La organización humanitaria Amnistía Internacional solicitó a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que reitere su llamado por la suspensión inmediata de la pena de muerte, que en 2001 se cobró la vida de 3.048 personas.
El pedido de Amnistía puso énfasis en la prohibición de ejecutar a niños y a las personas condenadas por delitos cometidos cuando tenían menos de 18 años.
La Comisión de Derechos Humanos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) discutirá la cuestión de la pena capital y un proyecto de resolución favorable a su abolición en el mundo, en el periodo anual de sesiones iniciado el 18 de marzo y que finalizará el 26 de este mes.
El debate en el máximo organismo especializado en derechos humanos de la ONU, con sede en Ginebra, adquiere este año mayor importancia debido a la gravedad de la situación, observó Judit Arenas, representante de Amnistía.
El año pasado se duplicaron las ejecuciones en el mundo, respecto de 2000, cuando sumaron 1.457 casos, informó.
En 2001, se registraron 3.048 ejecuciones en 31 países, mientras que las sentencias a la pena capital dictadas alcanzaron a 5.265 condenados, distribuidas en 68 países.
Esas cifras sólo reflejan los casos conocidos por Amnistía, pero se calcula que los datos reales son superiores, apuntó Arenas.
La divulgación de una cifra total exacta es imposible, porque muchos países ocultan de manera deliberada los datos verdaderos de las ejecuciones secretas, contradiciendo así el supuesto carácter disuasivo que se atribuye a la pena de muerte, explicó.
La Comisión de Derechos Humanos de la ONU, desde las sesiones de 1997, aprueba cada año una resolución sobre la pena de muerte en la que llama a los países que la aplican a suspender las ejecuciones, con vistas a una futura abolición de ese castigo capital.
Al principio, la iniciativa fue promovida por la delegación de Italia, pero luego se encargó de auspiciarla toda la Unión Europea, con apoyo de países de América Latina.
La campaña contra la pena de muerte recibe respaldo de organizaciones no gubernamentales de países occidentales y de grupos religiosos, en particular de confesión católica.
En el periodo de sesiones del año pasado la votación entre los 53 miembros de la Comisión arrojó un resultado favorable a la resolución con 27 votos afirmativos, 18 en contra, siete abstenciones y una ausencia.
Sin embargo, inmediatamente después de aprobado ese texto, unos 60 países, entre ellos Estados Unidos y naciones de Africa, Medio Oriente y Asia, difundieron una declaración en la que sostenían que la Carta de la ONU no autoriza a la Comisión a intervenir en asuntos de jurisdicción interna de cada estado miembro.
Son 84 los países que todavía mantienen en vigencia y emplean la pena de muerte, pero el número de los que actualmente ejecutan condenados es mucho menor.
El incremento dramático de las ejecuciones registradas el año pasado se debió a la intensificación de esa práctica en China, donde el gobierno se empeñó en una acción enérgica contra la delincuencia, indicó Amnistía.
Sólo entre abril y julio de 2001 fueron ejecutadas 1.781 personas en China, una cifra superior al total registrado en todo el mundo durante cada uno de los tres años anteriores.
Amnistía estimó que muchos de esos condenados a muerte en China podrían haber sido torturados para extraerles confesiones. Con frecuencia, los condenados al patíbulo, encadenados, son humillados al ser exhibidos en público.
Los otros casos de ejecuciones numerosas corresponden a Irán, donde suman 139, aunque se cree que el verdadero número es mayor, puntualizó Arenas.
También es muy importante la aplicación de la pena de muerte en Arabia Saudita, con 79 ejecuciones, y en Estados Unidos, con 66 muertes. En esos cuatro países se registraron 90 por ciento de las ejecuciones conocidas de 2001.
Michel Taube, de la Coalición Contra la Pena de Muerte, observó que 2001 ha sido el año en que se han concretado más condenas de personas culpables de haber cometido delitos no violentos, como la corrupción o el robo. La ONU ha invitado a excluir esa pena para delitos de tal naturaleza, dijo.
Todos los años son condenadas a muerte numerosas personas debido a su identidad o a sus prácticas sexuales, protestó Taube. No son actos violentos y no están penados en la mayoría de los países, dijo.
Taube agregó que en numerosos países que se guían por la tradición jurídica musulmana, algunas prácticas son pasibles de la pena de muerte y discriminan en particular a las mujeres.
El dirigente de la organización no gubernamental con sede en París propuso que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU designe a un relator especial sobre la pena de muerte, con el objetivo de que ese asunto adquiera mayor visibilidad en todo el mundo, dijo.
Respecto de las ejecuciones de niños que han delinquido, Amnistía mencionó tres casos ocurridos en 2001: en Irán, en Pakistán y en Estados Unidos.
En Irán, Mehrdad Yousefi, de 18 años, fue ahorcado en mayo. Había sido declarado culpable de un asesinato cometido cuando sólo tenía 16 años.
En Pakistán fue ejecutado en noviembre Ali Sher, que tenía apenas 13 años cuando se cometió el delito.
En Estados Unidos, Gerald Mitchell fue ejecutado en octubre por un asesinato cometido en 1986, cuando tenía 17 años. (FIN/IPS/pc/dm/hd/02
