El censo de 2000 registró que 81,2 por ciento de la población de Brasil vive en áreas urbanas, pero un sector del gobierno señala que ese dato es una distorsión estadística que puede afectar políticas de desarrollo del país.
El secretario del Consejo Nacional del Desarrollo Rural Sostenible (CNDRS), José Eli da Veiga, precisó que al menos 30 por ciento de los 170 millones de brasileños residen en municipios de economía netamente rural, basada en la utilización de recursos naturales.
El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) considera urbanos a los habitantes de las sedes municipales y áreas consideradas como tal por las leyes locales. Ese criterio deriva de un decreto presidencial de 1938, sobrepasado por la realidad y equivocado en términos de política territorial, apuntó Veiga.
En el marco de ese concepto, el censo indicó que la población urbana creció de 44,67 por ciento en 1960 a 81,2 por ciento en 2000. Por esa proyección, la población rural estaría extinta en 2030, ironizó el secretario del CNDRS, también profesor de la Universidad de Sao Paulo, especializado en economía agrícola.
Es un dato sorprendente, ya que supera el de países más industrializados y sin las inmensas áreas escasamente pobladas de Brasil, como la Amazonia.
Francia, por ejemplo, tiene 75 por ciento de su población residiendo en áreas urbana y el conjunto de países de la Unión Europea un promedio de 76,7 por ciento, según datos de 1978.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) considera urbanos los municipios con densidad demográfica superior a 150 habitantes por kilómetro cuadrado.
En atención a ese criterio, sólo 411 municipios brasileños serían efectivamente urbanos y la población rural, limitada a 18,8 por ciento en el censo oficial, se elevaría a 43 por ciento del total, pasando de 32 a 73 millones de personas.
Por lo menos 80 por ciento de los 5.561 municipios existentes en Brasil deberían ser considerados rurales, ya que casi todos no alcanzan siquiera a la densidad de 40 habitantes por kilómetro cuadrado, afirmó Veiga.
La reducción artificial del mundo rural disminuye de su peso en la sociedad y hace inútiles las políticas en favor de poblaciones en aparente extinción, lamentó.
El secretario del CNDRS, organismo del Ministerio del Desarrollo Agrario, tiene por misión justamente este año diseñar una estrategia de desarrollo rural.
Para eso Veiga impulsa la discusión pública de un proyecto en el que defiende la agricultura familiar y, en especial, la diversificación de las economías locales, basado en la tendencia mundial de actividades cada día más variadas en el medio rural, reduciendo la importancia relativa de los ingresos agrícolas.
Las críticas de Veiga a los criterios de distribución poblacional son sólo una confusión de nombres, contrarrestó María Helena Palmer Lima, jefe del Departamento de Geografía del IBGE.
Palmer Lima dijo a IPS que los censos nacionales, que se hacen a cada 10 años, consideran desde 1940 como urbanos a los residentes en las ciudades, que son las sedes municipales, y en las villas, que son otros poblados existentes.
En general, los límites urbanos son definidos por la legislación de los propios municipios, que divide su población entre rural y urbana.
En cambio, Veiga propone el concepto de municipios rurales, por la baja densidad demográfica, sin población urbana. Hay otras propuestas de clasificación, según la población económicamente activa, por ejemplo, explicó Palmer Lima.
El tema se hizo polémico y por eso será discutido en un seminario que el IBGE pretende promover a fines de junio, anunció la funcionaria.
La cuestión interesa también a las autoridades impositivas y a los gobiernos municipales, y por eso habrá que evaluar la necesidad de cambios y para qué, observó.
Una distorsión provocada por la autonomía de los municipios en fijar sus límites urbanos es de origen tributario.
Las alcaldías extienden el área urbana porque en ella los dueños de inmuebles pagan un impuesto municipal, mientras los tributos sobre propiedades rurales son recaudados por el gobierno nacional, señalan los críticos.
Pero en muchos casos el censo corrige ese artificio, indicando la población de áreas urbanas con características rurales y viceversa, comentó Palmer Lima en respuesta a las críticas de Veiga.
Explicó que también ocurre una distorsión al revés, y refiere a las áreas evidentemente urbanas que son clasificadas como rurales. Las razones en estos casos son generalmente políticas, con el objetivo de beneficiar a los habitantes locales con impuestos más bajos.
La geógrafa Palmer Lima opinó que las estadísticas oficiales, aunque presentadas en la forma ahora cuestionada por algunos, son suficientemente detalladas para permitir su reorganización de manera de orientar estudios con objetivos variados.
Es el caso del plan propuesto por Veiga, que a través de los mismos datos del IBGE, revisó la distribución de la población brasileña para fines de desarrollo rural.
Pero Palmer Lima admitió que el elevado índice de urbanización puede generar una imagen equivocada, reduciendo la importancia real de la agricultura y de la economía rural en el país. (FIN/IPS/mo/dm/pr dv/02
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