El gobierno de Cuba está decidido a rechazar toda crítica o sugerencia en materia de derechos humanos, aunque ello implique año tras año el deterioro de sus relaciones con varios países de América Latina.
Tal declaración de principios fue realizada por el canciller Felipe Pérez Roque el viernes último, y es de esperarse que defina la posición oficial cubana en la sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, que comenzó el 18 de marzo y concluirá el 26 de este mes.
Rechazamos hasta una hoja en blanco con el nombre de Cuba arriba, afirmó Pérez Roque, quien se anticipó así a una propuesta de cuatro puntos que circuló el lunes en Ginebra y que sería impulsada por Perú.
La iniciativa reconoce los avances alcanzados por Cuba en materia de derechos sociales, reclama logros similares en el campo de los derechos civiles y políticos y propone la incorporación de este país a acuerdos internacionales sobre derechos humanos.
Sin incluir una condena explícita, el texto solicita la cooperación con Cuba de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Mary Robinson, lo cual implicaría el envío de un relator especial.
Cuba ha mantenido sus puertas cerradas a un representante especializado en derechos humanos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) desde hace una década y, según observadores, hay muy pocas probabilidades de que cambie de idea.
Informes periodísticos procedentes de Ginebra afirmaron que el texto supuestamente peruano contaría con el apoyo inicial de Uruguay, Guatemala, Argentina, Honduras, Costa Rica y El Salvador. La votación deberá realizarse el próximo día 16, según estas versiones.
Mientras, el diario La República, de Montevideo, afirmó este martes que Uruguay tuvo destacada participación en la elaboración de la propuesta, que habría sido analizada por altos funcionarios peruanos con Otto Reich, máximo funcionario del gobierno de Estados Unidos a cargo de las relaciones con América Latina.
Reich, nacido en La Habana en 1945 y radicado en Estados Unidos desde 1960, un año después del triunfo de la revolución cubana, está muy vinculado con los opositores al gobierno de Fidel Castro exiliados en Miami.
Esta sería la primera vez en los últimos 10 años que no se presenta una moción de condena a Cuba en la Comisión de Derechos Humanos, pero también la primera vez que una propuesta al respecto es presentada por países latinoamericanos.
Cuba se opone y se opondrá a este engendro yanqui (estadounidense), a cualquier resolución, diga lo que diga, independientemente de quien la presente, a cualquier declaración o llamamiento que consideramos injusto y estéril, dijo el lunes ante la Comisión de la ONU el representante de La Habana, Iván Mora.
Para Cuba, toda maniobra relacionada con su política de derechos humanos en Ginebra tiene detrás la mano de Estados Unidos, país que habría dedicado grandes esfuerzos en los últimos meses en busca de un patrocinador latinoamericano para una resolución contra el gobierno de Castro.
En ese contexto, cualquier gobierno latinoamericano que asuma una posición crítica hacia Cuba es acusado de plegarse a los designios yanquis y de mantener una actitud servil ante el imperio del Norte.
Los ataques apuntaron este año contra Argentina, Costa Rica y Uruguay, los únicos países de la región que adelantaron públicamente su decisión de apoyar una resolución de condena a Cuba.
Ellos están dispuestos a agacharse cuando todavía nadie se los ha pedido. Lo que yo llamaría una posición coherentemente genuflexa a los intereses del gobierno de los Estados Unidos, afirmó Pérez Roque el viernes en la televisión cubana.
Mientras Argentina se limitó a declarar que su respuesta a la ofensa del canciller será su voto en Ginebra, Uruguay llamó en consulta a su embajador en Cuba, Enrique Estrázulas, y espera una aclaración de La Habana.
El presidente uruguayo Jorge Batlle habría afirmado el lunes, según La República, que tiene tomada la decisión de retirar el embajador de Cuba, y que cambiaría su determinación sólo si el gobierno de Castro hace una rectificación oficial de las palabras de su canciller.
El canciller uruguayo Didier Opertti dijo el sábado en rueda de prensa que su gobierno no excluye la posibilidad de una ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba, pero añadió que ése sería el último escalón.
