El juez español Baltasar Garzón afronta el hermetismo de las autoridades de varios paraísos fiscales, que entorpece sus investigaciones sobre lavado de dinero, evasión de impuestos, malversación de fondos y hasta el pago de chantajes a la organización ilegal ETA.
Garzón nunca recibió respuestas concretas a sus demandas formales de información enviadas a Gibraltar, Islas Caimán, Mónaco, Puerto Rico, Liechtenstein, la isla británica de Jersey y el nororiental estado de Delaware, en Estados Unidos, informó a IPS una fuente judicial.
La norma común a todos esos paraísos (fiscales) es contestar con evasivas, dar largas al asunto u omitir los datos claves, añadió la fuente.
Los paraísos fiscales son territorios que acogen a empresas nacionales o extranjeras, en especial bancos y fondos de inversión, que aseguran a sus clientes el mayor secreto y los benefician con la exoneración de impuestos.
El juez Garzón investiga la apertura y el movimiento de cuentas secretas en Delaware, Islas Caimán, Jersey y Puerto Rico por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), una de las dos grandes entidades bancarias españolas y con fuertes inversiones en América Latina.
Esos depósitos obtuvieron utilidades por unos 200 millones de dólares, que fueron legalizados y transferidos a la central del BBVA en España en febrero de 2001 por exigencia del entonces copresidente del banco Francisco González, quien es hoy su único presidente.
Esa investigación ya ocasionó la renuncia de la mayoría de los consejeros (directivos) de ese banco, procedentes del antiguo Banco Bilbao, entre ellos su ex copresidente Emilio Ybarra.
El escándalo alcanzó incluso al secretario de Estado de Hacienda, Esteban Rodríguez Ponga, del gobernante Partido Popular y cuya renuncia o destitución es exigida por la oposición de izquierda, que señala el pasado de ese ministro como asesor fiscal de BBVA.
Garzón tampoco recibió información desde las caribeñas Islas Caimán, a cuyas autoridades pidió datos sobre lavado de dinero del narcotráfico, y desde los principados europeos de Mónaco y Liechtenstein, por cuentas presuntas secretas de la televisora Telecinco cuando era controlada por el hoy primer ministro italiano, Silvio Berlusconi.
Esos dos procesos siguen abiertos.
Además, Garzón debió lidiar con igual problema en la isla británica de Jersey, ubicada en el canal de la Mancha, en su investigación del tránsito de supuestas comisiones ilegales pagadas por los organizadores de la Exposición Universal de Sevilla.
La muestra de Sevilla fue realizada en 1992, cuando en España gobernaba Felipe González, del Partido Socialista Obrero Español.
Ahora, con el nuevo caso, el fiscal de Jersey, William Bailhache, respondió al pedido de Garzón que los clientes del BBV Privanza Bank, filial del BBVA con sede en esa isla, tienen un derecho legítimo a la privacidad de sus asuntos.
El juez español respondió ese mismo día indicando que ese derecho es esencial, pero no puede tener un carácter absoluto e incondicional.
Bailhache argumentó, además, que dar información sobre movimientos de dinero en Jersey violaría las convenciones internacionales sobre los derechos humanos.
Ante ello, Garzón replicó que el banco investigado distribuyó folletos entre sus potenciales clientes invitándolos a utilizar sus servicios para evadir impuestos.
El juez español enviará esta semana un pedido de información más detallado a Jersey.
Fuentes judiciales dijeron a IPS que, en caso de no obtener respuestas adecuadas, la Fiscalía Anticorrupción de España denunciará a Jersey ante el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales (GAFI).
El GAFI es un organismo especializado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que reúne entre sus 30 miembros a todos los países industrializados.
Un paraíso fiscal que afecta mucho en España es Gibraltar, enclave británico en territorio español cuya soberanía es reclamada por Madrid.
Las empresas de Gibraltar están exentas de impuestos y las autoridades admiten el anonimato de sus titulares. Eso parece explicar que existan más de seis compañías por habitante, la mayoría, según expertos, registradas sólo para abrir cuentas bancarias.
En tanto, Luxemburgo, en el corazón de la Unión Europea, tiene unos 200 bancos y más de 1.800 fondos de inversión, con poco menos de 400.000 habitantes.
En Holanda, para crear una compañía tenedora de acciones basta con registrarla y anotar una dirección en ese país, sin pagar ningún impuesto por las ganancias que les reporten sus filiales en el exterior.
La revista estadounidense Fortune informó que 40 por ciento de las 500 mayores empresas de Estados Unidos tienen su sede europea en Holanda, al igual que 245 firmas transnacionales japonesas y 2.485 europeas. En territorio holandés existe casi una empresa registrada por cada habitante.
Garzón viajó en marzo a otro paraíso fiscal, Puerto Rico, estado asociado a Estados Unidos, con el objetivo de interrogar testigos. Tampoco tuvo suerte, a pesar de que un ex empleado del BBVA brindó testimonio contra sus directivos. El juez insistirá en los próximos días, según fuentes judiciales.
Mientras, la ruptura de 25 años de silencio de Juan Antonio de Ybarra e Ybarra, hijo de Javier de Ybarra y primo de Emilio, ex copresidente del banco investigado, puso a Garzón tras otra pista.
Juan Antonio de Ybarra e Ybarra se refirió a las sospechas de muchas personas sobre la forma en que algunos banqueros, en alusión a su primo, que se mueven por la ciudad vasca de Bilbao sin protección.
En Bilbao, como en el resto del País Vasco, políticos, empresarios y periodistas están permanentemente acompañados de escoltas armados, debido al grupo armado ETA, que ya ha asesinado a varios y amenazado a otros.
Cuando la dirección del BBVA se reunía en esa ciudad, Emilio Ybarra no llevaba escolta, mientras que Francisco González la tenía.
Eso motivó las sospechas a las que alude Juan Antonio de Ybarra e Ybarra, de que su primo haya entregado dinero a ETA, posiblemente procedente de las cuentas abiertas en los paraísos fiscales.
Garzón abrió otra investigación sobre la financiación ilegal de ese grupo que, entre otros métodos, utiliza el chantaje a empresarios. Fruto de esa investigación, el lunes ordenó la detención de 12 personas y en su juzgado estudian si existe vinculación con el caso BBVA. (FIN/IPS/td/dm/ip/02
