta.
El comunicado de este miércoles del grupo, como sucedió en ocasiones anteriores, fue entregado a la prensa extranjera junto a una lista parcial de personas sancionadas por motivos políticos o político-sociales, elaborada a partir de datos aportados por familiares de los presos.
La lista de esta organización no gubernamental es la única fuente asequible en Cuba sobre presos políticos, con detalles como fecha de detención, cargos y condena. Las autoridades tienen como norma no publicar estadísticas sobre la población penal.
La CCDHRN, cuya solicitud de registro legal presentada en 1987 ante el Ministerio de Justicia aún no fue otorgada, es vista por las autoridades como una aliada de los intereses de Estados Unidos, como sucede con todos los grupos de oposición.
Este grupo recibió en 1990 el premio Libertad de Expresión de la Sociedad Interamericana de Prensa y en 1991 el Premio Internacional, que otorga la organización humanitaria Human Rights Watch, con sede en Nueva York.
Según el documento entregado este miércoles por el presidente de la CCDHRN, Elizardo Sánchez, entre los presos políticos hay una alta presencia de acusados de actos contra la seguridad del Estado.
Entre los delitos más imputados se encuentra la piratería, asociada al robo de embarcaciones para emigrar de manera ilegal (más de 40 casos). También se reportan más de 20 detenidos por sabotaje, 15 por terrorismo y ocho por espionaje.
Entre los 230 detenidos existen sólo 34 casos de personas vinculadas de una u otra manera a algún grupo de la oposición, entre ellos los periodistas independientes Bernardo Rogelio Arévalo, Carlos Alberto Domínguez y Lester Téllez Castro.
Arévalo y los disidentes Oscar Díaz Biscet, Francisco Pastor Chaviano, Eddy Alfredo Mena y Néstor Rodríguez Lovaina son considerados prisioneros de conciencia por la organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional, con sede en Londres.
En la lista aparecen, además, 14 ex miembros de las Fuerzas Armadas y de los organismos de seguridad del Estado. Uno de esos presos y que cumple la sentencia más grave es Jorge Pelegrín, un ex teniente de las tropas guardafronteras.
Pelegrín fue detenido en agosto de 1993 y condenado a 36 años de cárcel por los delitos de deserción, piratería, salida ilegal del territorio nacional, insubordinación y evasión.
La lista de presos divulgada por Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional esta vez no incluye al general de brigada del Ministerio del Interior, Patricio de la Guardia, sentenciado en 1989 a 30 años de prisión por actos hostiles contra un país extranjero y tráfico de drogas.
De la Guardia, quien fue puesto en libertad en 1997 y luego llevado de regreso a la cárcel para formalizar los trámites de su liberación, estuvo involucrado en el caso de corrupción y narcotráfico que provocó el mayor escándalo político del gobierno de Castro.
Esa investigación culminó con la condena a la pena de muerte de cuatro militares de alto rango, entre ellos el ex general de división Arnaldo Ochoa, y con el envío a prisión de otros 10 oficiales.
La CCDHRN también reportó la situación de los presos comunes, señalando una disminución de casos. Sin embargo, el grupo advirtió que aún existen unos 20.000 reclusos, una de las cifras más altas del mundo en relación a los la población cubana de 11,2 millones de personas, indicó.
Sánchez recordó que Cuba sigue siendo uno de los pocos países del planeta que no permite el acceso de la Cruz Roja Internacional y otras organizaciones humanitarias internacionales al sistema carcelario de la isla.
Además, el gobierno no cumple con las normas mínimas establecidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el trato a presos y detenidos, puntualizó.
La Comisión de Derechos Humanos de la ONU aprobó en marzo por 23 votos a favor, 21 en contra y nueve abstenciones una resolución de condena a la situación humanitaria en Cuba, presentada por Perú y Uruguay.
La iniciativa, rechazada por el gobierno de Castro, invita a Cuba a garantizar los derechos civiles y políticos y pidió a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que disponga el envío de un representante personal a la isla caribeña. (FIN/IPS/da/dm/hd ip/02