El primero es el que estamos recorriendo (entonces, la llamada al embajador en consulta). El segundo será el retiro del embajador. El tercero es la suspensión de relaciones y el cuarto la ruptura, dijo Opertti.
Pérez Roque afirmó que Uruguay daría su voto de condena a Cuba en Ginebra a cambio de una cuota del mercado estadounidense para su carne, prometida por el gobierno de George W. Bush.
Uruguay cuida muy bien su mercado de lana y de carne de oveja cuando se trata de votar en Ginebra, dijo el canciller cubano, para quien la prioridad de Batlle es la anexión de Uruguay a Estados Unidos mediante un tratado de libre comercio.
Pérez Roque negó autoridad a Uruguay en materia de derechos humanos, y citó al respecto la ley de amnistía a las violaciones de derechos humanos cometidas por militares y policías en la última dictadura que sufrió ese país (1973-1985), aprobada en 1986 y refrendada en votación popular en 1989.
La crisis diplomática coincidió con el arribo a Uruguay de una donación de 1,2 millones de dosis de vacunas contra la meningitis B producidas en Cuba para combatir un brote de la enfermedad.
La Habana no aceptó una propuesta de Batlle de descontar el costo de las vacunas de la deuda cubana con Uruguay, rechazando la opción de negociar con la salud.
Además de Argentina, Costa Rica, Cuba y Uruguay, la representación latinoamericana ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU incluye este año a Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Perú y Venezuela.
Hasta el momento se conoce el apoyo incondicional de Venezuela a Cuba, país que espera, además, como un gesto de valentía la abstención de México y de Brasil.
Mientras, Chile negó el lunes estar promoviendo a través del Grupo de Río, foro intergubernamental de América Latina y el Caribe, una fórmula para que la ONU cree una comisión especial de supervisión de los derechos humanos en Cuba.
Pérez Roque había asegurado el viernes que Washington quiere usar el foro latinoamericano y caribeño para armar la nueva conspiración contra Cuba.
En tanto, el diario chileno El Mercurio publicó el domingo que el presidente Ricardo Lagos estaba encabezando las gestiones para elaborar una nueva fórmula sobre el caso cubano, cuyo texto se daría a conocer en la cumbre que el Grupo de Río sostendrá este jueves y viernes en San José.
El Grupo de Río está compuesto por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
La polémica sobre la autoridad moral de otros países latinoamericanos a enjuiciar la situación de los derechos humanos en Cuba se convirtió en los primeros meses del pasado año en el eje de la política exterior cubana.
En esa ocasión, los ataques de Cuba antes y después de la votación en Ginebra provocaron la salida de La Habana del embajador de Argentina, la del cónsul de Costa Rica, una protesta de Guatemala y un altercado verbal entre el canciller Pérez Roque y el de México, Jorge Castañeda.
Cuba, que ha sido condenada desde 1990 en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, excepto en 1998, intenta evitar a toda costa un nuevo pronunciamiento. El año pasado, la moción de censura presentada por República Checa fue aprobada por 22 votos a favor, 20 en contra, 10 abstenciones y una ausencia.
Cuatro de los países latinoamericanos (Argentina, Costa Rica, Guatemala y Uruguay) votaron a favor de la propuesta. Brasil, Colombia (cuyo lugar es ocupado este año por Chile), Ecuador, México y Perú se abstuvieron, en tanto Venezuela y Cuba se pronunciaron en contra.
Por primera vez desde la creación de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU hace 56 años, Estados Unidos no integra la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Por otra parte, el primer ministro checo Milos Zeman anunció el jueves pasado que en esta ocasión su país no presentará una moción de condena a Cuba.
La Habana es criticada por no convocar a elecciones presidenciales, prohibir la oposición política, restringir la libertad de expresión, mantener un férreo control estatal sobre los medios de comunicación y tener presos de conciencia.
El gobierno de Castro, por su parte, asegura que en Cuba se respetan los derechos sociales como en ningún otro país de América Latina y el Caribe.
Para las autoridades, lo que realmente se dirime en Ginebra es el derecho de este la isla a tener un sistema propio, de corte socialista. (FIN/IPS/da/mj/hd/02
